RESUMEN DE DERECHO PENAL I

	DEL DERECHO PENAL Y LA LEY PENAL

	DEL DERECHO PENAL:

1.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN EL DERECHO PENAL:

a) Principio de Legalidad;
b) Principio de Inocencia;

2.- DEFINICION DEL DERECHO PENAL:
a.)	Desde el Punto de Vista Subjetivo (Ius Puniendi):
Es la facultad de castigar que tiene el Estado como único ente 	soberano, determinando los delitos, señalar, imponer y 	ejecutar las penas correspondientes o las medidas de 	seguridad.
b.)	Desde el Punto de Vista Objetivo (Ius Poenale):
Es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la 	actividad punitiva del Estado; determinando en abstracto los 	delitos, las penas y medidas de seguridad.
El Principio de Legalidad (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine 	Lege), es el que limita la facultad de castigar del Estado.

Derecho Penal Sustantivo o Material: 
Es el conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad que han de aplicarse a quienes los cometen.
Derecho Penal: 
Es el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian al crimen como hecho, la pena como legítima consecuencia. Franz Von Liszt.
Derecho Penal:
Es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece. Eugenio Cuello Calón. 

3.- NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO PENAL: 
El Derecho Penal es una rama del Derecho Público interno, que tiende a proteger intereses individuales y colectivos; la tarea de penar o imponer una medida de seguridad es una función típicamente pública que solo corresponde al Estado como expresión de su poder interno producto de su soberanía, además de que la comisión de cualquier delito genera una relación directa entre el infractor y el Estado que es el único ente titular del poder punitivo, en tal sentido se considera que el Derecho Penal sigue siendo de naturaleza Pública.

4.- CONTENIDO DEL DERECHO PENAL:
La diferencia entre derecho penal y ciencia del derecho penal, radica en la definición misma:
Derecho Penal: Es el conjunto de normas jurídico-penales creadas por el Estado para determinar los delitos, las penas y las medidas de seguridad.
Ciencia del Derecho Penal: Es un conjunto sistemático de principios, doctrinas y escuelas, relativas al delito, al delincuente, a la pena y a las medidas de seguridad.
Para el estudio del contenido del Derecho Penal se divide en:
a.)	Parte General:
Esta parte se ocupa de las instituciones, conceptos, principios, categorías y doctrinas relativas al delito, al delincuente, las penas y medidas de seguridad.
b.)	Parte Especial:
Esta parte se ocupa propiamente de los ilícitos penales, de las penas y medidas de seguridad que han de aplicarse a quien las comete.

Desde el Punto de Vista Amplio el Derecho Penal se divide en:
a.)	Derecho Penal Material o Sustantivo:
Este se refiere a la sustancia misma que conforma el objeto de estudio de la ciencia del Derecho Penal -delito, delincuente, pena y medida de seguridad-.
b.)	Derecho Procesal o Adjetivo:
Es el conjunto de normas y doctrinas que regulan el proceso penal, para llegar a la emisión de una sentencia, la deducción de responsabilidades y la imposición de una pena, aplicando de esta manera el derecho penal sustantivo o material.
c.)	Derecho Penal Ejecutivo o Penitenciario:
Es el conjunto de normas y doctrinas tendientes a regular la ejecución de la pena en los centros penales o lugares destinados para el efecto.

5.- FINES DEL DERECHO PENAL:
El fin primordial del Derecho Penal es el de mantener el orden jurídico previamente establecido y su restauración a través de la imposición y ejecución de la pena.

6.- CARACTERISTICAS DEL DERECHO PENAL:
a.)	Es una Ciencia Social y Cultural o del Espíritu:
Esto es debido a que no estudia fenómenos naturales enlazados por la causalidad, sino regula conductas en atención a un fin considerado como valioso; es una Ciencia del Deber Ser y no del Ser.
b.) 	Es Normativo:
Es normativo porque está conformado por normas que son preceptos, que contienen mandatos o prohibiciones que regulan la conducta humana.
c.)	Es de Carácter Positivo:
Esto es porque debido a que solo lo promulgado por el Estado es jurídicamente vigente.
d.)	Pertenece al Derecho Público:
Porque siendo el Estado el único titular del Derecho Penal, solamente a él corresponde la facultad de establecer delitos y las penas o medidas de seguridad correspondientes.	  
e.)	Es Valorativo:
Porque el Derecho Penal está subordinado a un orden valorativo en cuanto que califica los actos humanos con arreglo a una valoración; valora la conducta humana.  
f.)	Es Finalista:
Porque siendo una ciencia teleológica, su fin primordial es resguardar el orden jurídicamente establecido, a través de la protección contra el crimen.
g.)	Es Fundamentalmente Sancionador:
El Derecho Penal, no puede dejar de ser sancionador porque jamás podrá prescindir de la aplicación de la pena, aún y cuando existan otras consecuencias del delito.
h.)	Debe Ser Preventivo y Rehabilitador:
Es decir, que además de sancionador, debe pretender la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente.

7.- IMPORTANCIA DEL DERECHO PENAL SUSTANTIVO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL GUATEMALTECO: (PENDIENTE DE DESARROLLAR)

8.- ANALISIS DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO PENAL:
a.)	Epoca de la Venganza Privada:
Esta se destaco como la época bárbara, pues el que se sentía ofendido en sus derechos se defendía individualmente, haciéndose justicia con su propia mano, para frenar ésta justicia, dentro de dicha época aparecieron dos limitantes, a la primera se le denominó "Ley del Talión", según la cual no podía devolverse al delincuente un mal mayor que el inferido a su víctima (ojo por ojo, diente por diente) reconociendo así que el ofendido sólo tenía derecho a una venganza de igual magnitud al mal sufrido, y a la segunda limitante se le denomina "La Composición" a través de la cual el ofensor o su familia entregaban al ofendido y los suyos cierta cantidad para que éstos no ejercitaran el derecho de venganza.
b.)	Epoca de la Venganza Divina:
En esta época se sustituye la voluntad individual del vengador por una voluntad divina a la que corresponde la defensa de los intereses colectivos lesionados por el delito. La justicia penal se ejercita en el nombre de Dios, los jueces juzgan en su nombre (generalmente eran sacerdotes, los que representando a la voluntad divina administraban justicia), y las penas se imponían para que el delincuente expíe su delito y la divinidad deponga su cólera.
c.)	Epoca de la Venganza Pública:
Esta es una de las épocas mas sangrientas, pues el poder público (representado por el Estado) ejerce la venganza en nombre de la colectividad o de los individuos cuyos bienes jurídicos han sido lesionados o puestos en peligro. Se caracterizó porque la aplicación de las penas eran totalmente desproporcionadas e inhumanas con relación al daño causado, la pena era sinónimo de tormento y se castigaba con severidad y crueldad.
d.)	Epoca o Período Humanitario:
Esta época o período se inicia con el "Iluminismo", siendo su impulsor el milanés César Bonnesana; "El Marqués de Beccaria" con su obra "De los Delitos y de las Penas", en la que se oponía al trato inhumano tanto en la aplicación de penas y las torturas para obtener confesiones; con esta obra se cierra el período antiguo, abriéndose la "Edad de Oro del Derecho Penal", considerándose luego al Derecho Penal como ciencia que se le atribuye a Beccaria.
e.)	Epoca Científica:
Esta época subsiste hasta la crisis del Derecho Penal Clásico, la que consideraba al Derecho Penal como una disciplina única, general e independiente, dedicada al estudio del delito, la pena desde un punto de vista estrictamente jurídico, debido a la labor de Francesco Carrara y otros. 
La Escuela Positiva se opone a la misma, considerando al Derecho Penal como una rama de la Sociología Criminal, siendo su método positivista o experimental, en oposición al lógico abstracto de la escuela clásica; poniendo de manifiesto factores antropológicos, físicos y sociales, considerándose una manifestación de la personalidad, y la pena un medio de corrección social o de defensa social; su precursor fue Enrico Ferri.
El Derecho Penal Autoritario trata de proteger al Estado, considerando los delitos políticos como infracciones de especial gravedad con castigos severos.
f.)	Epoca Moderna:
El Derecho Penal es una ciencia eminentemente jurídica, relacionada al delito, el delincuente, la pena y las medidas de seguridad; y las ciencias penales o criminológicas con el mismo objeto de estudio, lo hacen desde el punto de vista antropológico o sociológico.

9.- DIVERSAS DENOMINACIONES DEL DERECHO PENAL:
Dentro de las diversas denominaciones que se le sugiere al Derecho Penal ( Derecho de Castigar; Derecho Represivo; Derecho Sancionador; Derecho Determinador; Derecho Reformador; Derecho de Prevención; Derecho Protector de los Criminales; Derecho Protector de la Sociedad; Derecho de Lucha Contra el Delito; y, Derecho de Defensa Social ), los más destacados son DERECHO PENAL y DERECHO CRIMINAL. La primera hace alusión a la pena y a pesar de ser la más usada y por lo mismo la más conocida en nuestro medio de cultura jurídica, consideramos que cada día puede ir siendo la menos indicada, si tomamos en cuenta que la disciplina actualmente ya no tiene como único fin castigar, sino reeducar, regenerar o rehabilitar al delincuente para devolverlo a la sociedad como un ente útil a ella. La Segunda denominación hace alusión al crimen, terminología usada con mayor frecuencia en Europa, especialmente en Francia y en Italia, que sin bien nos puede parecer anticuada, no es errada por cuanto que crimen es sinónimo de delito y en tal sentido responde en mejor forma a la concepción de nuestra ciencia, si tomamos en cuenta que el delito es, sin duda, la razón de ser del Derecho Penal.

10.- CLASES DE DERECHO PENAL:
Se discute la independencia de algunos derechos penales que aún no lo han alcanzado, como los siguientes: 
a.)	Derecho Penal Administrativo:
Conjunto de normas o disposiciones administrativas que amenazan con sancionar a los particulares que no cumplan con sus obligaciones frente a la administración pública.
b.)	Derecho Penal Disciplinario:
Conjunto de disposiciones tendientes a sancionar a los empleados públicos en el desenvolvimiento de sus funciones.
c.)	Derecho Penal Fiscal:
Conjunto de disposiciones tendientes a sancionar el incumplimiento de obligaciones fiscales, hacendarios o tributarios.
No se les concede autonomía, debido a que el Derecho Penal sanciona todas las conductas que lesionan intereses jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico extra-penal.

11.- RELACION DEL DERECHO PENAL CON OTRAS DISCIPLINAS JURIDICAS
a.)	Con el Derecho Constitucional:
Se relaciona con esta disciplina jurídica porque su fundamento está precisamente en la Constitución Política de la República.
b.)	Con el Derecho Civil:
Su relación es porque ambos regulan relaciones de los hombres en la vida social y protegen sus intereses, estableciendo sanciones para asegurar su respeto.
c.)	Con el Derecho Internacional:
El vínculo se debe a su estrecha relación con problemas como: Leyes en el Espacio, La Extradición, La Reincidencia Internacional y el Reconocimientos de Sentencias dictadas en el extranjero.

d.)	Con la Legislación:
Se relaciona con esta disciplina, porque estudia, analiza y compara las distintas legislaciones de diversos países para la reforma de la legislación penal, adoptando aquellas leyes e instituciones que mayor éxito han alcanzado en la lucha contra la criminalidad. 

12.- ENCICLOPEDIA DE LAS CIENCIAS PENALES:

Se le llama enciclopedia, porque identifica a un conjunto de ciencias que se consagran al estudio del delito, del delincuente, de las formas y medidas de seguridad, desde distintos puntos de vistas en forma disciplinaria.
La clasificación que más aceptación ha tenido ha sido la del profesor español Luis Jiménez de Asua, siendo la siguiente: 

Filosofía del Derecho Penal:
Es la rama de la filosofía del derecho que estudia las cuestiones penales desde el punto de vista filosófico, indicando en qué medida la pena y el delito tienen carácter universal, buscando legítimarla sobre la base de la naturaleza y los fines del Estado. La dogmática jurídica penal, es la ciencia que se ocupa exclusivamente del estudio de las normas.

Historia del Derecho Penal:
Se ocupa del estudio de la evolución en el tiempo de las ideas e instituciones penales y sus resultados prácticos. La dogmática jurídica penal se ocupa del estudio de las normas penales desde el punto de vista estático; mientras la Historia del Derecho Penal, lo hace desde el punto de vista dinámico, y puede aportar al dogmático "el conocimiento de la precedente evolución de las instituciones particulares".

La Legislación Penal Comparada:
Es el método encaminado a mejorar la legislación, buscando la uniformidad de los ordenamientos jurídicos en la medida de lo posible entre los distintos países del mundo.

La Antropología Criminal:
Es la ciencia que estudia los caracteres fisiopsíquicos del hombre delincuente, y, sobre la base de estos, juntamente con la influencias del ambiente y de las circunstancias, apunta a explicar la génesis de los hechos criminosos particulares. A César Lombroso se le atribuye el nacimiento de la Antropología Criminal.

La Psicología Criminal:
La psicología criminal se ocupa del estudio del delito como un acto en el estado normal del hombre dentro de las regularidades de la vida psíquica, dejando el estudio de lo anormal y de los anormales para el campo de la psiquiatría.

La Sociología Criminal:
Fue creada por el sociólogo Enrico Ferri durante la época de la Escuela Positiva del Derecho Penal, a pesar de que Rousseau ya había hablado del factor social sobre el crimen, y se ocupa del estudio del delito, la pena y la criminalidad como un fenómeno puramente social.

La Penología:
La penología se ocupa del estudio de las penas y las medidas de seguridad, así como de las instituciones post carcelarias.

El Derecho Penitenciario:
Es una ciencia jurídica compuesta por un conjunto de normas que tienen a regular la aplicación de las penas y las medidas de seguridad y velar por la vida del reo dentro y muchas veces fuera de la prisión.

El Derecho Penal:
Es una ciencia eminentemente jurídica, que regula el deber ser de las personas en la sociedad.

La Política Criminal:
Alcanza su más alta expresión con el penalista alemán Franz Von Liszt. La política criminal es pues, la doctrina que estudia la actividad que debe ser desarrollada por el Estado a los fines de prevención y represión del delito.

La Criminalística:
Es una disciplina esencialmente práctica, cuya finalidad es obtener una mayor eficiencia en el descubrimiento del delincuente y en la investigación del delito. La criminalística es la ciencia que con su método de estudios nos garantiza la resolución de muchos casos en los que se aplique independientemente de la naturaleza del hecho, ya que estudiando la escena o lugar de los hechos, buscando y relacionando las evidencias encontradas en el lugar, en la víctima, en el victimario o sospechoso, podrá asegurarse la participación de éste, su culpabilidad o inocencia, la participación de uno o más sujetos en un hecho.

NOTA: Al Abordar la Crimonolgía como Ciencia, De Mata Vela y De León Velasco, apuntan que etimológicamente "Criminología" se deriva del Latín Criminis que significa crimen; y del griego "logos" que significa tratado, por lo que podríamos decir Tratado del Crimen. Criminología es el estudio de los criminales, tomando como tales a todos aquellos que comenten alguna conducta antisocial. Según el profesor Hispano Constantino Bernaldo de Quirós, establece una diferencia entre criminología y criminalogía, aclarando que criminología es singular y se refiere al estudio del delito en particular; y, criminalogía es plural y se refiere a todo el conjunto de disciplinas. 
También podemos indicar que las ciencias criminológicas son ciencias del mundo del ser mientras que las ciencias jurídico penales, son ciencias del mundo del deber ser; de tal manera que la criminología, se dedica tanto al estudio del criminal, como de su víctima así como del crimen y la criminalidad; mientras que el Derecho Penal, se dedica al estudio de las normas que nos dicen cómo debe ser el hombre, qué es lo que debe hacer y qué es lo que debe omitir; es decir, estamos frente a dos clases de ciencias las del mundo natural y las del mundo normativo, y ambas integran la denominada Enciclopedia de las Ciencias Penales.
     
13.- DISCIPLINAS AUXILIARES DEL DERECHO PENAL:

Son aquellas que cooperan a regular la aplicación y ejecución de los preceptos penales. Son todas aquellas disciplinas que de una u otra forma ayudan a resolver los problemas que el Derecho Penal plantea. Las ciencias auxiliares sin descartar las anteriores, que nos pueden ser útiles en cualquier momento son:

a.- La Estadística Criminal: Es un método para las investigaciones sociológico - criminales, y sirve para revelar la influencia de los factores externos, físicos y sociales, sobre el aumento o disminución de la delincuencia;

b.- La Medicina Legal o Forense: Es la disciplina que nos permite utilizar los conocimientos de la ciencia médica en la solución de problemas del Derecho Penal. De las que apoyan esta disciplina están:
La Tanatología Forense: que estudia las causas de la muerte. 	
La Traumatología Forense: estudia las clases de lesiones existentes;
La Toxicología Forense: estudia las lesiones o muertes por envenenamiento;
La Sexología Forense: Estudia los aspectos médicos relacionados con los delitos de tipo sexual, además del aborto y el infanticidio;

c.- La Psiquiatría Forense: Es la disciplina que tiene por objeto establecer el estado de salud mental del procesado o reo.

14.-	LAS ESCUELAS DEL DERECHO PENAL:
Es el conjunto de doctrinas y principios que a través de un método tiene por objeto investigar la filosofía del Derecho de Penar, la legitimidad del Ius Puniendi, la naturaleza del delito y los fines de la pena.

a.-	ESCUELA CLASICA DEL DERECHO PENAL: 
Esta corriente de pensamiento auténticamente jurídico-penal, se inicia a principios del siglo XIX en la "Escuela de Juristas". Su máximo exponente es Francesco Carrara.
Sus postulados mas importantes son:
a.1.-Respecto del Derecho Penal: Se consideró como una ciencia 	jurídica que debía estar incluida dentro de los límites que 	marca la ley, sin dejar nada al arbitrio del Juez, cuyo 	fundamento debía ser la justicia limitada.
a.2.-Respecto al Método: El método mas apropiado para el estudio 	de su construcción jurídica era el "Racionalista o 	Especulativo".
a.3.-Respecto del Delito: Sostuvieron que no era un ente de hecho, 	sino un "Ente Jurídico", una infracción a la ley del estado, 	y no un hecho.
a.4.-Respecto de la Pena: La consideraron como un mal, a través 	del cual, se realiza la tutela jurídica, siendo la única 	consecuencia del delito.
a.5.-Respecto del Delincuente: No profundizaron en el estudio del 	delincuente, mas que como autor del delito, afirmando que la 	imputabilidad moral y el libre albedrío son la base de su 	responsabilidad penal.

b.-	ESCUELA POSITIVA DEL DERECHO PENAL:
Aparece en Italia una nueva corriente de pensamiento en la ciencia del Derecho Penal, que apartándose radicalmente de los principios y postulados clásicos hasta entonces aceptados, provocó una verdadera revolución en el campo jurídico-penal, minando su estructura desde sus cimientos hasta sus niveles más elevados, creó una profunda confusión en las ideas de esa época que se puede denominar "La Crísis del Derecho Penal Clásico", la cual duro casí más de medio siglo.
La Escuela Positiva del Derecho Penal evolucionó en tres etapas:
La Primera Etapa la "Antropologíca" cuyo exponente es César Lombroso; la Segunda Etapa la "Jurídica", representada por Rafael Garófalo; y la Tercera Etapa, la "Sociológica" representada por Enrico Ferri.
El fin principal de las penas deja de ser el restablecimiento del derecho violado y pasa a ser el de la prevención y, en esa virtud, las penas ya no son determinadas y proporcionales al daño causado por el delito, sino más bien indeterminadas y proporcionadas a la temibilidad del delincuente.
La Escuela Clásica no dejaba librado absolutamente nada al arbitrio del juzgador; por el contrario, los positivistas dejan un amplio arbitrio al juez para que pueda ajustar la pena a la personalidad del delincuente.
Los postulados más importantes de esta escuela son:
b.1.-Respecto del Derecho Penal: Nuestra disciplina pierde su 	autonomía, como ciencia jurídica y es considerada como parte 	de las ciencias fenomenalistas, especialmente como una simple 	rama de la sociología criminal;
b.2.-Respecto del Método: Utilizaron el método de "Observación y 	Experimentación", propio de las ciencias naturales, al cual 	denominaron "Método Positivo";
b.3.-Respecto del Delito: Se considero al delito como un fenómeno 	natural o social; definiéndolo como una lesión a aquella parte 	del sentimiento moral que consiste en los sentimientos 	altruistas fundamentales, o sea, la piedad y la probidad, en 	la medida en que estos sentimientos son poseídos por una 	comunidad;
b.4.-Respecto de la Pena: Consideraron que la pena era un medio de 	defensa social, sosteniendo que la pena no era la única 	consecuencia del delito, ya que debía de aplicarse una serie 	de sanciones y medidas de seguridad, de acuerdo con la 	personalidad del delincuente;
b.5.-Respecto del Delincuente: Fue considerado como un ser anormal, 	relegándolo de la especie humana, por cuento decían era un ser 	atávico, con fondo epiléptico, idéntico al loco moral y con 	caracteres anatómicos psíquicos y funcionales especiales, que 	delinque no solamente por sus características biopsíquicas 	sino por las poderosas influencias del ambiente y de la 	sociedad.

c.-	ESCUELAS INTERMEDIAS DEL DERECHO PENAL: 
Es innegable que ambas escuelas aportaron grandes avances para nuestra disciplina, como innegable es que cometieron grandes errores, así por ejemplo: mientras la Escuela Clásica dió un carácter definitivamente científico al Derecho Penal desde el punto de vista jurídico, hilando un sistema de acabada perfección sobre la tesis del delito como "Ente Jurídico", buscando siempre un criterio de justicia absoluta, alvidó o no quiso recordar que el delito antes que una fría creación legal es un hecho del hombre, y postergó el estudio del delincuente. La Escuela Positiva que reivindicó al delincuente exigiendo que se le estudiara más profundamente y que se le tratara con medidas adecuadas a su personalidad, castigando el delito no en relación al da;o causado, sino en relación a la peligrosidad social del delincuente, creando las famosas medidas de seguridad para la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente, postergó el estudio del Derecho anteponiendo el estudio de las ciencias naturales o criminológicas, negando también la libertad moral del delincuente por un crudo determinismo.
La Escuela Clásica como se ha dicho con una expresión feliz, enseñó a los hombres el conocimiento de la justicia, en tanto que la Escuela Positiva enseñó a la justicia el conocimiento de los hombres.
Las LLamadas escuelas intermedias plantearon sus más importantes postulados en forma ecléctica, retomando principios fundamentales, tanto de la escuela clásica como de la escuela positiva del derecho penal, iniciando así una nueva etapa en el estudio de nuestra ciencia que podrían catalogarse como antecedentes del derecho penal contemporáneo.

d.-	EL POSITIVISMO JURIDICO Y LA ESCUELA TECNICA JURIDICA: 	
En los primeros años del presente siglo, nace casi al mismo tiempo en Italia y Alemania un potente movimiento que se denominó "TECNICO-JURIDICO" o como "TECNICISMO-JURIDICO". La orientación "Técnico-Jurídico" se limita al estudio científico del Derecho Penal, a través del método jurídico, lógico-abstracto o dogmático, excluyendo definitivamente el método positivista o experimental que debe utilizarse en las otras ciencias penales.
Para el tecnicismo jurídico, la labor del derecho penal es la construcción de institutos y sistemas jurídicos dentro de un orden legal preestablecido, el cual no es posible enfocar ni criticar filosóficamente.
Para la concepción "Técnico-Jurídica", el derecho penal debe considerarse como un sistema de preceptos y sanciones que se forma y vive necesariamente en el órgano político del Estado, nunca fuera del mismo.

	DE LA LEY PENAL:

15.- CONCEPTO Y CARACTERISTICA DE LA LEY PENAL:

CONCEPTO DE LA LEY PENAL:
La facultad de castigar que corresponde con exclusividad al Estado (ius puniendi) se manifiesta para su aplicación a través de un conjunto de normas jurídico-penales (ius poenale), que tiene a regular la conducta humana en una sociedad jurídicamente organizada; ese conjunto de normas penales que tienen un doble contenido: la descripción de una conducta antijurídica (delictiva) y, la descripción de las consecuencias penales (penas y/o medidas de seguridad), constituyen lo que denominamos la ley penal del Estado, y decimos del Estado, porque la ley penal es patrimonio únicamente del patrimonio público representado por el Estado, y a diferencia de otros derechos sólo el Estado produce derecho penal.

DEFINICION DEL LIC. PALACIOS MOTA: Conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y las faltas, determinan las responsabilidades o las exenciones y establecen las penas o medidas de seguridad que corresponden a las figuras delictivas.

CARACTERISTICAS:
a) GENERALIDAD: está dirigida a todas las personas que habitan un país;
b) OBLIGATORIEDAD: porque deben observarla todos los habitantes comprendidos en un territorio;
c)IGUALDAD: todas las personas son iguales ante la ley sin distinción alguna, con excepción del antejuicio y la inmunidad;
d)EXCLUSIVIDAD: sólo la ley penal puede crear delitos y establecer las penas y medidas de seguridad para los mismos (Art. 1 y 7 C.P.);
e)PERMANENCIA e INELUDIBILIDAD: le ley penal permanece en el tiempo y en el espacio hasta que otra ley la abrogue o la derogue; y mientras ésta permanezca debe ser ineludible para todos los que habitan el territorio nacional (abrogar= abolición total de una ley; derogar= abolición parcial de una ley);
f)IMPERATIVIDAD: contiene generalmente prohibiciones o mandatos que todos deben cumplir, no deja nada librado a la voluntad de las personas, en caso contrario la amenaza con la imposición de una pena;
g)SANCIONADORA: lo que realmente distingue a la norma penal es la sanción que bien puede se una pena o una medida de seguridad, en ese sentido se dice que la ley penal es siempre sancionadora;
h)CONSTITUCIONAL: debido a que su fundamento está en la constitución política. 
  
16.- FUENTES DEL DERECHO PENAL: 

16.1.- FUENTES REALES:
Fuentes reales o materiales son las expresiones humanas, los hechos naturales o los actos sociales que determinan el contenido de las normas jurídico-penales, previas éstas a la formalización de una ley penal;
16.2.- FUENTES FORMALES:
Estas se refieren al proceso de creación jurídica de las normas penales y a los órganos donde se realizan; lo cual corresponde al Congreso de la República;
16.3.- FUENTES DIRECTAS:
La ley es la única fuente directa del Derecho Penal, por cuanto que sólo ésta puede tener el privilegio y la virtud necesaria para crear figuras delictivas y las penas o medidas de seguridad correspondientes;
16.4.- FUENTES INDIRECTAS:
Son aquellas que sólo en forma indirecta pueden coadyuvar en la proyección de nuevas normas jurídico penales, e incluso pueden ser útiles tanto en la interpretación como en la sanción de la ley penal, pero no pueden ser fuente de derecho penal, ya que por si solas carecen de eficacia para obligar; entre ellas tenemos: la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho.

17.- ESPECIES Y FORMAS DE LA LEY PENAL:

17.1.- LEY PENAL EN SENTIDO FORMAL:
Es todo precepto jurídico penal (o sistema político ), técnicamente facultado para crearla que en nuestro país es el Congreso de la República;
17.2.- LEY PENAL EN SENTIDO MATERIAL:
Es toda disposición o precepto de carácter general acompañado de una sanción punitiva; que precisamente no ha emanado del órgano constitucionalmente establecido para crearla, tal es el caso de los Decretos-Leyes, que se emiten para gobernar durante un estado de hecho por no existir el Organismo Legislativo;
17.3.- LEYES PENALES ESPECIALES:
Es el conjunto de leyes jurídico penales que no están contenidas precisamente en el Código Penal, regulan la conducta de personas pertenecientes a cierto fuero, o tutelan bienes o valor jurídicos específicos; por ejemplo: Código Penal Militar;	
17.4.- CONVENIOS INTERNACIONALES:
Son acuerdo o tratados que se llevan a cabo entre distintos países, que contienen normas de tipo jurídico penal, y que se convierten en leyes obligatorias para los habitantes de un país;
17.5.- DECRETOS LEYES:
Son disposiciones jurídicas que emanan con carácter de leyes del Organismo Ejecutivo, cuando por cualquier razón no se encuentra reunido o no existe el Congreso de la República.

18.- LEYES PENALES EN BLANCO:

Son leyes penales en blanco o incompletas, aquellas en que aparecen en el Código Penal bien señalada la pena, empero la descripción de la figura delictiva, debe buscarse en una ley distinta o reglamento de autoridad competente. Ejemplos: artículos 305, 311, 426 y 427 del Código Penal.
Las leyes penales en blanco o abiertas son estrictamente distintas a las leyes penales incompletas, porque estas no dependen precisamente del auxilio de otra ley o reglamento sino más bien de una interpretación extensiva (sin caer en la analogía); también estas son diferentes con las lagunas legales, por cuanto que en estas últimas existe carencia absoluta de regulación legal, es decir, no existe ninguna norma legal que regule determinado tipo de conducta.

	INTERPRETACION DE LA LEY PENAL:

19.- CONCEPTO: La exégesis --interpretación-- de la Ley Penal es un proceso mental que tiene como objeto descubrir el verdadero pensamiento del legislador o bien explicar el verdadero sentido de una disposición legal.

20.- CLASES DE INTERPRETACION:

20.1.-SEGUN EL INTERPRETE:
Desde este punto de vista se interpreta de tres formas: a) Auténtica: que es la que hace el propio legislador, en forma simultánea o posteriormente a la creación de la ley; es simultánea la que hace en la propia ley, ya sea en la exposición de motivos o en el propio cuerpo legal; b) Doctrinaria: es la que hacen los juspenalistas, los doctos, los expertos, los especialistas en derecho penal, en sus trabajos científicos, o dictámenes científicos o técnicos que emiten, tiene la particularidad de que no obliga a nadie a acatarla, pero es importante porque los penalistas que conocen y manejan la dogmática jurídica mantienen entrelazada la doctrina con la ley; c) Judicial o Usual: es la que hace diariamente el juez al aplicar la ley a un caso completo. Esta interpretación corresponde con exclusividad a los órganos jurisdiccionales y la ejercitan constantemente al juzgar cada caso por cuanto que resulta ser obligatoria por lo menos para las partes.  

20.2.-SEGUN LOS MEDIOS:
Desde este punto de vista la interpretación se puede realizar de forma: a) Gramatical: Es la que se hace analizando el verdadero sentido de las palabras en sus acepciones común y técnica, de acuerdo a su uso y al Diccionario de la Real Academia Española y, b) Lógica o Teleológica: Excede el marco de lo puramente gramatical, constituye una indagación más íntima y profunda que sobrepasa la letra del texto de la ley para llegar a través de diversos procedimientos teleológicos, racionales, sistemáticos, históricos, político-sociales, etc., al conocimiento de la "RATIO LEGIS" (razón lega), para la cual fue creada la ley, es decir, el fin que la ley se propone alcanzar, lo cual es tarea del juzgador. 

20.3.-SEGUN EL RESULTADO:
Desde el punto de vista de su resultado se realiza en a) Interpretación Declarativa: Cuando no se advierte discrepancia de fondo ni forma entre la letra de la ley y su propio espíritu; b) Interpretación Restrictiva: Cuando limita o restringe el alcance de las palabras de modo que el texto legal se adecue a los límites que su espíritu exige; c) Interpretación Extensiva: Cuando se da al texto lega un significado más amplio (extenso) que el estrictamente gramatical, de modo que el espíritu de la ley se adecue al texto legal interpretado y, d) Interpretación Progresiva: Se da cuando se hace necesario establecer una relación lógica e identificar el espíritu de la ley del pasado con las necesidades y concepciones presentes, de tal manera que sea posible acoger al seno de la ley información proporcionada por el progreso del tiempo.

21.- INTERPRETACION DE LA LEY PENAL GUATEMALTECA:
Particularmente desde nuestro punto de vista, la interpretación la ley penal guatemalteca esta regulada en los artículos del 8 al 11 de la Ley del Organismo Judicial, los cuales nos indican: "El conjunto de una ley servirá para ilustrar e interpretar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes oscuros de la misma se podrán aclarar, atendiendo al orden siguientes: Al Espíritu de la misma (interpretación lógica), A la historia fidedigna de su institución (interpretación histórica), A las disposiciones de otras leyes sobre casos análogos (analógica, esta es la única excepción en materia penal), y al modo que parezca más conforme a la equidad y los principios generales del derecho (medios indirectos).
 
22.- LA ANALOGIA Y LA INTERPRETACION ANALOGICA:
La analogía es la semejanza entre cosas o ideas distintas, cuya aplicación se admite para resolver un caso no previsto por la ley, mediante otro que siendo análogo o similar si está previsto. Para que exista analogía se requiere entonces de una "laguna legal", es decir, de un caso que no esté previsto en la ley penal como delito o falta, y luego que exista otro que si estando previsto sea similar o análogo al no previsto y se pretenda juzgarlo de la misma manera, tratando de integrar la ley penal. 
En cuanto a la interpretación analógica, ésta es permitida como un recurso interpretativo, que consiste en una interpretación extensiva de la ley penal cuando buscando el espíritu de la misma encontramos que el legislador se quedó muy corto en la exposición del precepto legal; en ese orden de ideas, existe una sustancial diferencia entre la "Analogía" y la "interpretación Analógica". En la analogía existe ausencia absoluta de una disposición lega que regule el caso concreto; mientras que en la interpretación analógica sí existe un precepto legal que regula el caso pero de manera restringida, lo cual se desprende de su espíritu, por lo que debe interpretarse extensivamente, sin caes en la analogía. La analogía por si sola pretende integrar la ley penal cuando no existe regulación penal para el caso concreto, lo cual es prohibido; mientras que la interpretación analógica pretende interpretar la ley penal cuando el caso está previsto, lo cual es permitido.

	CONCURSO APARENTE DE LEYES:

23.- CONCEPTO:
Hay concurso aparente de leyes o normas penales, cuando una misma conducta delictiva cae o está comprendida por dos o mas preceptos legales que la regulan, pero un precepto excluye a los otros en su aplicación al caso concreto. Los dos presupuestos que indicamos se refieren a:
a.-	Que una misma acción sea regulada o caiga bajo la esfera de 	influencia de dos o más preceptos legales; y, 
b.-	Que uno de estos preceptos excluya la aplicación de los otros 	al aplicarlo al caso concreto.

24.- PRINCIPIOS DOCTRINALES PARA SU RESOLUCION:

24.1.-PRINCIPIOS DE ALTERNABILIDAD;
      Karl Binding, considera que hay alternatividad cuando dos tipos de delitos se comportan como círculos secantes; si las distintas leyes amenazan con la misma pena, es indiferente qué ley ha de aplicarse, pero si las penas son diferentes, el juez debe basar su sentencia en la ley que sea más severa.
 Filippo Grispigni, manifiesta en torno al mismo principio que: "cuando dos o más disposiciones de un ordenamiento jurídico vigente en el mismo tiempo y en el mismo lugar se presentan prima facie como igualmente aplicable a un mismo hecho, pero siendo de tal naturaleza que la aplicación de una excluye la aplicación de la otra".

24.2.-PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (Lex Specialis Derogat Legi 		 Generali);
      En caso de que una misma materia sea regulada por dos leyes o disposiciones, una general y otra especial; la especial debe aplicarse al caso concreto, es requisito que ambas estén vigentes al tiempo de su aplicación. 

24.3.-PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD (Lex Primarie, Derogat Legi 		 Subsidiariae); 
      Una ley o disposición es subsidiaria de otra, cuando esta excluye la aplicación de aquella. El principio de subsidiaridad tiende a inclinarse por el delito más grave o que esté castigado con la mayor pena, por ello la ley principal excluye a la ley subsidiaria por ser menos grave.

24.4.-PRINCIPIO DE CONSUNCION O ABSORCION.
 (Lex Consumens Derogat Legi Consumptae)
 Surge cuando un hecho previsto por la ley o por una disposición legal está comprendida en el tipo descrito en otra, y puesto que ésta es de más amplio alcance, se aplica con exclusión de la primera. En este principio prevalece para su aplicación el precepto más amplio.

	AMBITO DE VALIDES TEMPORAL DE LA LEY PENAL:

25.- CONSIDERACIONES GENERALES:
Cuando la doctrina se refiere a la ley penal en el tiempo, lo hace con el fin de explicar el tiempo de duración de la misma y los hechos que debe regular bajo su imperio. Su ámbito de validez temporal está limitado en dos momentos: El momento en que nace su promulgación y, el momento en que fenece por la abrogación o derogación. A este aspecto en la doctrina se le conoce como "Sucesión de Leyes", porque indiscutiblemente, a través del tiempo, unas suceden a otras.

26.- EXTRACTIVIDAD DE LA LEY PENAL:
Una ley sólo debe aplicarse a los hechos ocurridos bajo su imperio, es decir, bajo su eficacia temporal de validez. Es posible aplicar la ley penal fuera de la época de su vigencia? La respuesta es afirmativa y la encontramos en el artículo 2o. del Código Penal que dice: "Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aún cuando haya recaído sentencia firme y aquél se halle cumpliendo condena".

26.1.- RETROACTIVIDAD;
  La retroactividad consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, apesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta y ya se haya dictado sentencia.

26.2.- ULTRACTIVIDAD.
  En caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, entonces seguirá teniendo vigencia la anterior, es decir, que cuando una ley ya abrogada se lleva o utiliza para aplicarla a un caso nacido bajo su vigencia, estamos frente a la ultraactividad.
  De lo anterior se desprende que la "EXTRACTIVIDAD" de la ley penal que comprende la "Retro" y la "Ultra", sólo puede aplicarse cuando exista el presupuesto fundamental, que consiste en favorecer al reo.

26.3.-CASOS EN QUE PUEDE PRESENTARSE.

 Los especialistas han considerado que durante la sucesión de leyes penales en el tiempo pueden presentarse cuatro casos que describen así:
a.-La Nueva Ley crea un tipo Penal Nuevo: Quiere decir que una conducta que con anterioridad carecía de relevancia penal resulta castigada por la ley nueva. En este caso, la ley penal nueva es irretroactiva, es decir, no puede aplicarse al caso concreto porque perjudica al sujeto activo.
b.-La Ley Nueva destipifica un hecho delictuoso: Quiere decir que una ley nueva le quita tácita o expresamente el carácter delictivo a una conducta reprimida o sancionada por una ley anterior. En este caso la ley penal nueva es retroactiva, es decir, debe aplicarse al caso concreto porque favorece al reo.
c.-La Ley Nueva mantiene la tipificación del hecho delictivo y es más severa: Se trata de una ley nueva que castigue más severamente la conducta delictiva que la ley anterior. En este caso la ley penal nueva resulta irretroactiva, es decir, no puede aplicarse al caso concreto porque es perjudicial para el reo.
d.-La Ley Nueva mantiene la tipificación del hecho delictivo y es menos severa: Se trata de una ley nueva que castiga más levemente la conducta delictiva que la ley anterior. En este caso la ley penal nueva es retroactiva, es decir, que puede aplicarse al caso concreto porque favorece al reo.
En cualquiera de los cuatro supuestos planteados, cuando se aplica una ley cuya vigencia es posterior a la época de comisión del delito, estamos frente al caso de la RETROACTIVIDAD; si por el contrario, cuando aún bajo el imperio de la ley nueva, seguimos aplicando la ley derogada, estamos frente al caso de la ULTRAACTIVIDAD.  

26.4.-RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL Y COSA JUZGADA.
 En nuestro país ha sido motivo de discusión la existencia de una posible contradicción entre la retroactividad de la ley penal y la denominada "Cosa Juzgada" que según dicen se convierte en un obstáculo para la aplicación de la ley penal mas benigna al condenado, por cuanto que el caso ya está cerrado por una sentencia ejecutoriada. Nosotros consideramos que sí es procedente aplicar retroactivamente la ley penal más benigna al condenado aún existiendo cosa juzgada, porque la retroactividad de la ley penal favorable al reo tiene rango constitucional, y, desde el punto de vista legal, una norma constitucional prevalece siempre sobre un precepto o disposición ordinaria. 

26.5.-LEYES EXCEPCIONALES O TEMPORALES.
 Son las que fijan por sí mismas su ámbito de validez temporal, es decir, que en ellas mismas se fija su tiempo de duración y regula determinadas conductas sancionadas temporalmente. También se habla de las Leyes Penales Intermedias, que siendo leyes temporarias se aplican a determinados casos ocurridos con anterioridad a su vigencia, y que es juzgado con otra ley vigente cuando la ley intermedia ya ha desaparecido; esta aplicación solo se hace en caso de que se favorezca al reo, que es el principio fundamental.  

27.-	AMBITO ESPACIAL DE VALIDEZ DE LA LEY PENAL.
27.1.-CONSIDERACIONES GENERALES.
 Cuando la doctrina se refiere a la ley penal en el espacio, lo hace con el fin de explicar el campo de aplicación que puede tener la ley penal de un país determinado. El ámbito espacial de validez de una ley, es mucho más amplio que el denominado territorio, que está limitado por las fronteras, la ley penal de un país regularmente trasciende a regular hechos cometidos fuera de su territorio, para que los delitos no queden sin castigo.

27.2.-PRINCIPIOS DOCTRINARIOS QUE LA REGULAN Y RESUELVEN.
a.-Principio de Territorialidad.
   Este principio se fundamenta en la soberanía de los Estados, porque la ley penal no puede ir mas allá del territorio donde ejerce su soberanía determinado Estado.Se debe de aplicar únicamente a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que la expide, aplicándose a autores y cómplices, nacionales o extranjeros, residentes o trausentes.
b.-Principio de Extraterritorialidad.
   Es una excepción al principio de territorialidad y sostiene que la ley penal de un país, si puede aplicarse a delitos cometidos fuera de su territorio, para su aplicación se deben de tomar en cuenta los siguientes principios:
b.1.-Principio de Nacionalidad o de la Personalidad.
     La Ley penal del Estado debe aplicarse a todos los delitos cometidos por sus ciudadanos, en cualquier lugar del extranjero, ya sea contra sus ciudadanos o contra extranjeros. Este principio manifiesta que la Ley del Estado sigue al nacional donde quiera que éste vaya, de modo que la competencia se determina por la nacionalidad del autor del delito, tomándose en cuenta los siguientes presupuestos; que el delincuente nacional no haya sido penado en el extranjero y que se encuentre en su propio país.
b.2.-Principio Real o de Defensa.
     Este principio indica que un Estado no puede permanecer aislado frente a ataques contra la comunidad que representa por el sólo hecho de que se realicen en el extranjero. Ejemplo: La falsificación de moneda nacional en el extranjero.
b.3.-Principio de Universalidad.
     Sostiene que la ley penal de cada Estado tiene validez universal, por lo que todas las naciones tienen derecho a sancionar a los autores de determinados delitos, no importando su nacionalidad, el lugar de comisión del delito ni el interés jurídico vulnerado, la única condición es que el delincuente se encuentre en territorio de su Estado y que no haya sido castigado por este delito.

28.-LA LEY PENAL Y LAS PERSONAS. (PENDIENTE DE DESARROLLAR)
28.1.-Igualdad Penal.
28.2.-Personas Naturales y Jurídicas.
28.3.-Excepciones. Antejuicio.

29.-EXTRADICION.
29.1.-Concepto y Fundamento.
 Es el acto en virtud del cual el gobierno de un Estado entrega al de otro un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un determinado delito para someterlo a la acción de los tribunales de justicia de éste.

29.2.-Clases de Extradición.
a. -Extradición Activa: Se da cuando el gobierno de un estado, solicita al de otro, la entrega de un delincuente, también se le denomina extradición propia.
b. -Extradición Pasiva: Se da cuando el gobierno de un Estado, mediante la solicitud de otro, entrega a un delincuente para que sea juzgado en el país requirente.Extradición Propia.
c. -Extradición Voluntaria: Se da cuando el delincuente voluntariamente se entrega al gobierno del Estado que lo busca para someterse a la justicia penal. Extradición Impropia.
d. -Extradición Espontanea: Se da cuando el gobierno del Estado donde se encuentra el delincuente, lo entrega espontáneamente sin haber sido requerido para ello con anterioridad.
e. -Extradición en Tránsito: Es el permiso que concede el gobierno de un Estado para que uno o más delincuentes extraditados pasen por su territorio.
f. -La Reextradición: Surge cuando un tercer Estado pide la entrega al país que lo había extraído, basándose en que el delincuente cometió un delito en su territorio antes que cometerlo en el país que logró primero su extradición. 

29.3.-FUENTES DE LA EXTRADICION:
 Sus principales fuentes se encuentran en el Derecho Interno y en el Derecho Internacional.
a. -Derecho Interno: Se encuentra en el Código Penal. Art. 8
b. -Derecho Internacional: Se contempla los siguientes:
   Tratados de Extradición: Consiste en Acuerdos o Convenios que se llevan a cabo entre diferentes Estados.
   Declaraciones de Reciprocidad: Esta se da cuando no hay tratados y se realiza con el requerido a conceder la extradición, comprometiéndose a que cuando exista un caso análogo se responda de la misma manera.

29.3.-Principios que la regulan.
.-No entrega de nacionales, salvo pacto de reciprocidad.
.-Se excluye el caso de faltas o contravenciones, solo opera         para delitos o crímenes.
.-Se excluye los delitos políticos o comunes conexos.
.-Se excluyen los delincuentes políticos-sociales.
.-Se excluyen los desertores.
.-No aplicación al extraditado de pena distinta de la ley 	 	  penal interna.

Principios observados en los tratados internacionales firmados por Guatemala.
a.-En cuanto al delito.
*. Si el delito no está contemplado en el tratado, basta con el exilio en que se somete como pena;
*.No se da la extradición cuando el hecho que se persigue no está considerado como delito en la Ley Nacional y la de los países suscriptores;
*.Son extraditables los procesados por delitos cuya pena sea mayor de un año de prisión, generalmente se logra la extradición por los delitos que atentan contra la vida, la propiedad, el pudor, la fe pública, libertad y seguridad individual;
*.Solo se extraditan por delitos comunes y no por los delitos políticos;
*.No se concede la extradición por delitos sociales, o sea los que atentan contra la organización institucional del Estado;
*.La deserción como delito militar no es extraditable;
*.No se concede la extradición por faltas.

b.-En cuanto al delincuente.
*.Por la extradición se entregan a los autores y cómplices, pero los países no están obligados a entregar sus connacionales;
*.Los militares no se extraditan por delitos similares a los políticos;
*.No están incluidos los delitos políticos.

c.-En cuanto a la pena. 
*.No puede imponerse la pena de muerte cuando ha sido condición de extradición del delincuente;
*.No se concede la extradición cuando el acusado ha sido absuelto o cuando la acción penal para perseguir el delito o para ejecutar la pena ya prescribió.

	DEL DELITO

1.-	EL DELITO:
1.1.-ACEPCIONES SOBRE EL DELITO.
     El delito como la razón de ser del Derecho Penal, y como razón de la existencia de toda actividad punitiva del Estado, al igual que el mismo Derecho Penal, ha recibido diversas denominaciones a través de la evolución histórica de las ideas penales, atendiendo a que siempre ha sido una valoración jurídica, sujeta a las mutaciones que necesariamente conlleva la evolución de la sociedad, de esa cuenta en el antiguo Oriente: Persia, Israel, Grecia y la Roma primitiva, se consideró primeramente la valoración objetiva del delito, castigándolo con relación al daño causado; fue en la culta Roma donde aparece por vez primera la valoración subjetiva del delito, es decir, juzgando la conducta antijurídica atendiendo a la intención (dolosa o culposa) del agente, como se regula actualmente en las legislaciones penales modernas.
      Refiriéndose al delito, en la primigenia Roma se habló de NOXA o NOXIA que significaba DAÑO, apareciendo después en la culta Roma para identificar a la acción penal, los términos de FLAGITIUM, SCELUS, FACINUS, CRIMEN, DELICTUM, FRAUS, y otros, teniendo mayor aceptación hasta la edad media los términos CRIMEN Y DELICTUM, el primero exprofesamente para identificar a las infracciones o delitos revestidos de mayor gravedad y castigados con mayor pena, y el segundo para señalar una infracción leve, con menor penalidad.
       Actualmente en el Derecho Penal Moderno y especialmente en nuestro medio de cultura jurídica se habla de: Delito, Crimen, Infracción Penal, Hecho o Acto Punible, Conducta Delictiva, Acto o Hecho Antijurídico, Hecho o Acto Delictuoso, Ilícito Penal, Hecho Penal, Hecho Criminal, Contravenciones o Faltas.
       Tomando en consideración la división que plantea el Código Penal vigente en Guatemala, podemos afirmar que se adscribe al SISTEMA BIPARTITO, al clasificar las infracciones a la ley penal del Estado en DELITOS Y FALTAS. 

1.2.-NATURALEZA DEL DELITO.
     Debido a que ha existido mucha polémica al respecto, y no se puede hablar de uniformidad debido a que la sociedad es cambiante; y que el delito tiene sus raíces hundidas en las realidades sociales humanas que cambian a los pueblos; para encontrar la naturaleza del mismo se debe necesariamente referir a las escuelas más grandes que han habido en el Derecho Penal, las cuales son:
Escuela Clásica: Considera que el delito es una idea de relación entre el hecho del hombre y la ley. Definiéndolo así; es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultantes de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Por lo que lo consideran un ente jurídico, respecto al delincuente, indican que la imputabilidad moral y su libre albedrío son la base de su responsabilidad penal; la pena es un mal necesario para la realización de la tutela jurídica, además indicaron que el derecho penal era una ciencia eminentemente jurídica, para su estudio debía utilizar el método lógico abstracto, racionalista o especulativo.
 Escuela Positiva: Considera al delito como la acción humana resultante de la personalidad del delincuente, considerando al delito natural y no jurídico. Definen al delito como toda acción determinada por motivos individuales y antisociales que alteran las condiciones de existencia y lesionan a la moralidad media de un pueblo en un momento determinado. Consideran al delito como un fenómeno natural o social; del delincuente es imputable debido al hecho de vivir en sociedad; la pena la consideraron como un medio de defensa social, imponiéndose de acuerdo a la peligrosidad social y no al daño causado, proponiendo las medidas de seguridad para prevenir el delito y rehabilitar al delincuente; y el derecho penal no lo consideraron ciencia sino parte de las ciencias naturales, y el método a utilizar será el positivo, experimental y fenomenalista.

1.3.-CRITERIO PARA DEFINIRLO.
a.-Criterio Legalista. En un principio indicaba que el delito es lo prohibido por la ley, que es una definición muy amplia y no da ninguna certeza; posteriormente Carrara lo define como la infracción a la Ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.
b. -Criterio Filosófico: En un principio se aludió al aspecto moral, por lo que los teólogos lo identificaban con el pecado, más tarde se le consideró al delito como una acción contraria a la moral y a la justicia, de igual manera se le consideró como la violación de un deber, el quebrantamiento libre e intencional de nuestros deberes.
c. -Criterio Natural Sociológico: Garófalo lo define como ofensa a los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y prohibidad en la medida en que son poseídos por un grupo social determinado; también lo definen como acciones determinadas por motivos individuales y antisociales que alteran las condiciones de existencia y lesionan la moralidad de un pueblo en un momento determinado.
d. -Criterio Técnico-Jurídico:
   Franz Von Liszt expresa que es una acción antijurídica y culpable, castigada con una pena.
   Ernesto Beling manifestó que es una acción típica, contraria al derecho, culpable, sancionada con una pena adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de penalidad. Sus aportes son:
La Tipicidad: Como elemento esencial y formal descriptivo, perteneciente a la ley y no a la vida real.
La Antijuridicidad: Como caracteristica sustantiva e independiente del delito, separada totalmente de la tipicidad.
La Punibilidad: Como elemento del delito; no considera constituido el delito si no están satisfechas las condiciones objetivas de punibilidad.
Max Ernesto Mayes indica que el delito es un acontecimiento típico antijurídico e imputable.
Edmundo Mezger expresa que es una acción típicamente antijurídica y culpable.
Luis Jiménes de Asúa nos indica que el delito es un acto típicamente antijurídico, imputable al culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad y que se haya conminado con una pena, o en ciertos casos, con determinada medida de seguridad en reemplazo de ella.
Eugenio Cuello Calón nos manifiesta que el delito es la acción humana antijurídica, típica, culpable, sancionada por la ley.
Y finalmente el catedrático Jorge Alfonso Palacios Motta expresa que el delito es un acto del hombre (positivo o negativo), legalmente típico, antijurídico, culpable, imputable a un responsable, en ocasiones previa determinación de condiciones objetivas de punibilidad, y al cual se le impone una pena o una medida de seguridad.

1.4.-ELEMENTOS CARACTERISTICOS DEL DELITO.
Se habla de dos clases de elementos: Los Positivos que conforman al delito y los Negativos que hacen que jurídicamente no exista el delito.
a.-	Elementos Positivos:
* La acción o conducta humana,
* La tipicidad,
* La antijuricidad o antijuridicidad,
* La culpabilidad,
* La imputabilidad,
* Las condiciones objetivas de punibilidad,
* La punibilidad.
b.-	Elementos Negativos:
* Falta de acción,
* La atipicidad o ausencia de tipo,
* Las causas de justificación,
* Las causas de inculpabilidad,
* Las causas de inimputabilidad,
* La falta de condiciones objetivas de punibilidad,
* Las causas de exclusión de la pena o excusas absolutorias.
La legislación guatemalteca al referirse a los elementos negativos del delito lo hace como causas que eximen de responsabilidad penal, así:
*Causas de inimputabilidad. Artículo 23 C.P.
Minoría de edad,
Trastorno mental transitorio.
*Causas de justificación. Artículo 24 C.P.
Legítima defensa,
Estado de necesidad,
Legítimo ejercicio de un derecho.
*Causas de inculpabilidad. Artículo 25 C.P.
Miedo invencible,
Fuerza exterior,
Error,
Obediencia debida,
Omisión justificada.
Los elementos accidentales del delito, los trata como circunstancias que modifican la responsabilidad penal, ya sean atenuantes o agravantes. Artículos 26 y 27 del Código Penal.

2.-	LA ACCION O CONDUCTA HUMANA.
Al referirse a la acción presenta equívocos debido a la múltiple significación en el derecho, por lo que debería decirse conducta humana, que tiende a eliminar las confusiones. 
Su naturaleza se considera como acontecimiento causal, debido a que causa una modificación en el mundo exterior; pero algunos lo tratan como un acontecimiento finalista, debido a que el hombre por su conocimiento causal puede prever en cierta medida las posibles consecuencias o sea obran con un fin. El artículo 10 del C.P. lo trata como un acontecimiento causal, o sea que su naturaleza es más causal que finalista 

2.1.-DEFINICION.
Es una manifestación de la conducta humana consiente (voluntaria) o inconsciente (involuntaria) algunas veces; positiva (activa) o negativa (pasiva) que causa una modificación en el mundo exterior (mediante un movimiento corporal o mediante su omisión y que está prevista en la ley.
De la anterior definición se infiere que la conducta humana en el delito puede realizarse básicamente de dos formas: 
OBRAR ACTIVO (COMISION)
Requiere un acto voluntario, producto de la conciencia y voluntad del agente.
Requiere un acto corporal externo que produzca una modificación del mundo exterior.
Requiere que el acto esté previsto en la ley como delito.
OBRAR PASIVO (OMISION)
Requiere inactividad voluntaria.
Requiere la existencia de un deber jurídico de obrar.

2.2.-CAUSALISMO Y FINALISMO EN DERECHO PENAL Y SU INFLUENCIA EN LA 	LEGISLACION NACIONAL PRESENTE Y FUTURA.
Relación de Causalidad:
Al derecho penal le interesa las causas, que tienen su nacimiento en la conducta humana, entre ésta y el resultado delictuoso debe existir una relación de causa y efecto, de lo cual es fácil observarse en los delitos de resultados --comisión o comisión por omisión--, pero en el caso de los delitos puros de omisión se da el problema, sin embargo se indica que existe esta relación de causalidad debido a que si no se da la ilícita inactividad del agente no hubiera llegado a producirse el delito.

RASGOS GENERALES DE LAS TEORIAS SOBRE LA ACCION.
a.	El finalismo: sostenida por Welzel, que indica que toda acción se encamina a un fin, debido a que es una expresión de la voluntad, por lo que indica que no existe el actuar ciego;
b.	La teoría de la causalidad, se subdivide así:
*Corriente de la equivalencia de las condiciones, indicando que existe un actuar ciego;
*La causalidad adecuada: que indica que la eficacia intrínseca de la condición para producir en abstracto la condición dada.
El Código Penal en su artículo 10 sigue la corriente causalista, quedando entonces las argumentaciones sobre la causalidad adecuada, como las de la equivalencia de condiciones (conditio sine qua non) expresado en el pensamiento causalista del legislador.
 
2.3.-CLASES O FORMAS DE OPERAR DE LA ACCION O CONDUCTA DELICTIVA.
De acuerdo a las dos maneras de actuar se clasifican así:
* Delitos de acción o comisión: La conducta humana consiste en hacer algo que infringe una ley prohibitiva.
* Delitos de pura omisión (omisión pura): La conducta humana consiste en no hacer algo, infringiendo una ley preceptiva que ordena hacer algo.
* Delitos de Comisión por Omisión (Omisión impropia) La conducta humana infringe una ley prohibitiva, mediante la infracción de una ley preceptiva, es decir, son delitos de acción cometidos mediante una omisión. Ej: Una madre  que no alimenta a su hijo recién nacido, con lo que le causa la muerte.
* Delitos de Pura Actividad: Estos no requieren de un cambio en el mundo exterior, es suficiente la condición humana. Ej: Participar en asociaciones ilícitas.

2.4.-TIEMPO Y LUGAR DE COMISION DEL DELITO.
Tanto el tiempo como el lugar de comisión del delito, guardan estrecha relación con la conducta humana delictiva del sujeto activo llamada acción u omisión, porque depende de cuando y donde se realizaron éstas para identificar el tiempo y lugar de comisión del ilícito penal.
CUANDO SE COMETIO EL DELITO: 
Artículo 19 Código Penal: Tiempo de Comisión del Delito.
El delito se considera realizado en el momento en que se ha 	ejecutado la acción. En los delitos de omisión en el momento 	en que debió realizarse la acción omitida.
En el primer supuesto, el delito se considera ejecutado, en el preciso momento en que el sujeto activo exterioriza su conducta típicamente delictiva; y cuando se trate de un acto que proviene de la concurrencia de varias acciones, deberá entenderse que se refiere a la que esencialmente o en última instancia, haya sido causa directa del resultado.
En el segundo supuesto, el delito se realiza en el preciso momento en que el sujeto activo, consiente y deliberadamente omitió realizar una conducta (asistir o auxiliar por ejemplo), que pudo y debió haberla realizado.
DONDE SE COMETIO EL DELITO. Artículo 20 Código Penal.
La plena determinación del lugar de comisión del delito juega un papel muy importante en cuanto a la delimitación de la competencia de los tribunales de justicia para juzgar los delitos cometidos; en ese sentido el delito se considera cometido en primer lugar en el lugar donde se realizó la acción en todo o en parte, y si por cualquier razón no se puede establecer éste, se considera cometido en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el preciso lugar donde debió realizarse la acción omitida.	

3.-	EL ITER CRIMINIS.
Es la vida del delito, desde que nace en la mente de su autor hasta la consumación; también se le denomina "el camino del crimen". El Iter Criminis se divide en dos fases.

FASE INTERNA. 
Conformada por las llamadas voliciones criminales, que no son más que las ideas delictivas nacidas en la mente del sujeto activo, únicamente meros pensamientos que mientras no se manifiesten no tienen importancia jurídica por no constituir delito.
 
FASE EXTERNA.
Comienza cuando el sujeto activo exterioriza la conducta tramada durante la fase interna, en este momento principia a atacar o a poner en peligro el bien jurídico protegido a través de su resolución criminal manifiesta. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce dos formas de resolución criminal en el artículo 17, una individual denominada proposición, y otra, colectiva denominada conspiración.
Al iniciarse la fase externa, se pueden suscitar varias situaciones siendo:
LA CONSUMACION O DELITO CONSUMADO: Art. 13 C.P.
El delito es consumado, cuando concurren todos los elementos de su tipificación. Si se han realizado voluntariamente todos los actos propios del delito y se configuran los elementos que lo integran, lesionando o poniendo en peligro el bien jurídico objeto de protección penal, entonces el delito se considera consumado y se sanciona de acuerdo al artículo 62 del C.P.
LA TENTATIVA O DELITO EN GRADO DE TENTATIVA: Art. 13 C.P.
Hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito, se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos, y no se consuma por causas independientes de la voluntad del agente.
Esto quiere decir que en la tentativa el sujeto activo mantiene la finalidad de cometer el delito, esta finalidad se identifica plenamente con la intencionalidad de tal manera que sólo cabe en los delitos dolosos, ya que en los delitos culposos existe ausencia de voluntad intencional. Se sanciona de acuerdo a los artículos 63 y 64 del C.P. 
LA TENTATIVA IMPOSIBLE: Art. 15 C.P.
Si la tentativa se efectuaré con medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, el autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad.
En este caso no obstante la voluntad del sujeto activo, el delito no puede llegar a consumarse nunca, porque los medios que utiliza son inadecuados, o porque el objeto sobre el que recae la acción hace imposible la consumación del hecho, en este caso la ley supone evidentemente un indicio de peligrosidad en el sujeto activo y ordena las medidas de seguridad.	
EL DESISTIMIENTO. Art. 16 C.P.
Es cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se le aplicará sanción por los actos ejecutados, si estos constituyen delito por sí mismo.
Se trata de que el sujeto activo, a pesar de que puede consumar el delito, y ya habiéndolo iniciado, desiste voluntariamente de consumarlo, entonces su conducta es impune a menos que de los actos realizados se desprenda la comisión de otro delito el cual debe sancionarse.

4.-	TIPICIDAD.
Denominamos tipicidad cuando nos referimos al elemento tipo, y tipificar cuando se trata de adecuar la conducta humana a la norma legal.
DEFINICION.
Es la encuadrabilidad de la conducta humana al molde abstracto que describe la ley penal.
ORIGEN Y DESARROLLO DE LA DOCTRINA DE LA TIPICIDAD.
Se atribuye al profesor alemán Ernesto Beling, haber concebido en el año de 1906, la tipicidad como elemento fundante del delito, al decir que es la condición "SINE QUA NON" para tildar de criminal la conducta humana. Posteriormente en 1915 su contemporáneo y compatriota Max Ernesto Mayer, sobre la construcción beligniana, concibió la tipicidad como un indicio de la antijuridicidad o antijuricidad, al sostener que la tipicidad era la razón de conocimiento (ratio cognoscendi) de la antijuridicidad, postura superada por el penalista de Munich, Edmundo Mezger quien la presentó no como la razón de conocimiento, sino como la razón esencial (ratio essendi) de la antijuridicidad. 
FUNCION DE LA TIPICIDAD.
Tradicionalmente se ha aceptado en toda la doctrina dominante, que la tipicidad es un elemento positivo del delito, y como tal es obvio que su estudio se realice dentro de la teoría general del delito.
Su función estriba en que siempre ha sido requisito formal previo a la antijuricidad; también se le ha asignado otras funciones dentro de la doctrina:
* Función fundamentadora: Constituye un presupuesto de ilegalidad que sirve al juzgador para conminar con una pena o una medida de seguridad.
* Función sistematizadora: Debido a que relaciona formalmente la parte general con la especial del derecho penal.
* Función garantizadora:  Debido a que resulta del principio de legalidad, constituyéndose en una garantía de los derechos individuales del hombre, delimitando la actividad punitiva del Estado y protegiendo a la ciudadanía de los posibles abusos y arbitrariedades del poder judicial.

ELEMENTOS DEL TIPO PENAL. DOLO Y CULPA COMO ELEMENTOS DEL TIPO.

5.-	ANTIJURICIDAD.
De acuerdo a lo expresado por el profesor Carlos Ernesto Binding, el que comete delito no contraviene la norma, simplemente adecua su conducta a la norma, haciéndose así la posición de la antijuricidad en sentido formal, al poner de manifiesto la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal, es decir, la acción que infringe la norma del Estado, que contiene un mandato o una prohibición de orden jurídico.
Según Max Ernesto Mayer, la antijuridicidad es la oposición a las normas de Cultura, reconocidas por el Estado, por lo que solo serán antijurídicos cuando una ley los sancione. La antijuricidad formal no tiene trascendencia penal.	

DEFINICION.
Básicamente puede definirse la antijuridicidad, desde tres puntos de vista:
a)	Tomando en cuenta su aspecto formal;
b)	Tomando en cuenta su aspecto material; y,
c)	Tomando en cuenta la valoración (positiva) o desvaloración (negativa) que se hace de su aspecto formal o material.

a)	Formalmente se dice que antijuridicidad es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal o bien la contradicción entre una conducta concreta y un concreto orden jurídico-penal establecido previamente por el Estado.
b)	Materialmente se dice que es la acción que encierra una conducta antisocial que tiende a lesionar o a poner en peligro un bien jurídico tutelado por el Estado.
c)	Con el tercer aspecto, (en sentido positivo) es un juicio de valor por el cual se declara que la conducta no es aquella que el Derecho demanda y en sentido contrario (negativo), es el juicio desvalorativo que un juez penal hace sobre una acción típica, en la medida en que ésta lesiona o pone en peligro, sin que exista una causa de justificación, el interés o bien jurídicamente tutelado.

TEORIAS SOBRE SU NATURALEZA JURIDICA.
Es un elemento positivo del delito, por lo que la naturaleza de su función es de carácter objetiva. La naturaleza de su función desde el punto de vista formal es el principio de legalidad, donde aquel rige la determinación de lo antijurídico, se estará basando en la antijuricidad formal y solo podrá hacerlo sobre la materia cuando no exista principio de legalidad, lo que viene a significar que para determinar si una conducta es penalmente antijurídica habrá necesariamente que acudir a indagar a la ley penal, quien tiene la última palabra.	

EXIMENTES POR FALTA DE ANTIJURICIDAD.
Este es uno de los elementos negativos del delito, el cual tiene como consecuencia eliminar la responsabilidad penal del sujeto activo.
En la doctrina científica del Derecho Penal, las causas de justificación son el negativo de la antijuridicidad o antijuricidad como elemento positivo del delito, y son aquellas que tienen la virtud de convertir en lícito un acto ilícito, es decir, que cuando en un acto delictivo aparece una causa de justificación de lo injusto, desaparece la antijuridicidad del delito (porque el acto se justifica), y como consecuencia se libera de responsabilidad penal al sujeto activo. 	

a.- Legítima defensa.
Es la defensa que hace el individuo de su persona, y se extiende a sus bienes patrimoniales y sus propios derechos, para lo cual debe haber una agresión ilegítima, consistente en un daño o ataque contra sus bienes, por lo que resulta ser el elemento generador de la legítima defensa; en sentido amplio debe entenderse como el acto contra el derecho de otro. Pero debe haber racionalidad en el medio empleado, o sea que no exista desequilibrio entre la defensa y el ataque.
Debe existir legitimidad en la causa o sea que no haya sido provocada por el defensor. Cuando el ataque sea contra los familiares, se excluye el presupuesto de falta de provocación suficiente, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación.
a.1.-Legítima Defensa Putativa:
     Consiste en rechazar o defenderse de una agresión inexistente, que solo existe en la mente del defensor, o sea el error de hecho contemplado en el artículo 25, numeral 3 del C.P.
a.b.-Legítima Defensa Privilegiada:
     Se da cuando el defensor rechaza al que pretenda entrar o ha entrado en morada ajena o en sus dependencias si su actitud denota la inminencia de un peligro a los bienes patrimoniales.

b.- Estado de necesidad.
    Se da cuando la comisión de un hecho delictivo obligado fundamentalmente por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, para lo cual deben de ocurrir las siguientes condiciones: Realidad del mal que se trate de evitar, que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo; no puede alegar estado de necesidad, quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse.

c.- Legítimo ejercicio de un derecho.
    En este aspecto debe de existir la legitimidad del acto, lo que significa que la actividad realizada por el sujeto activo necesariamente debe estar enmarcado dentro de los límites legales. Los profesionales como los agentes de la autoridad, tienen deberes y derechos que cumplir en el ejercicio de sus propias actividades (legítimo ejercicio), y cuando como consecuencia de ellas se lesiona o se pone en peligro un bien jurídicamente tutelado, aparece el legítimo ejercicio de un derecho como eximente de responsabilidad penal.

6.-	IMPUTABILIDAD.
Al respecto, los autores indican que se puede dar de dos maneras: una que lo considera con un carácter psicológico; y la otra, como un elemento positivo del delito, por lo cual se dice que si bien posee elementos psicológicos, físicos, biológicos, psiquiátricos, culturales y sociales que lo limitan, debe entenderse que juega un papel decisivo en la construcción de delito, por lo que debe estudiarse dentro de la Teoría General del Delito. La imputabilidad como un elemento positivo del delito, con marcada tendencia subjetiva por ser el elemento más relevante de la culpabilidad, debido a que antes de ser culpable debe ser imputable.

DEFINICION.
Es la capacidad para conocer y valorar el deber de respetar la norma y de determinarse espontáneamente. Es la capacidad de actuar culpablemente.

TEORIAS SOBRE SU NATURALEZA JURIDICA.
En la actualidad se indica que su naturaleza, es la voluntad, o sea la conducta humana es voluntaria; es decir, que para que un sujeto sea responsable penalmente, basta que haya ejecutado el delito con voluntad, consiente y libre, esta concepción no investiga si la voluntad está determinada por un conjunto de factores o es producto del libre albedrío.

CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD.
De acuerdo a nuestra ley, en Guatemala, no son imputables y por ende tampoco responsables penalmente, los menores de edad, y los que en el momento de la acción u omisión, no posean, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardo o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo cuando el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Art. 23 del C.P.
Actiones Liberae In Causa, acciones que en su causa son libres, aunque determinadas en sus efectos. 

7.-	CULPABILIDAD.

DEFINICION:
Es un comportamiento consiente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche debido a que el sujeto actúa en forma antijurídica, pudiendo y debiendo actuar diversamente.
Función subjetiva de la Culpabilidad:
La culpabilidad además de constituir un elemento positivo, para la construcción técnica de la infracción, tiene como característica fundamental ser el elemento subjetivo del delito, refiriéndose pues a la voluntad del agente para la realización del acto delictivo. La culpabilidad radica pues, en la manifestación de voluntad del sujeto activo de la infracción penal que puede tomarse dolosa o bien culposa, dependiendo de la intención deliberada de cometer el delito, o bien de la comisión del delito por negligencia, imprudencia o impericia.
Naturaleza de la Culpabilidad: A este respecto se dan dos teorías.
Teoría Psicológica: Indica que la culpabilidad es la relación psíquica de causalidad entre el autor y el acto, o bien entre el autor y el resultado; es decir, el lazo que une al agente con el hecho delictivo es puramente psicológico; su fundamento radica en que el hombre es un sujeto de conciencia y voluntad, y de ésta depende que contravenga la norma jurídico o no.

Teoría Normativa No basta la relación psíquica entre el autor y el acto, sino que es preciso que ella de lugar a una valoración normativa, a un juicio de valor que se traduzca en reproche, por no haber realizado la conducta deseada. Sus aspectos fundamentales son:
* La culpabilidad es un juicio de referencia, por referirse al hecho psicológico;
* La culpabilidad es un hecho atribuible a una motivación reprochable del agente;
* La reprochabilidad de la conducta (activa u omisiva), únicamente podrá formularse cuando se demuestre la exigibilidad de otra conducta diferente a la emitida por el agente;
* La culpabilidad tiene como fundamentos, en consecuencia, la reprochabilidad y la exigibilidad.
Por lo tanto se puede decir que la naturaleza de la culpabilidad es subjetiva debido a la actividad psíquica del sujeto, formada por los motivos, las decisiones de voluntad que toma o deja de tomar el sujeto y los elementos subjetivos del injusto que de no computarse la culpabilidad no podrían ser imputados.

CONTENIDO O FORMAS DE LA CULPABILIDAD.
La culpabilidad como manifestación de la conducta humana dentro del delito, encuentra su expresión en dos formas básicas, EL DOLO Y LA CULPA, a estas dos formas podríamos agregar una expresión más siendo ésta la PRETERINTENCIONALIDAD. Estas las desarrollamos ampliamente a continuación:

EL DOLO:
Es la voluntad consiente dirigida a la ejecución de un hecho que es delictuoso. O sea que es propósito o intención deliberada de causar un daño.
CLASES DE DOLO: El artículo 11 del C.P. indica que delito doloso es cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Nuestra legislación lo clasifica así: Dolo Directo y Dolo Indirecto.
DOLO DIRECTO: Es cuando la previsión y la voluntad se identifican completamente con el resultado, (cuando el resultado ha sido previsto), llamado también dolo intencional o determinado.
DOLO INDIRECTO: Es cuando el resultado que no se quería causar directamente y que era previsible, aparece necesariamente ligado al hecho deseado y el sujeto activo ejecuta el acto, lo cual implica una intención indirecta.
DOLO EVENTUAL: Surge cuando el sujeto activo ha previsto y tiene el propósito de obtener un resultado determinado, pero a su vez preveé que eventualmente pueda ocurrir otro resultado y aún así no se detiene en la ejecución del acto delictivo.
DOLO DE LESION: Cuando el propósito deliberado del sujeto activo es de lesionar, dañar o destruir, perjudicar o menoscabar un bien jurídico tutelado.
DOLO PELIGROSO: Es cuando el propósito deliberado del sujeto activo no es precisamente lesionar un bien jurídico tutelado, sino ponerlo en peligro. Ej. Agresión.
DOLO GENERICO: Está constituido por la deliberada voluntad de ejecutar un acto previsto en la ley como delito.
DOLO ESPECIFICO: Está constituido por la deliberada voluntad de ejecutar un acto previsto en la ley como delito.
DOLO IMPETU: Es cuando surge imprevisiblemente en la mente del sujeto activo como consecuencia de un estado de animo.
DOLO DE PROPOSITO: Es el dolo propio que surge en la mente del sujeto activo con relativa anterioridad a la producción del resultado criminoso, existe un tiempo más o menos considerable, que nuestro Código denomina premeditación, como agravante. 
 	
LA CULPA.
Es el obrar sin la diligencia debida causando un resultado dañoso, previsible y penado por la ley. Proviniendo de un obrar lícito cuyo resultado antijurídico se basa en la negligencia, imprudencia o impericia del sujeto activo.
CLASES DE CULPA: El artículo 12 del C.P. indica que delito culposo es cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas, se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley.
LA IMPRUDENCIA: Es un obrar activo, dinámico, en el cual el sujeto activo, realiza una actividad y como consecuencia produce un resultado dañoso castigado por la ley.
LA NEGLIGENCIA: Es un obrar pasivo, estático, en el cual el sujeto activo no realiza un actividad que debería de realizar según lo aconseja las reglas de la experiencia, y como consecuencia de su inactividad, de su despreocupación o de su indiferencia produce un resultado dañoso, sancionado por la ley.
LA IMPERICIA: Es cuando el sujeto activo realiza una actividad sin la necesaria destreza, aptitud o experiencia que ella requiere, y como consecuencia se produce un resultado dañoso que la ley prevee y sanciona.
La doctrina nos indica las diferentes clases de culpa siguientes:
CULPA CON REPRESENTACION: LLamada también con previsión, es cuando el sujeto activo se representa un posible resultado dañoso de su comportamiento, pero confía en que dicho resultado no se producirá por su buena suerte, por su fe, o porque en última instancia podrá evitarlo.
CULPA SIN REPRESENTACION: Se le llama culpa sin previsión y se da cuando el sujeto activo ni siquiera se representa la producción de un resultado dañoso, habiéndose podido y debido preverlo. Es importante su análisis debido a que estos aspectos modifican la responsabilidad penal. Art. 65 C.P.
LA PRETERINTENCIONALIDAD O ULTRAINTENCIONALIDAD: Se refiere a no haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. El Código Penal en el artículo 26 inciso 6o. la plantea como un atenuante de la responsabilidad penal, así: No haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. En la doctrina se le considera un escaño intermedio entre el dolo y la culpa, y consiste en que el resultado de una conducta delictiva es mucho más grave que el que perseguía el sujeto activo, es decir, el agente quería intencionalmente causar un resultado dañoso, pero no de tanta gravedad como el que se produjo.
El resultado dañoso se da debido a las denominadas concausas que pueden ser concausas anteriores, son las circunstancias completamente independientes a la voluntad del agente que existen antes de la comisión del delito; concausas concomitantes o coexistentes, que son las que existen en el momento de la comisión del delito a las cuales denominan concausas posteriores.
Para que se dé el delito de preterintencionalidad necesita e cuatro requisitos siendo:
1.-	La voluntad del agente está dirigida a conseguir o producir un hecho típico y antijurídico;
2.-	La realización de un resultado final diferente del que ha querido el sujeto activo, superando la voluntad del agente;
3.-	Concordancia entre el resultado querido y el efectivamente conseguido, de tal manera que el resultado final sea del mismo género inicial;
4.-	Relación de causalidad entre la acción del sujeto activo y su resultado final, a manera que el resultado final pueda atribuirse al sujeto activo como obra suya aunque a título de culpa, si el nexo causal desaparece, el sujeto activo solamente responde del hecho directamente e independientemente querido.

Diferencia entre el Delito Doloso, Culposo y Preterintencional:
En el Delito Doloso, el sujeto activo actúa con mala fe, con propósito deliberado de causar daño;
En el Delito Culposo, no existe mala fe, ni propósito deliberado de causar daño, la acción inicial es lícita y el resultado dañoso se produce por negligencia, imprudencia o impericia;
En el Delito Preterintencional, la acción inicial del sujeto activo es ilícita y a pesar de que quiere producir un resultado dañoso, el que produce es mas grave de lo querido, por circunstancias ajenas a la voluntad del agente.

CAUSAS QUE EXCLUYEN LA CULPABILIDAD.
Opera cuando el elemento subjetivo del delito que es la voluntad del agente no existe o no está justificada, es el elemento negativo de la culpabilidad. Se contempla en 5 casos a saber:
a.-	Miedo Invencible: Cuando no se actúa de acuerdo a la libre voluntad se da la vís compulsiva, o sea un tipo de violencia psicológica o moral que influye directa y objetivamente en el ánimo del sujeto, que se ve amenazado de sufrir un daño igual o mayor al que se pretende que cause. En cuando al miedo, debe ser invencible, que no sea posible sobreponerse; y en cuanto al mal, debe ser real y que sea injusto.
b.-	Fuerza Exterior: Se refiere a la vís absoluta, o sea la violencia física o material que se torna en irresistible, ejercida directamente sobre la humanidad del sujeto activo, o sea que un tercero le hace obrar como un instrumento; existe falta de acción, la fuerza irresistible debe ser empleada directamente sobre el sujeto activo.
c.-	Error: Es un conocimiento equivocado, un juicio falso sobre algo; la importancia de esto es que el sujeto debe actuar con conocimiento y querer hacer, lo que hace o bien no haberlo sabido y querido, teniendo al menos la posibilidad de prever el carácter típicamente antijurídico de la acción por el realizada (culpa), este aspecto es conocido en nuestra legislación como legítima defensa putativa, que es un error en hecho (aberratio ictus), o error propio, que es cuando el sujeto activo rechaza una supuesta agresión contra su persona, al creerse realmente atacado, pero ésta solo ha existido en la mente del agente. De igual manera se habla del error de derecho que es una equivocación que versa sobre la existencia de la ley que describe una conducta como delictiva; nuestra ley la denomina ignorancia, y es atenuante (art. 26, num 9 C.P.), también denominado error impropio, es el error en el golpe, que es la desviación entre lo imaginado por el sujeto y lo efectivamente ocurrido, cuando va dirigido contra una persona, causando impacto en otra --error in personae-- art. 21. d.-	Obediencia Debida: Es cuando existe un actuar en cumplimiento de un deber jurídicamente fundado de obedecer a otra persona, y como consecuencia de ello aparece la comisión de un delito; opera esta eximente y se da la responsabilidad de quien ordenó el acto, pero el mandato no debe tener notoria infracción clara y terminante de la ley, debido a que si es ilícito, no es obligatorio; debe emanar de una autoridad superior al que se debe obediencia.
e.-	Omisión Justificada: Es la conducta pasiva en contra de una obligación de actuar que imponen algunas normas, cuando el sujeto se encuentra materialmente imposibilitado para hacerlo, quedando exento por inculpabilidad; pero esa causa debe ser legítima (real) e insuperable que impide el actuar.

8.-	CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD.
Al respecto y por la falta de unidad entre los tratadistas del presente tema, se han considerado dos vertientes las cuales son, que sí la punibilidad es un elemento positivo del delito o bien una consecuencia del mismo. Al respecto trataremos de analizar las dos de la forma siguiente:
La Punibilidad como Elemento del Delito: Se indica que la conducta típicamente antijurídica y culpable, para que constituya delito debe estar sancionada con una pena, y así la punibilidad resulta ser un elemento esencial del delito.
La Punibilidad como consecuencia del delito: Consideran que la acción típicamente antijurídica y culpable, al delito y la pena es solo una consecuencia de la misma acción.
El Licenciado De Matta Vela considera que a pesar que de alguna manera lo anteriormente indicado tiene razón en parte, se debe estudiar como un elemento relevante de la infracción, sin embargo depende de donde se estudie, por lo que si es en la Teoría General del Delito, debe hacerse como elemento positivo y si se hace dentro del campo de la penología, debe hacerse como consecuencia del delito.

DEFINICION.

AUSENCIA DE CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD. 
Caso Fortuito: Llamado también fuerza mayor, es un acaecimiento o sucedo imposible de evitar, que debe identificarse con un mero accidente, donde la responsabilidad penal no es imputable a nadie, por cuanto que el agente actuaba legalmente y a pesar de haber puesto la debida diligencia, se produjo un resultado dañoso de manera fortuita, no existió por tanto dolo. 	
Excusas Absolutorias: Son circunstancias que por razones de parentesco o por causas de política criminal del Estado, al darse liberan de responsabilidad penal al agente. Dentro de nuestra legislación se contemplan las siguientes:
Artículo 137 del Código Penal: El aborto terapéutico no es punible por razones de índole científica social en pro de la vida materna;
Artículo 139 del Código Penal: La tentativa de la mujer para causar su aborto y el aborto culposo propio, no son punibles por razones de maternidad consiente;
Artículo 172 del Código Penal: En los delitos contra el honor, el perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal o la pena, por razones de índole muy particular;
Artículo 200 del Código Penal: En los delitos de violación, abusos deshonestos, estupro y rapto, el legítimo matrimonio de la víctima con el ofensor, cuando lo aprueba el Ministerio Público, exime la responsabilidad penal o la pena, en su caso, por razones de índole social.
Artículos 232, 233, 234 y 235 Derogados del Código Penal
En los delitos de adulterio y concubinato, solo se imponía pena cuando existía querella a instancia del marido o mujer agraviada, pero el marido o mujer podían en todo tiempo personar la sanción impuesta a su consorte, en cuyo caso se tenía por perdonada la sanción del otro responsable.
Artículo 280 del Código Penal: Los hurtos y robos con fuerza en las cosas, estafa, apropiaciones indebidas y daños recíprocos, responden únicamente a la responsabilidad civil, cuando son cónyuges o personas unidas de hecho, ascendientes o descendientes consanguíneos o afines, consorte viudo respecto a las pertenencias del marido y hermanos, si viviesen juntos, por razones de copropiedad e integridad familiar.
Artículo 456 del Código Penal: Los que cometieren encubrimiento en favor de parientes, salvo que exista aprovechamiento o ayuda al delincuente sobre los efectos del delito, por razones de parentezco y utilidad social.
 
9.-	CLASIFICACION DE LOS DELITOS.
La clasificación doctrinaria la plantea así:
a.-	 Por su gravedad:
a.1.- * Delitos: Son infracciones graves a la ley	penal.
a.2.- * Faltas: Son infracciones leves a la ley penal.

b.- 	Por su estructura:
b.1.-Simples: Son los compuestos de los elementos descritos 		en el tipo, y violan un solo bien jurídico tutelado;
b.2.-Complejos: Son los que violan diversos bienes jurídicos 		y se integran con diversos tipos delictivos.

c.-  Por su resultado:
c.1.-Delitos de daño: Son los que efectivamente lesionan el 	bien jurídico tutelado, produciendo modificación en el 		mundo exterior;
c.2.-Delitos de peligro: Son los que proyectan a poner en 		peligro el bien jurídico tutelado;
c.3.-Delitos permanentes: Son los en que la acción del sujeto activo continúa manifestándose por un tiempo mas o menos largo.

d.-	Por su ilicitud y motivaciones:
d.1.-Comunes: Son aquellos que lesiona o ponen en peligro 		valores de la persona individual o jurídica,
d.2.-Políticos: Son aquellos que atacan o ponen en peligro 		el orden político del Estado;
d.3.-Sociales: Son aquellos que atacan o ponen en peligro el 		régimen social del Estado.

e.-	Por la forma de la Acción:
e.1.-Delitos de Comisión: En ellos la conducta humana 		consiste en hacer algo que infringe una ley 		prohibitiva.
e.2.-Delitos de Omisión: En ellos, la conducta humana consiste en un NO hacer algo, infringiendo una ley preceptiva, que ordena hacer algo.
e.3.-Delitos de Comisión por Omisión: En ellos la conducta 	humana infringe una ley prohibitiva, mediante la infracción de una ley preceptiva, es decir, son delitos de acción cometidos mediante una omisión.
e.4.-Delitos de Simple Actividad: Son aquellos, que no requieren de un cambio efectivo en el mundo exterior, es suficiente la simple conducta humana. Ejemplo participar en asociaciones ilícitas.	

f.-	Por su Grado de Voluntariedad o Culpabilidad:
f.1.-Dolosos: Es cuando ha existido propósito deliberado de 		causarlo por parte del sujeto;
f.2.-Culposos: Cuando sin existir propósito de cometerlo, 		éste se produce por imprudencia, negligencia o impericia del sujeto;
f.3.-Preterintencional: Cuando el resultado producido es mucho más grave que el pretendido por el sujeto.	

10.-	PLURALIDAD DE DELITOS.
Conocido como Concurso de Delitos, es cuando el mismo sujeto activo ejecuta varios hechos delictuosos, de la misma o de diferente índole, en el mismo o en distinto momento; pudiendo ser:
Concurso Ideal.(Formal) Se produce mediante 2 supuestos:
Cuando un solo hecho o acto delictivo sea constitutivo de dos o más delitos;
Cuando un delito sea medio necesario para cometer otro delitos.
La pena a aplicarse es de acuerdo a la absorción, por el cual la pena de mayor gravedad absorve a las menores.
Concurso Real.(Material) Surge cuando el sujeto activo ha realizado varias acciones, cada una de las cuales por separado es constitutiva de un delito, la pena a imponer es la acumulación de cada una de ellas, sin que sobrepase el máximo de 50 años de prisión.
Delito Continuado. Se da mediante una unidad de delitos, que se da cuando el sujeto activo, con unidad de propósito y de derecho violado, ejecuta en momentos distintos acciones diversas; cada una de las cuales, aunque integre una figura delictiva, son una ejecución parcial de un solo delito. La pena a aplicar será la correspondiente al delito cometido, aumentada en una tercera parte, con los límites máximos de 50 años de prisión y 200 mil quetzales de multa.

11.-	ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL DELITO.
En nuestro ordenamiento jurídico se denomina Circunstancias que modifican la responsabilidad penal, las cuales están contenidas en los artículos 26 y 27 del Código Penal.
La antijuricidad y la culpabilidad como elementos positivos del delito son susceptibles de sufrir cambios y varias en su intensidad, repercutiendo en la menor o mayor gravedad del hecho; estos son accidentales porque se den o no, el delito existe y solo deben observarse cuando forman parte integrantes del propósito o impulso del sujeto; la importancia de los mismos es demostrar el grado de peligrosidad social o sea la inadaptación o desacomodación del sujeto en la comunidad. En algunos delitos estas circunstancias son elementos sustanciales, como la premeditación y la alevosía en el asesinato.
El Código Penal, en sus artículos 26 y 27, se refiere a los mismos; y como finalidad última de los mismos tienen la fijación de la pena entre el mínimo y máximo que establece la ley penal en cada figura delictiva.	     

12.-	SUJETOS, OBJETO Y BIEN JURIDICO TUTELADO EN EL DELITO.
DEFINICION.
El drama humano del delito, se convierte en un drama penal, cuyos protagonistas constituyen los sujetos del delito; la doctrina generalmente se refiere a dos clases de sujetos: el primero que es, quien realiza o comete el delito y que recibe el nombre de sujeto activo, ofensor, agente o delincuente; el segundo que es, quien sufre las consecuencias del mismo y que recibe el nombre de sujeto pasivo, ofendido, paciente o inmediato; de tal manera que al hacer referencia a los sujetos del delito podrían emplearse cualesquiera de los nombres mencionados.
 
a.-	Sujetos del Delito:
Sujeto Activo del Delito:  Es el que realiza la acción, el comportamiento descrito en la ley; es toda persona que normativamente tiene la posibilidad de concretizar el contenido semántico de los elementos incluidos en el particular tipo legal, por lo que solo el ser humano es sujeto activo de delito; en cuanto a las personas jurídicas, el artículo 38 indica que son sus representantes quienes responde de los mismos.
Sujeto Pasivo del Delito: Es el titular del interés jurídicamente protegido, atacado por el delito, lesionado o puesto en peligro. El Estado y la Sociedad son sujetos Pasivos, cuando se atenta contra la seguridad interna o externa del Estado, o de la seguridad colectiva.
Pero es la persona humana individual, la considerada con el titular mayor de bienes jurídicos protegidos.
b.-	Objeto del Delito: Es todo ente corpóreo hacia el cual se dirige la actividad descrita en el tipo penal. Es todo aquello sobre lo que se concreta el interés jurídico que el legislador pretende tutelar en cada tipo, y al cual se refiere la conducta del sujeto activo. Su contenido son: las personas individuales o jurídicas, los animales y los objetos inanimados.
c.-	Bien Jurídico Tutelado en el Delito: Corresponde a los valores que son indispensables para el desarrollo y la convivencia social, y que el estado a través del Ius Puniendi le da protección.
Es el interés que el Estado pretende proteger a través de distintos tipos penales, interés que es lesionado o puesto en peligro por la acción del sujeto activo, cuando esta conducta se ajusta a la prescripción legal.

CONTENIDO:
Se distinguen dos clases de objetos jurídicos en el delito:
GENERICO:
Constituido por el bien o interés colectivo o social que el Estado como ente soberano tiende a conservar, apareciendo en toda clase de delitos.
ESPECIFICO:
Constituido por el bien o interés del sujeto pasivo. Los sujetos (Activo y Pasivo), el objeto (material) y el bien jurídico tutelado (objeto jurídico), juegan el papel de presupuestos indispensables para la conformación real del delito.

13.-	LA PARTICIPACION EN EL DELITO.
AUTORES.
Es quien realiza el tipo del injusto definido en la ley como delito y cuando se queda en el grado de tentativa es quien ha realizado todos aquellos actos que suponen evidentemente un principio de ejecución del mismo. Se habla de autoría mediata, cuando el sujeto se vale de otra persona para ejecutar el hecho, haciéndose referencia a la fuerza física que se ejerce sobre el otro sujeto; la inducción directa que es persuadir y promover la comisión del delito. Artículo 36 del C.P.
COMPLICES.
Integrada por un conjunto de actos que no son necesarios ni determinantes directamente para la ejecución del delito, pudiéndose prescindir de ello. Artículo 37 C.P.
COAUTORES.
Es la participación e intervención igualitaria, más o menos, de dos o más personas, todas como autores inmediatos, sin que sus conductas dependan de la acción de un tercero, bien que realicen las mismas acciones, o bien que se dividan las necesarias para la comisión del hecho. Los artículos 39 y 40 regulan lo relativo a la responsabilidad penal como autores o complices en el delito de muchedumbre.
ENCUBRIMIENTO.
Es una figura delictiva independiente, tal y como se regula en los artículos 474 y 475 del C.P.

	LA   PENA

DEFINICION Y FINES DE LA PENA EN UN ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO.

En la edad media es cuando aparece la pena como una potestad del Estado. En la actualidad se le concibe como aquellas restricciones y privaciones de bienes jurídicos, señalados específicamente en la ley penal; cualquier otro tipo de sanción que no provenga de la ley penal no es considerada como pena para los efectos del derecho penal.
El fin último de la pena es negar el delito, en el sentido de anular el desorden contenido en la aparición del mismo, reafirmando la soberanía del Derecho sobre el individuo. Se dice entonces que el origen y significado de la penal tiene íntima relación con el origen y significado del delito, debido a que es el presupuesto indispensable para su existencia.

DEFINICION:
Es una consecuencia eminentemente jurídica y debidamente establecida en la ley, que consiste en la privación o restricción de bienes jurídico, que impone un órgano jurisdiccional competente en nombre del Estado, al responsable de un ilícito penal.
Caracteristicas:
ES UN CASTIGO: 
Debido a que aunque no se quiera, la pena se convierte en castigo para el condenado al privarle o restringirle de sus bienes jurídicos, sufrimiento que puede ser físico, moral o espiritual.
ES DE NATURALEZA PUBLICA:
Debido a que solamente al Estado corresponde la imposición y ejecución de la pena.
ES UNA CONSECUENCIA JURIDICA:
Debido a que debe estar previamente determinada en la ley penal, y solo la puede imponer un órgano jurisdiccional competente al responsable mediante un proceso preestablecido en la ley.
DEBE SER PERSONAL:
Solamente debe sufrirlo un sujeto determinado, solamente debe recaer sobre el condenado, debido a que nadie puede ser castigado por hechos cometidos por otros.
DEBE SER DETERMINADA:
La pena debe esta determinada en la ley penal, el condenado no debe sufrir mas de la pena impuesta que debe ser limitada.
DEBE SER PROPORCIONAL:
Si la pena es la reprobación a una conducta antijurídica, ésta debe ser en proporción a la naturaleza y a la gravedad del delito, atendiendo los detalles particulares del mismo debido a que no existe dos casos iguales en materia penal.
DEBE SER FLEXIBLE:
Debe existir la posibilidad de revocación o reparación, mediante un acto posterior, en el caso de error, debido a que el juzgador siempre es un ser humano con la posibilidad constante de equivocarse; ya que debe ser la pena proporcionada y se puede graduar entre un mínimo y un máximo de acuerdo al artículo 65 del C.P.
DEBE SER ETICA Y MORAL:
La pena debe estar encaminada a hacer el bien para el delincuente, por lo que no debe convertirse en una venganza del Estado en nombre de la sociedad; debe tender a reeducar, a reformar, a rehabilitar al delincuente.

SU NATURALEZA Y SUS FINES
La naturaleza de la pena es pública, porque sólo el Estado puede crearla, imponerla y ejecutarla, debido al Ius Puniendi, pero este poder está limitado por el principio de legalidad (nullun crimen, nulla pena sine lege), ya que si no está previamente determinado en la ley no puede imponerse ninguna pena.
En cuanto a los fines, aparte de la función retributiva, debe asignarsele un fin de utilidad social que debe traducirse en la objetiva prevención del delito y la efectiva rehabilitación del delincuente.
Tanto el fundamento como los fines de la pena son enfocados por 3 teorías así:
TEORIA DE LA RETRIBUCION:
Sostiene que la culpabilidad del autor debe compensarse mediante la imposición de un mal penal, con el objeto de alcanzar la justicia. Se fundamenta en el castigo retributivo.
TEORIA DE LA PREVENCION ESPECIAL:
Sostienen que la pena es una intimidación individual que recae únicamente sobre el delincuente con el objeto de que no vuelva a delinquir; pretende prevenir la comisión de nuevos delitos.
TEORIA DE LA PREVENCION GENERAL:	
Sostienen que la advertencia no debe ir encaminada solamente en forma individual, sino de tipo general a todos los ciudadanos, intimidandolos sobre las consecuencias perniciosas de su conducta antijurídica.

LA PUNIBILIDAD, LA PUNICION Y LA PENA.
La Punibilidad:  Es la abstracta descripción de la pena que plasma como una amenaza de prevención general, el legislador en la ley penal. O sea que es la determinación de la sanción en la ley penal.
La Punición: Es la fijación de la particular y concreta privación o restricción de bienes al autor del delito, realizada por el juez para reafirmar la prevención general o determinada cuantitativamente por la magnitud de la culpabilidad. O sea que es la imposición judicial de una pena.
La Pena: Es la real privación o restricción de bienes del autor del delito, que lleva a cabo el órgano ejecutivo para la prevención especial, determinada en su máximo por la culpabilidad y en su mínimo por la personalización. O sea que la pena consiste en la ejecución de la punición impuesta por el Juez en su sentencia condenatoria.

LA DEFENSA SOCIAL Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE.

CLASIFICACION DE LAS PENAS.
Las penas se clasifican en: Principales y Accesorias. Art. 41 y 42 del Código Penal, las cuales consideramos son las mas importantes.
Son Principales: La de muerte, la de prisión, la de arresto y la multa.
Son Accesorias: La inhabilitación absoluta o especial, el comiso, la perdida de los objetos o instrumentos del delito, la expulsión de extranjeros del territorio nacional, el pago de costas y gastos procesales, la publicación de sentencias y todas aquellas que otras leyes señalan.
Al respecto de la pena de muerte, se puede indicar que tiene carácter extraordinario y se aplica solo por los delitos señalados en la ley, regulados en los artículos 131, 132, 175, 201 y 383 del Código Penal. La pena de muerte, consiste en la eliminación física del delincuente, debido a la gravedad del delito cometido y la peligrosidad criminal del mismo. Al respecto de esta pena, se dan argumentos a favor de que se continúa con esta práctica y otros que sea abolido, así:
Teoría Abolicionista:
Los exponentes de esta teoría, analizan la cuestión desde dos puntos de vista: Moral y Jurídico.
Punto de Vista Moral: La pena de muerte es un acto impío, al imponerse se arrogan calidades de omnipotencia divina; es un acto contrario a los principios de la sociabilidad humana; va en contra de la conciencia colectiva, por el desprecio que se manifiesta al verdugo en forma universal.
Punto de Vista Jurídico: Carece de eficacia intimidatoria en general, en relación con ciertos delincuentes, carece de toda eficacia, debido a que se convierte en un riego profesional; el espectáculo de la ejecución produce en las masas un estado desmoralizador; su aplicación es escasa en proporción; la pena de muerte es irreparable; carece de divisibilidad y proporcionalidad; no es correccional.
Teoría Antiabolicionista: Sus argumentos son:
El particular que se defiende legítimamente, puede quitar la vida, el Estado debe también tener igual derecho contra el que le ataca;
Es un procedimiento excelente y único de selección que asegura perpetuamente a la sociedad contra el condenado y una saludable mejora de la raza;
Ahorra a la sociedad el mantenimiento de un ser que le es enemigo;
Es una justa retribución contra los delitos contra la vida;
La pena de muerte es menos cruel que las privaciones de libertad.
Teoría Ecléctica:  Indica que la pena de muerte no debe aplicarse en tiempo de normalidad, pero si en circunstancias extremas de descomposición social, por cuanto la pena capital, constituye un acto de legítima defensa por parte del poder público. Para su aplicación deben darse los supuestos siguientes:
Solo ha de aplicarse cuando se trate de delitos gravísimos;
La existencia de plena prueba y humanamente cierta la culpabilidad del condenado;
Su ejecución debe ser de modo que haga sufrir menos al delincuente;
No aplicarse en presencia del pueblo, para evitar que excite la crueldad de las almas.
En nuestro país se sigue la corriente ecléctica.

La clasificación general de las penas se pueden indicar de la siguiente forma:
1.-	Atendiendo al fin que se proponen:
*Intimidatorias: Son las que tienen por objeto la prevención individual, influyendo directamente sobre el animo del delincuente, para que no vuelva a delinquir.
*Correccionales o Reformatorias: Son las que tienen por objeto la rehabilitación, la reforma, la reeducación del reo para incorporarse a la vida social.
*Eliminatorias: Son las que tienen por objeto la eliminación del delincuente considerado incorregible y sumamente peligroso.
2.-	Atendiendo a la Materia sobre la que recaen y el Bien Jurídico que priva o restringe:
*Pena Capital: La cual es la mas severa y ya explicamos.
*Pena Privativa de Libertad: Consiste en la prisión o arresto, que priva al reo de su libertad de movimiento, le limita el derecho de locomoción y movilidad del condenado, encerrándolo en una prisión.
*Pena Restrictiva de Libertad: Son aquellas que limitan o restringen la libertad del condenado al destinarle un específico lugar de residencia: La detención domiciliaria.
*Pena Restrictiva de Derechos: Son las que restringen o limitan ciertos derechos individuales, civiles o políticos. Art. 56 al 59 del Código Penal.
*Pena Pecuniaria: Son las penas de tipo patrimonial que recaen sobre la fortuna del condenado, tal el caso de la multa y el comiso.
*Penas Infamantes y Penas Aflictivas: Las infamantes privan o lesionan el honor y la dignidad del condenado. Las aflictivas son de tipo corporal que causan dolor o sufrimiento.
3.-	Atendiendo a su magnitud, las penas pueden ser:
* Penas Fijas o Rígidas: Son aquellas que se encuentran muy bien determinadas en forma precisa e invariable en la ley, no existiendo ninguna posibilidad de graduarlas.
* Penas Variables, Flexibles o Divisibles: Son aquellas que se encuentran determinadas en la ley penal, dentro de un máximo y un mínimo.
* Pena Mixta: Es cuando se aplica dos clases de pena: prisión y multa.
* Penas Temporales y Perpetuas: Son temporales aquellas que tienen un tiempo de duración cierto y determinado. Son perpetuas aquellas indeterminadas en su duración y sólo terminan con la muerte del condenado.
4.-	Atendiendo a su importancia y al modo de imponerlas las penas son:
* Penas Principales: Son las que gozan de autonomía en su imposición.
* Penas Accesorias: Son las que no gozan de autonomía en su imposición.

LA CONMUTA: Es un beneficio que se otorga al condenado por medio de la cual la pena de prisión cuando ésta no exceda de cinco años y la pena de arresto en todos los casos, se puede convertir en pena de multa. En caso contrario, cuando el condenado con multa fuere insolvente, la pena se transformará en prisión, que nunca deberá exceder de 3 años.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.
El significado fundamental de las medidas de seguridad radica en la prevención del delito, y pueden aplicarse simultáneamente con la pena, o bien independientemente de ella.

Definicion.
Son los medios o procedimientos que utiliza el Estado en pro de la defensa social, identificandola con fines reeducadores y preventivos, apartándola de la retribución y el castigo que identifica a la pena.
Son medios de defensa social utilizados por el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes, que tienen por objeto la prevención del delito y la rehabilitación de los sujetos con probabilidades de delinquir.

Características:
1.-	Medios o procedimientos que utiliza el Estado:
Corresponde exclusivamente al Estado la imposición de las medidas de seguridad por conducto de los órganos jurisdiccionales.
2.-	Tienen un fin preventivo, rehabilitador, no retributivo:
Se trata de evitar los delitos mediante la educación, corrección y curación de los sujetos con probabilidades de delinquir.
3.-	Son un medio de defensa social:
Debido a que su imposición depende de la peligrosidad del sujeto y no de la culpabilidad.
4.-	Puede aplicarse a peligrosos criminales y peligrosos sociales: Se aplica al que ha delinquido y presenta peligrosidad, también al que presenta probabilidades de hacerlo.
5.-	Su aplicación es por tiempo indeterminado:
Por lo que solo se reforma o revoca cuando efectivamente ha desaparecido la causa del estado peligroso. Art. 85 C.P.
6.-	Responde al principio de legalidad:
Solo se pueden imponer las establecidas en la ley.

Naturaleza y Fines de las medidas de seguridad.
Al respecto se indica que pueden ser de carácter judicial o administrativo, prevaleciendo el primer criterio, al indicar que sólo podrán decretarse por los tribunales de justicia en sentencia condenatoria o absolutoria por delito o falta. Art. 86 Código Penal.
La mayor discusión acerca de su naturaleza jurídica es respecto de si tiene diferencia con las penas o no; al respecto se dan varias teorías:
Teoría Unitaria o Doctrinaria de la Identidad: Indican que las penas y las medidas de seguridad no tienen diferencias sino una similitud inmediata del delito, se traducen en privación y restricción de los derechos o bienes jurídicos.
Teoría Dualista o doctrinas de la Separación:  Generalmente es la más aceptada, indicando que existen sustanciales diferencias entre las penas y las medidas de seguridad, indicando que las primeras son retribución o castigo por el delito cometido, y las segundas son puramente preventivas; sostienen que las diferencias principales son:
*La pena representa un castigo o daño al delincuente, la medida de seguridad tiende a su readaptación;
*La pena es consecuencia de la comisión de un delito, aplicándola en relación a su gravedad, la medida de seguridad se impone en razón al estado o condición del individuo;
*La pena se aplica al comprobarse la culpabilidad del autor del delito, la medida de seguridad es independiente de la culpabilidad.

Clases de medidas de seguridad.
*Medidas de Seguridad:  Son las que se aplican como complemento de la pena en atención a la peligrosidad criminal del delincuente.
*Medidas de Prevención: No dependen de la comisión de un delito, se imponen en atención a la peligrosidad social del sujeto con fin profiláctico.
*Medidas Curativas: Son las que tienen por objeto el tratamiento clínico-psiquiátrico de los sujetos inimputables.
*Medidas Reeducativas o Correccionales: Son aquellas que pretenden la reeducación, la reforma del individuo, su rehabilitación en sentido amplio con el fin de adaptarlo nuevamente a la sociedad.
*Medidas Eliminatorias, de Segregación o de Protección Estricta: Son las que tratan de eliminar de la sociedad a sujetos inadaptables a ella, como los delincuentes habituales.
*Medidas Privativas de Libertad: Son las que privan o coartan la libertad de locomoción del sujeto que la sufre.
*Medidas No Privativas de Libertad: Son las que a pesar de sujetar obligatoriamente al individuo, no coartan en forma absoluta su libertad de locomoción. Ejem Libertad vigilada.
*Medidas Patrimoniales: Son las que recaen directamente sobre el patrimonio. Ej. Caución de buena conducta.

Clasificación Legal:
Según el artículo 88 del Código Penal, son:
*Privativas de Libertad:
Internamiento en establecimientos psiquiátricos;
Internamiento en Granjas Agrícolas, Centro Industrial u otro 	análogo;
Internamiento en establecimiento educativo o de tratamiento 	especial.
*Restrictivas de Libertad:
Libertad Vigilada;
Prohibición de residir en lugar determinado;
Prohibición de concurrir a determinados lugares.
*Patrimonial:
Caución de buena conducta.

LA PELIGROSIDAD COMO PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Se define a la peligrosidad como una elevada probabilidad de delinquir en el futuro, y al aplicarse al delincuente se dan dos situaciones:
*Se refiere a delincuentes que sin cometer delito se encuentran próximos a realizarlo, o sea peligrosidad predelictual o antidelictual, a los que ha de aplicarse medidas preventivas;
*Los delincuentes que presentan la posibilidad de volver a delinquir, denominada peligrosidad postdelictual o peligrosidad criminal, a los que ha de aplicarse las medidas de seguridad.
Los indices de peligrosidad considerados por nuestra legislación son los encontrados en el artículo 87 del Código Penal, el artículo 86 indica quien y en que forma deben ser aplicados.

SUSTITUTIVOS DE LA PENA.
Son medios que utiliza el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales encaminados a sustituir la pena de prisión, atendiendo a una política criminal con el fin de resocializar al delincuente.
CLASIFICACION DOCTRINARIA:
*Restrictivas de libertad, dividida así:
La semilibertad: consistente en que el penado sale de la prisión por la mañana a trabajar al exterior y regresa por la tarde, pasando las noches, fines de semana y días de feriado en prisión.
Arresto de fin de semana: Los 5 días de la semana permanece fuera con su familia y trabajando, y vuelve los fines de semana a la prisión.
Confinamiento: Es la obligación de residir en determinado lugar y no salir de el.
Arresto domiciliario: Consiste en la obligación de permanecer dentro de su domicilio por un tiempo determinado.
*No privativas de libertad,  dividida así:
Pecuniaria: Consistentes en multas, comiso y reparación del daño causado.
Destierro: Se expulsa al delincuente del territorio nacional.
Amonestación: Simple advertencia al sujeto para que no vuelva a delinquir.
Condena condicional: Es la suspensión condicional de la pena.
Probatión: Es un método de tratamiento de delincuentes especialmente seleccionados que consiste en la suspensión condicional de la pena, siendo el delincuente colocado bajo una vigilancia personal que le proporciona guía y tratamiento.
Parole: Es la libertad condicional de un recluso, una vez ha cumplido con una parte de la condena.
CLASIFICACION LEGAL:
Suspensión Condicional de la Pena. Art. 72 C.P.
Perdón Judicial. Art. 83 C.P.
En la suspensión condicional de la pena, esta se suspende por un tiempo determinado; en el perdón judicial la pena se extingue.
Libertad Condicional. Art. 78 al 82 C.P.. Solo puede otorgarse por la Corte Suprema de Justicia con información del Patronato de Cárceles y Liberados.

CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD PENAL.
Definición.
Son determinadas circunstancias que sobrevienen después de la comisión del delito y anulan la acción penal o la pena.
Clasificación.
La responsabilidad penal se extingue:
a) Muerte del Procesado o reo.
b) Amnistía.
c) Perdón del ofendido, en los casos en que la ley lo 	  	 	   permita expresamente.
d) Por Prescripción.
e) Por cumplimiento de la pena.
f) Por Indulto.
Artículo 102 del Código Penal.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO.
Como consecuencia del delito, es la reparación e indemnización de daños y perjuicios por parte del sujeto activo a favor del sujeto pasivo.
Definición.
Es la obligación que compete al delincuente o a determinadas personas relacionadas con él mismo, de indemnizar a la víctima del delito de daños y perjuicios sufridos con ocasión del hecho punible.
Naturaleza Jurídica:
Es la de reparador del orden jurídico perturbado por el delito, restablecer el derecho lesionado en todas las esferas y puntos a donde la violencia llegó. Art. 112 al 119 C.P.
Clases. Acciones relativas a la responsabilidad.
* Restitución:  La cual debe hacerse de la misma cosa, siempre que fuere posible, con abono del deterioro o menoscabo a juicio del Tribunal y aunque la cosa se hallare en poder de un tercero que la haya adquirido legalmente. Art. 120 C.P.
* Reparación de los daños materiales y morales: Los daños materiales no presentan problemas a efecto de su valoración y reparación; en cuanto a los morales se clasifican así: los que causan una perturbación de carácter económico, con el descrédito, etc.; en este caso la valoración se hace tomando en cuenta las consecuencias patrimoniales. Los daños morales que se limitan al dolor, la angustia, la tristeza, se indica que la determinación de las modificaciones producidas en nuestros goces para obtener los medios para procurarse nuevos goces que compensen los arrebatos por el hecho delictuoso.
* La indemnización de perjuicios: El perjuicio se identifica con la ganancia lícita que se deja de obtener a los gastos que ocasiona una acción u omisión ajena, culposa o dolosa; el daño recae directamente sobre el patrimonio, el deterioro del mismo y el perjuicio viene del daño causado.
REMISION A LEYES CIVILES: El artículo 122 del Código Penal indica que lo no establecido, se aplicarán las disposiciones que sobre la materia contiene el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil.

	FIN DE DERECHO PENAL.
	ESTE ES EL MATERIAL QUE DEBE DE ESTUDIARSE PARA SOMETERSE AL 
	EXAMEN TECNICO PROFESIONAL. 
  Guatemala, 18 de diciembre de 1,997        	 

Excusas Absolutorias: Son circunstancias que por razones de parentesco o por causas de política criminal del Estado, al darse liberan de responsabilidad penal al agente. Dentro de nuestra legislación se contemplan las siguientes:
Artículo 137 del Código Penal: El aborto terapéutico no es punible por razones de índole científica social en pro de la vida materna;
Artículo 139 del Código Penal: La tentativa de la mujer para causar su aborto y el aborto culposo propio, no son punibles por razones de maternidad consiente;
Artículo 172 del Código Penal: En los delitos contra el honor, el perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal o la pena, por razones de índole muy particular;
Artículo 200 del Código Penal: En los delitos de violación, abusos deshonestos, estupro y rapto, el legítimo matrimonio de la víctima con el ofensor, cuando lo aprueba el Ministerio Público, exime la responsabilidad penal o la pena, en su caso, por razones de índole social.
Artículos 232, 233, 234 y 235 Derogados del Código Penal
En los delitos de adulterio y concubinato, solo se imponía pena cuando existía querella a instancia del marido o mujer agraviada, pero el marido o mujer podían en todo tiempo personar la sanción impuesta a su consorte, en cuyo caso se tenía por perdonada la sanción del otro responsable.
Artículo 280 del Código Penal: Los hurtos y robos con fuerza en las cosas, estafa, apropiaciones indebidas y daños recíprocos, responden únicamente a la responsabilidad civil, cuando son cónyuges o personas unidas de hecho, ascendientes o descendientes consanguíneos o afines, consorte viudo respecto a las pertenencias del marido y hermanos, si viviesen juntos, por razones de copropiedad e integridad familiar.
Artículo 456 del Código Penal: Los que cometieren encubrimiento en favor de parientes, salvo que exista aprovechamiento o ayuda al delincuente sobre los efectos del delito, por razones de parentezco y utilidad social.

PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL PENAL I

	Primera Parte:

	CONCEPTOS BASICOS:

1.	PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE INFORMAN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO.

1.1. Conceptos: Es usual que en el medio forense se utilice indistintamente como sinónimos los conceptos jurídicos de Derechos, garantías y principios. Sin embargo, los unos se diferencias de los otros, por cuanto que, procesalmente hablando, los derechos son normas de carácter subjetivo que dan facultades de exigir su aplicación; las garantías están concebidas en función de proteger que los derechos establecidos en favor de todo ciudadano sean respetados dentro de toda relación procesal; y, los principios, inspiran y orientan al legislador para la elaboración de las normas o derechos, les sirven al juez para integrar el derecho como fuente supletoria, en ausencia de la ley; y, operan como criterio orientador del juez o del intérprete.
Características: Según el autor guatemalteco, José Mynor Par Usen, "las garantías, pues, son medios técnicos jurídicos, orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. Entre estos derechos y garantías constitucionales, se pueden citar las siguientes: derecho a un debido proceso, derecho de defensa, derecho a un defensor letrado, derecho de inocencia, a la igualdad de las partes, a un Juez natural, a la improcedencia de la persecución penal múltiple, a no declarar contra sí mismo, a un Juez independiente e imparcial y al de legalidad entre otros.
Derecho al Debido Proceso: La primera de las garantías del proceso penal es la que se conoce como "juicio previo" o debido proceso; por el cual no se puede aplicar el poder penal del Estado si antes no se ha hecho un juicio, es decir, si el imputado no ha tenido oportunidad de defenderse, si no se le ha dotado de un defensor, si no se le ha reconocido como "inocente" en tanto su presunta culpabilidad no haya sido demostrada y se le haya declarado culpable. (Art. 12 Constitucional y 4 segundo párrafo de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de C.);
Derecho De Defensa: El derecho constitucional de defensa en los procesos es uno de los más elementales y al mismo tiempo fundamentales del hombre, y su reconocimiento, forma parte imprescindible de todo orden jurídico y de cualquier Estado de derecho. Este derecho corresponde al querellante como al imputado, a la sociedad frente al crimen como al procesado por éste. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 2 inciso d), señala que el inculpado tiene derecho a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. (Art. 12 Constitucional)
Derecho a un Defensor Letrado: La Constitución en el artículo 8 prescribe que todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sea comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales.
Derecho de Inocencia o no Culpabilidad: El artículo 14 de la Constitución establece: Toda persona es inocente, mientras no se le haya declaro responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada.
Derecho a la Igualdad de las Partes: El fundamento legal de este derecho se encuentra en el artículo 4 de la Constitución que reza: En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos.
Derecho a un Juez Natural y Prohibición de Tribunales Especiales: El artículo 12 de la Constitución en su último párrafo indica: Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Se entiende por Juez natural o Juez legal, aquel dotado de jurisdicción y competencia.
Derecho a no Declarar Contra sí mismo: Esta garantía procesal encuentra su fundamento en el artículo 16 de la Constitución, que establece: En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra si misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley.
La Independencia Judicial Funcional: La Constitución en el artículo 203 establece: Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes.
La Garantía de Legalidad: Esta garantía está expresamente regulada en la norma constitucional 17 que dice: No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración.

2.	DECLARACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
2.1. Conceptos:

Características:

2.2. Su influencia en el Derecho Penal Guatemalteco.

3.	PRINCIPIOS Y GARANTIAS QUE FUNDAMENTAN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO.
3.1. Principios y Garantías. Los principios procesales, tienen relación directa con las garantías o derechos constitucionales que ya fueron indicados. "Son un conjunto de pautas, sistemas y líneas jurídicas, que la legislación regula, para orientar a las partes y al juez, dentro de la substanciación del proceso penal, desde un acto de iniciación hasta su finalización. 
	LOS PRINCIPIOS GENERALES
Los principios generales e informadores del Código Procesal Penal guatemalteco, implantado por el Decreto Legislativo 51-92, son los siguientes:
1. Equilibrio;			2. Desjudicalización;	3. Concordia;
4. Eficacia;			5. Celeridad;			6. Sencillez;
7. Debido Proceso;		8. Defensa;			9. Inocencia;
10 Favor rei;			11 Favor libertatis;	
12 Readaptación social;  13 Reparación civil;

1. PRINCIPIO DE EQUILIBRIO: Este persigue:
*	Concentrar recursos y esfuerzos en la persecución y sanción efectiva de la delincuencia, y enfrentar las causas que generan el delito;
*	Proteger las garantías individuales y sociales consagradas por el derecho moderno;
*	Paralelamente a la agilización, persecución y sanción de la delincuencia, y con igual importancia, se mejora y asegura el respeto de los Derechos Humanos y la dignidad del procesado, equilibrando el interés social con la individualidad.

2. PRINCIPIO DE DESJUDICIALIZACION: Las sociedades modernas descubrieron o, mejor dicho, debieron aceptar la imposibilidad de la omnipresencia judicial. La avalancha de trabajo obliga a priorizar, pues es materialmente imposible atender todos los casos por igual, ya que algunos tienen trascendencia social y otros no. Para permitir que los asuntos de menor importancia puedan ser tratados de manera sencilla y rápida fue necesario replantear las teorías del derecho penal sustantivo referentes a los delitos públicos. Surgió así la teoría de la tipicidad relevante, que obliga al Estado a perseguir (prioritariamente) los hechos delictivos que producen impacto social.
Los delitos menos graves, de poca o ninguna incidencia social, muchos de ellos conocidos en la práctica jurídica como asuntos de bagatela, son consecuentemente tratados en diferentes países de manera distinta. Estas fórmulas de despenalización debieron ser adecuadas a la realidad nacional, puesto que en un país donde existen índices altos de pobreza, un acto delictivo de poca incidencia social puede ser de gran trascendencia individual; su desatención puede provocar la sensación de cierre de las vías judiciales y, por tanto, la utilización de la fuerza bruta y el deseo de justicia por propia mano. La desjudicialización y el tratamiento especial de delitos de menor trascendencia facilita el acceso a la justicia y simplifica los casos sencillos.
El Código Procesal Penal establece cinco presupuestos en los que es posible aplicar este principio:

a) Criterio de Oportunidad;
b) Conversión;
c) Suspensión condicional de la persecución penal;
d) Procedimiento Abreviado;
e) Mediación.

	CRITERIO DE OPORTUNIDAD:
Procede cuando el Ministerio Público considera que el interés público o la seguridad ciudadana NO están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, en los casos siguientes:

1.	Si se trata de delitos no sancionados con pena de prisión;
2.	Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular;
3.	En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a cinco años;
4.	Que la responsabilidad del sindicado o sus contribución a la perpetración del delito sea mínima;
5.	Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada;
6.	A los cómplices o autores de delito de encubrimiento que preseten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como los casos de plagio o secuestro.
El Criterio de Oportunidad se encuentra regulado por el artículo 25 del Código Procesal Penal, reformado por el artículo 5 del Decreto 79-97 del Congreso de la República.

	CONVERSION:
Mecanismo por el cual ciertas acciones de ejercicio público de ningún impacto social, o derivadas de delitos contra el patrimonio se transforman en privadas y se reserva el impulso procesal a la voluntad de los agraviados.
Procede Cuando:
*	Se trata de los casos previstos para aplicar el criterio de oportunidad;
*	En cualquier delito que requiera denuncia a instancia particular;
*	En cualquier delito contra el patrimonio, cuando así se solicite.
La Conversión se encuentra regulada en el artículo 26 del Código Procesal Penal.

	SUSPENSION CONDICIONAL DE LA
	PERSECUCION PENAL:

FUNDAMENTACION DE SU EXISTENCIA

?	Suspensión del proceso penal bajo la condición de buena conducta y de no volver a delinquir;
?	Por razones de economía procesal y evitar presión innecesaria, cuando exista confesión y durante un régimen de prueba que implica la vigilancia de la libertad concedida; la causa queda en receso por un período comprendido entre 2 a 5 años, transcurrido el período fijado sin que el imputado cometa un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal.

PROCEDE CUANDO:

1º	En los casos en que de llegar a sentencia, podría aplicarse la suspensión condicional de la pena;
2º	Cuando se ha reparado las responsabilidades civiles o se garantiza la reparación a satisfacción del agraviado;
3º	Que el beneficiado no haya sido condenado con anterioridad por delito doloso;
4º	Cuando la pena posible a imponer no exceda de cinco años; y,
5º	En caso de delitos culposos.

La suspensión condicional de la persecución penal se encuentra regulada en el Artículo 27 del Código Procesal Penal, reformado por el artículo 10 del Decreto 79-97 del Congreso de la República.

	PROCEDIMIENTO ABREVIADO:

PROCEDE CUANDO:

1º	En los casos en que el Ministerio Público considere suficiente la imposición de una pena de prisión no mayor de 2 años o pena no privativa de libertad o ambas;
2º	Disposición del Ministerio Público para la utilización de este procedimiento;
3º	Aceptación del imputado del hecho descrito en la acusación y de su participación en el; y,
4º	Aceptación del imputado y de su defensor para usar esta vía.
EXCEPCIONES A LAS REGLAS GENERALES:

a)	Es el único caso en que el Juez de Primera Instancia dicta sentencia;
b)	La confesión tiene validez como medio de prueba; y,
c)	No hay acumulación de acción civil, pues ésta se tramita de manera independiente ante el Tribunal competente.

El Procedimiento Abreviado lo encontramos regulado en los artículos del 464 al 466 del Código Procesal Penal.

	MEDIACION:
Forma de resolver el conflicto social generado por el delito mediante el acuerdo y conciliación entre el autor del hecho y el agraviado, con la aprobación del M. P. o del síndico municipal; podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados en la C.S. de Justicia.

PROCEDE CUANDO:

1º	En delitos perseguibles mediante instancia de parte;
2º	En delitos perseguibles por acción privada; y
3º	En delitos en que procede el Criterio de Oportunidad excepto en el caso del numeral 6º del artículo 25 del Código Procesal Penal (esto es, no se puede aplicar la mediación a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro).

La Mediación la encontramos regulada en los artículos 8 y 50 del Decreto 79-97 del Congreso de la República, que creó el artículo 25 Quáter del Código Procesal Penal.

3. PRINCIPIO DE CONCORDIA:

Tradicionalmente, en el derecho penal, la concordia o conciliación entre las partes, es posible únicamente en los delitos privados. Las exigencias y necesidades del Derecho penal moderno han llevado a la consideración y revisión de los planteamientos que impedían tal actividad en los delitos públicos de poca o ninguna incidencia social. De tal manera que la falta de peligrosidad del delincuente, y siempre que se trate de delincuente primario, así como la naturaleza poco dañina del delito, han llevado a plantear la posibilidad del avenimiento entre las partes como satisfacción del interés público.
No se trata de cualquier clase de convenio, sino del acto jurídico solicitado por el Ministerio Público o propiciado por el juez, que tiene por fin extinguir la acción penal y en consecuencia, evitar la persecución, en los casos en que el sindicado y los agraviados lleguen a acuerdos sobre las responsabilidades civiles y a compromisos para evitar recíprocamente ofensas o molestias. Este principio está presente en aquella serie de disposiciones de desjudicialización que pretenden buscar soluciones sencillas a los casos de menor trascendencia; se trata de una figura intermedia entre un compromiso arbitral, un contrato de transacción y una conciliación judicial tradicional: a) Avenimiento de las partes con la intervención del Ministerio Público o del juez; b) Renuncia de la acción pública por parte del órgano representativo de los intereses sociales; y, c) Homologación de la renuncia de la acción penal ante el juez. (Ver Artículos 25 Ter y 25 Quáter del C. Procesal Penal).

4. PRINCIPIO DE EFICACIA:

Como resultado de la aplicación de criterios de desjudicialización y de la introducción de la concordia en materia penal, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia podrán dedicar esfuerzos y tiempo en la persecución y sanción de los delitos que afectan nuestra sociedad.
El marco de la actividad judicial, puede resumirse así:
a)	En los delitos de poca o ninguna incidencia social, el Ministerio Público o los jueces deben buscar el avenimiento entre las partes para la solución rápida del proceso penal;
b)	En los delitos graves el Ministerio Público y los Tribunales Penales deben aplicar el mayor esfuerzo en la investigación del ilícito penal y el procesamiento de los sindicados.

5. PRINCIPIO DE CELERIDAD:

Los procedimientos establecidos en el Decreto 51-92 impulsan el cumplimiento de las actuaciones procesales, agilizan el trabajo y buscan el ahorro de tiempo y esfuerzos.

6. PRINCIPIO DE SENCILLEZ:

La significación del proceso penal es de tanta trascendencia que las formas procesales deben ser simples y sencillas para expeditar dichos fines al tiempo que, paralelamente, se asegura la defensa.

7. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO:

El proceso penal es un instrumento de los derechos de las personas. El principio de que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes y por un acto calificado antes como delito o falta, ante tribunal competente y con observancia de las formas establecidas, existía ya en el Código Procesal Penal derogado; pero no se cumplía y habían normas que contradecían tal espíritu.
Juzgar y penar sólo es posible si se observan las siguientes condiciones:
1.	Que el hecho motivo del proceso esté tipificado en ley anterior como delito o falta;
2.	Que se instruya un proceso seguido con las formas previas y propias fijadas y con observancia de las garantías de defensa;
3.	Que ese juicio se siga ante el tribunal competente y jueces imparciales;
4.	Que se trate al procesado como inocente hasta que una sentencia firme declare lo contrario;
5.	Que el juez, en un proceso justo, elija la pena correspondiente;
6.	Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho.

8. PRINCIPIO DE DEFENSA:

El principio al derecho de defensa, consiste en que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos sin antes haber sido citado, oído y vencido en un proceso judicial. Está consagrado en el artículo 12 constitucional y debidamente desarrollado en el Decreto 51-92 del C. de la R.

9. PRINCIPIO DE INOCENCIA:

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado responsable en sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. (Art. 14 de la Constitución) El Decreto 51-92 establece en el artículo 14 que el procesado debe ser tratado como inocente durante le procedimiento, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección.

10. FAVOR REI:

Como consecuencia del principio de inocencia, el juez deberá favorecer al procesado en caso de duda y por tanto cuando no pueda tener una interpretación unívoca o certeza de culpabilidad deberá decidir en favor de éste. En nuestro medio tal principio es conocido como in dubio pro reo. Este principio fundamenta las características de nuestro derecho procesal penal:
1.	La retroactividad de la ley penal cuando favorezca al reo. Como es sabido, la ley rige a partir de su vigencia, pero nuevas normas pueden aplicarse a hechos jurídicos ocurridos antes si es más benigna;
2.	La reformatio in peius. Cuando es el procesado el único que impugna una resolución o el recurso se interpone en su favor, la decisión del tribunal de mayor jerarquía no puede ser modificada ni revocada en perjuicio del reo, salvo que los motivos se refiera a intereses civiles cuando la parte contraria lo haya solicitado;
3.	La carga de la prueba, la obligación de probar, está a cargo del Ministerio Público y en provecho del imputado. Así, ante la duda del juez sobre un hecho constitutivo, modificativo o impeditivo de la pretensión penal del órgano acusador o del querellante adhesivo deberá resolver en favor del procesado.
4.	Cuando es incierto el hecho o existe duda sobre la participación o responsabilidad del procesado, nunca podrá tener lugar una sentencia de condena, en este caso el juez absolverá porque la dubitación favorece al reo. La sentencia condenatoria únicamente procede si hay certeza de culpabilidad.
5.	No hay interpretación extensiva ni analógica de la ley substantiva penal;
6.	En materia procesal es posible la interpretación extensiva y analógica porque, a diferencia de las leyes penales de fondo, que deben ser interpretadas restrictivamente, las leyes penales de forma, que tienden a asegurar una mejor administración de justicia represiva y que aprovechan finalmente al justiciable, pueden recibir una interpretación extensiva; y se añade que la analogía y el razonamiento a fortiori no están prohibidos en lo procesal penal, también, que las leyes de forma pueden ser extendidas fuera de sus términos estrechos y precisos cuando la razón, el buen sentido y sobre todo, el interés superior de la justicia mandan esta extensión.
7.	En todo caso, el favor rei constituye una regla de interpretación que obliga, en caso de duda, a elegir lo más favorable al imputado. 

11 FAVOR LIBERTATIS:

Este principio busca la graduación del auto de prisión y, en consecuencia, su aplicación a los casos de mayor gravedad cuando por las características del delito pueda preverse que de no dictarse, el imputado evadirá la justicia. Es decir, reduce la prisión provisional a una medida que asegura la presencia del imputado en el proceso.

12 READAPTACION SOCIAL:

Se pena para reeducar y para prevenir delitos ya no tanto para imponer temor en la sociedad, sino para favorecer y fortalecer el sentimiento de responsabilidad y de fidelidad al ordenamiento jurídico.

13 REPARACION CIVIL:

El derecho procesal penal moderno establece los mecanismos que permiten en el mismo proceso la reparación de los daños y perjuicios provocados al agravamiento por el hecho criminal.

Los principios especiales son:

1. Oficialidad;	2. Contradicción;	3. Oralidad;
4. Concentracion;	5. Inmediación;	6. Publicidad;
7. Sana Crítica Razonada;			8. Doble Instancia;
9. Cosa juzgada.

	LOS PRINCIPIOS ESPECIALES:
1. Principio de Oficialidad: Este principio obliga al Ministerio Público a realizar o promover la pesquisa objetiva de hechos criminales y a impulsar la persecución penal. La instrucción del Ministerio Público requiere como supuesto que el hecho pesquisado revista los caracteres de acción delictiva y la investigación deja intacto el derecho del agraviado a participar en el proceso en calidad de parte.
2. Principio de Contradicción: Con base a la garantía constitucional, del derecho de defensa que asiste al imputado, la legislación adjetivo penal establece un régimen de bilateralidad e igualdad, en la relación jurídica procesal. Esto da oportunidad suficiente a las partes procesales, para oponerse en iguales condiciones de acusación y defensa. Las "partes" tienen amplias facultades para hacer valer sus derechos y garantías en el proceso penal, pues mientras el Ministerio Público ejerce la persecución penal; por otro lado, el imputado tiene la facultad de defenderse de esa imputación que se le hace. De ahí que las partes por este principio, tienen el derecho del contradictorio, de oponerse a la imputación que se les haga. Para que esto sea efectivo, se hace necesario, también, que ambas partes procesales, acusación y defensa, tengan los mecanismos de ataque y defensa e idénticas posibilidades de alegación, prueba e impugnación. 
3. Principio de Oralidad: La oralidad asegura el contacto directo entre los elementos de prueba y el Juez de sentencia, representa la forma natural de esclarecer la verdad, de reproducir lógicamente el hecho delictuoso, de apreciar la condición de las personas que suministran tales elementos... En especial la oralidad sirve para preservar el principio de inmediación, la publicidad del juicio y la personalización de la función judicial. La oralidad como principio procesal, encuentra su fundamento en el Artículo 363 del Código Procesal Penal, que dice: "El debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate".

4. Principio de Concentración: La inmediación exige también una aproximación temporal entre la recepción de la prueba y el pronunciamiento jurisdiccional que se base en ella. Por eso, los beneficios del principio se aseguran mediante la regla de que el debate debe realizarse durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación.
Esta concentración de los actos que integran el debate (la regla se denomina también así) asegura que la sentencia será dictada inmediatamente después de que sea examinada la prueba que ha de darle fundamento, y de la discusión de las partes. La relativa unidad de tiempo que resulta de esta regla, permite la actuación simultánea de todos los sujetos procesales y una valoración integral de las probanzas, alejando la posibilidad de que se olvide el resultado de los medios probatorios recibidos o los interprete de modo incorrecto.
Con este principio se procura, por un lado, evitar que el fraccionamiento de los actos del debate deforme la realidad con la introducción de elementos extraños, y por el otro, asegurar que los recuerdos perduren en la memoria de los jueces en el momento de la deliberación y de la decisión, que es la actividad que encierra la tarea de síntesis de todo el juicio, siendo necesario que el Juez en el momento de pronunciar el fallo, tenga vivo en la mente, todo lo que ha oído y visto. Entonces el debate y la substanciación de pruebas, médula espinal del juicio oral, deben realizarse en base a este principio, en forma concentrada en el tiempo y en el espacio determinado. Esto significa que no pueden llevarse a cabo en localidades diversas, salvo excepciones determinadas. La concentración procesal, está regulada por el Código en el artículo 360, al señalar que el debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueran necesarias hasta su conclusión. La norma relacionada continúa con algunas causales que podrían motivas la suspensión del debate, pero únicamente por un plazo máximo de diez días.
5. El Principio de Inmediación: Como lógica consecuencia de la vigencia del principio de oralidad surge el principio de inmediación, al que no sin razón se le ha denominado «compañero de viaje de la oralidad». Este principio aparece también en la fase probatoria y se une en forma inseparable a la oralidad, para funcionar como principios hermanos que dan fundamento al sistema acusatorio.
Para conseguir el imperio de la verdad es necesario que los sujetos procesales reciban inmediata, directa y simultáneamente los medios de prueba que han de dar fundamento a la discusión y a la sentencia. Por consiguiente, la regla de inmediación implica:
1º.-El contacto directo del Juez con los elementos probatorios en que ha de basar su juicio y decisión;
2º.-El contacto directo de todos los sujetos procesales entre sí, en el momento de recibir esas pruebas. Ambos aspectos son importantes.

La presencia de los jueces implica, entonces, el desarrollo de ciertas cualidades de observación, receptividad, reflexión y análisis. El proceso penal produce consecuencias jurídicas de importancia ya que genera el título apto para entrar en la esfera jurídico fundamental de la libertad del individuo. No puede, por tanto, consentirse que las actuaciones que dan base a la sentencia se lleven al cabo en ausencia de los jueces. Este principio procesal se hace patente en el proceso penal, pues de acuerdo con el Código, exige que el debate se realice con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios; los sujetos procesales principales, no pueden abandonar la sala donde se desarrolla el juicio, excepto las partes civiles. 
6. Principio de Publicidad: El principio de publicidad de las actuaciones procesales es una conquista del pensamiento liberal frente al procedimiento escrito o «justicia de gabinete» del antiguo régimen; el movimiento liberal opuso la publicidad del procedimiento como seguridad de los ciudadanos contra el arbitrio y eventuales manipulaciones gubernamentales en la constitución y funcionamiento de los tribunales, así, también, como instrumento de control popular sobre la justicia. El principio de publicidad tiene sus antecedentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es recogido en el artículo 10 que establece: "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal".
La ley procesal penal determina que: "La función de los tribunales de justicia en los procesos es obligatoria, gratuita y pública. Los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señaladas expresamente por la ley. Además determina que el debate debe ser público, sin perjuicio de que el tribunal pueda resolver de oficio, que se efectúe, total o parcialmente, a puertas cerradas, lo que lógicamente obedece a circunstancias que favorecen una mejor administración de justicia, en casos muy excepcionales.
En este sentido, el Tribunal puede resolver, aun de oficio, que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas, cuando:
1)	Afecte directamente al pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de persona citada para participar en él;
2)	Afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado;
3)	Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible;
4)	Esté previsto específicamente;
5)	Se examine a un menor, si el tribunal considera inconveniente la publicidad, porque lo expone a un peligro.

En este caso, la resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el caso el deber de guardar reserva sobre los hechos que presenciaren o conocieren, decisión que también constará en el acta del debate.

7. Principio de Sana Critica Razonada: Por este se obliga a precisar en los autos y las sentencias, de manera explícita, el motivo y la razón de la decisión, lo cual hace al juez reflexivo y lo obliga a prestar atención al debate y al examen de las leyes o doctrinas que tienen relación con la cuestión litigiosa.

8. Principio de Doble Instancia: La Constitución de la República de Guatemala establece que en ningún proceso habrá más de dos instancias, lo cual es un reconocimiento tácito de lo pactado por nuestro país en tratados y convenios internacionales que garantizan el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
En el medio jurídico nacional la doble instancia se identifica especialmente con el Recurso de Apelación que implica la revisión íntegra del fallo de primer grado, así favorezca o perjudique a quien lo haya interpuesto, incluyendo al procesado, lo cual viola el principio de favor rei, aspecto que corrige el actual código procesal en el artículo 422 al establecer la reformatio in peius con lo que, cuando la resolución sólo haya sido recurrida por el acusado o por otro en su favor, no podrá ser modificada en su perjuicio, salvo en lo que se refiere a la indemnización civil de los daños y perjuicios provocados.
Las características del sistema acusatorio implementado en la nueva legislación procesal penal, modifican las formas tradicionales de apelación en el país porque, como queda dicho, los tribunales de segunda instancia que conocen de las sentencias y autos definitivos no tienen potestad para corregir ex-novo la causa y corregir por ese medio todos los errores de hecho y de derecho que pueda cometer el juez de sentencia.
Para adquirir un mayor grado de certeza, disminuir los errores humanos y controlar la correcto aplicación del derecho sustantivo y procesal, sin perjuicio de la doble instancia, se establece un tribunal de sentencia integrado de manera colegiada.
Nos encontramos entonces ante una modificación substancial de la forma en que la doble instancia viene funcionando en Guatemala, pero en todo caso se garantiza el derecho al reexamen de las resoluciones judiciales por un tribunal de mayor jerarquía, con mayor experiencia judicial. 

9. Principio de Cosa juzgada: El fin del proceso judicial es la sentencia firme, que en el caso del Derecho Procesal Penal absuelve o condena al acusado, Fin equivale a término, límite, consumación, objeto o motivo último.

Lo anterior significa que llega un momento en que las fases del proceso se agotan, en que la sentencia que lo concluye es irrevocable en su forma, no susceptible de impugnación por haberse agotado o dejado de interponer los recursos pertinentes.
Materialmente han concluido las posibilidades de un nuevo examen del fallo y, en consecuencia, no podrá abrirse nuevo proceso por las mismas acciones entre las mismas partes y con el mismo fin.
La Cosa Juzgada implica: a) Inimpugnabilidad; b) imposibilidad de cambiar de contenido; c) no procede recurso alguno; y, d) ejecutoriedad, capacidad de hacer cumplir por medios coactivos lo dispuesto en la sentencia. Responde a una necesidad de autoridad en el sentido de que la sentencia adquiere carácter definitivo y que la decisión contenida no será modificada.
Ahora bien, la Cosa Juzgada, tiene excepciones cuando datos relevantes o causas desconocidas en el proceso fenecido o nuevas circunstancias evidencien claramente errores que hacen que la verdad jurídica sea manifiestamente distinta a lo ocurrido en la realidad objetiva, o se descubran actividades dolosas que muestran que el principio de Cosa Juzgada lesiona la justicia, procede el recurso de revisión, que más que un recurso es un procedimiento especial de reexamen de una sentencia ejecutoriada.
Puede decirse que la revisión también responde, a la luz de los nuevos conceptos, al principio de seguridad jurídica, pues no hay seguridad donde hay injusticia. Pero la mayor justificación de la revisión es que el Estado democrático contemporáneo, como se dijo, protege bienes e intereses individuales, sociales y solidarios de manera coordinada. Todo lo cual justifica la ampliación de los casos que provocan la revisión.
El Decreto 51-92 del Congreso de la República, consecuente con los modernos postulados jurídicos y la Constitución Política de 1985 amplía los motivos de revisión, que ahora podrá proceder:
1.-	Cuando se presenten documentos decisivos ignorados, extraviados y no incorporados al procedimiento;
2.-	Cuando se demuestre que un medio de prueba, al que se le concedió valor probatorio en la sentencia, es falso, adulterado, falsificado o inválido;
3.-	Cuando la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia y otra maquinación fraudulenta, cuya existencia fue declara en fallo posterior firme;
4.-	Cuando la sentencia penal se basa en una sentencia anulada o que ha sido objeto de revisión;
5.-	Cuando después de la condena sobrevengan hechos o elementos de prueba que hacen evidente que el hecho o circunstancia que agravó la imposición de la pena, no existió, o se demuestre que el condenado no cometió el hecho que se le atribuye;
6.-	La aplicación retroactiva de una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia.

Como puede verse por el principio de favor rei sólo procede la revisión contra sentencias condenatorias firmes. Este mismo principio motiva el que cuando en una nueva ley substantiva se desagraven delitos y por lo tanto se impongan penas menores, sea revisado el proceso porque se entiende que ha cambiado el criterio para calificad un hecho delictivo.

4.	EL DERECHO PROCESAL PENAL.

4.1. Concepto:
Es el conjunto de normas, instituciones y principios jurídicos que regulan la función jurisdiccional, la competencia de los jueces y la actuación de las partes, dentro de las distintas fases procedimentales, y que tiene como fin establecer la verdad histórica del hecho y la participación del imputado durante la substanciación del proceso penal para luego obtener una sentencia justa. 
Al hablar de un conjunto de normas, se hace referencia a que la legislación procesal penal se encuentra sistemáticamente ordenada, a través del Decreto Ley Número 51-92 del Congreso de la República. Se habla de principios jurídicos, por cuanto en el proceso penal, la oralidad, la publicidad, la inmediación, la concentración y el contradictorio, son principios procesales que determinan y orientan a las partes y al Juez en el desarrollo del proceso penal. Al hablar de instituciones el autor se refiere al criterio de oportunidad, la conversión, la suspensión de la persecución penal, el procedimiento abreviado, el procedimiento especial de averiguación y el juicio por delitos de acción privada, entre otros, que flexibilizan el desarrollo del proceso y la función jurisdiccional, haciendo que la justicia sea pronta y cumplida, tal como lo ordena la Constitución Política de la República. Esto implica que la función jurisdiccional y la actividad que desarrollan las partes, poseen el espacio o marco jurídico adjetivo, que delimita su actuación y garantiza en forma efectiva la justicia, el respeto de sus elementales derecho al conglomerado social.

Características:
Es un Derecho Público: es una rama del Derecho Público, en donde se enmarca la función jurisdiccional del Estado, ejercitada a través de los tribunales de justicia; cuyas normas procesales son imperativas y obligatorias para todos los ciudadanos, ya que el Estado las impone mediante su poder de impero, con el objeto de proteger a la sociedad y restablecer la norma jurídica violada.
Es un Derecho Instrumental: porque tiene como objeto la realización del Derecho penal sustantivo o material, es decir, sirve de medio para que se materialice el Ius puniendi del Estado, quien a través del Ministerio Público ejerce la función de persecución penal, haciendo así efectiva la función sancionadora que le corresponde.
Es un Derecho Autónomo: por cuanto que tiene sus principios e instituciones propias, posee autonomía legislativa, jurisdiccional y científica.

5.	EL PROCESO PENAL.

5.1. Concepto:
La intervención del órgano jurisdiccional se desarrolla mediante un proceso, establecido por un orden constitucional. Este lo determina como medio para lograr la sanción penal o Ius Puniendi del Estado. Dentro de esa relación dialéctica, el proceso penal conjuga cuatro elementos básicos para lograr la realización del valor justicia: la jurisdicción, la competencia, la acción penal y la defensa del imputado.
Entonces el proceso penal es un conjunto de actos realizados por determinados sujetos (jueces, defensores, imputados, etc.) con el fin de comprobar la existencia de los presupuestos que habilitan la imposición de una pena y, en el caso de que tal existencia se compruebe, establecer la cantidad, calidad y modalidades de la sanción
Características: La de ser publicista, esto es, su orientación a ser público (con ciertas excepciones); por la oralidad; y, porque en el intervienen jueces de derecho

Principios: (véase la primera parte de este resumen)

5.2. Sistemas procesales:
Los sistemas procesales han sido formas de enjuiciamiento penal que a lo largo de la historia se han venido desarrollando en distintas eras de la humanidad, conforme a teorías y métodos que se ajustan cada vez más a una política criminal moderna, congruente con la realidad jurídico-social de determinado país. Entre estos sistemas se encuentra el sistema acusatorio, inquisitivo y el sistema mixto.

a) INQUISITIVO:
La inquisición es el nombre con el cual se conoce todo el sistema judicial correlativo a ese tipo de organización política. Germinado en las postrimerías del Impero romano y desarrollado como Derecho universal -católico- por glosadores y postglosadores, pasa a ser Derecho eclesiástico y, posteriormente, laico, en Europa continental, a partir del siglo XIII de la era cristiana. En su época se le consideró como la forma jurídica conveniente al desarrollo y mantenimiento del poder absoluto y al logro de la convivencia pacífica dentro de ese régimen político. La palabra inquisición se deriva de los «Quaestores», que eran ciudadanos encargados por el Senado romano de investigar ciertos delitos. 
A dicho sistema se le atribuyen las siguientes características:
1.	El proceso se inicia de oficio, incluso mediante denuncia anónima;
2.	El Juez asume la función de acusar y juzgar;
3.	La justicia penal pierde el carácter de justicia popular para convertirse en justicia del Estado, afirmándose el ius puniendi del Estado;
4.	El proceso es escrito y secreto, carente del contradictorio;
5.	La prueba se valoraba mediante el sistema de prueba tasada;
6.	El proceso penal no reconoce la absolución de la instancia;
7.	Se admitió la impugnación de la sentencia;
8.	Los jueces son permanentes e irrecusables, constituyendo un paso para la especialización de la justicia;
9.	La confesión del imputado constituyó la prueba fundamental y para obtenerla se empleaba hasta la tortura y el tormento;
10.	La prisión preventiva del acusado quedaba al arbitrio del juez;
11.	El imputado deja de ser sujeto procesal y se convierte en objeto de la investigación.
En resumen se puede decir que la inquisición responde a un sistema de proceso penal, cuya concepción se traduce en la concentración del poder central en una sola personal. En este sistema el Juez investiga, acusa, y juzga, lo que lo sitúa en un plano parcial. Lo más grave radica en que el Juez valora las pruebas recabadas por el mismo durante la investigación, y vela por las garantías del imputado. Como consecuencia, el imputado no es parte procesal, sino que un objeto de la investigación, que desvaloriza y deshumaniza al imputado. Su fin principal consiste en reprimir a quien perturba el orden jurídico creado.

b) ACUSATORIO:
Según este sistema, la característica fundamental del enjuiciamiento reside en la división de los poderes que se ejercen en el proceso, por un lado el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requiriente, por el otro, el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse, y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir.
Existen formas fundamentales y formas accesorias del proceso. Las primeras son las que se observan en las funciones que se realizan durante el proceso. Estas funciones son tres: La función de acusador, la función de defensa y la función de decisión. Si se imputa a una persona la comisión de un delito, alguien tiene que hacer la imputación. Por otra parte, es preciso conceder al acusado la oportunidad de defenderse y rabatir la imputación que se le hace. Por último, debe resolverse la situación del imputado, debe juzgársele e imponérsele una pena si es culpable, o absolvérsele si es inocente. Baumann explica que la división de roles de los órganos estatales de persecución penal (Ministerio Público averigua y acusa; el juez juzga) es un fruto del derecho procesal francés. Las principales característas de este sistema se pueden resumir así: 
1.	Es de única instancia;
2.	La jurisdicción es ejercida por una asamblea o tribunal popular;
3.	No se concibe el proceso, sino a instancia de parte. Ya que el tribunal no actúa de oficio;
4.	El proceso se centra en la acusación, que puede haber sido formulada por cualquier ciudadano;
5.	El acusador se defiende de ella en un marco de paridad de derechos con su acusador;
6.	Las pruebas son aportadas únicamente por las partes;
7.	Todo el proceso es público y continuo, y el juego en paridad de los derechos de las partes lo hace contradictorio;
8.	La sentencia que se dicta no admite recursos;
9.	Por la naturaleza y características de este tipo de procesos, el acusado generalmente se mantiene en libertad.

El sistema Acusatorio en Nuestra Legislación: 
Si se conocen a fondo, los principios filosóficos en que se inspira el sistema acusatorio, se comprenderá fácilmente que ésta forma de juzgar a una persona, es la que mejor responde a un proceso penal legal, justo y auténtico, donde las funciones de acusación, defensa y de decisión, se encuentran legalmente separadas. Y, además porque esa relación dialéctica que se da en la relación jurídica procesal, únicamente se desarrolla a cabalidad en el sistema acusatorio. Por otro lado, precisa señalar que no puede concebirse, a la inquisición como un sistema de enjuiciamiento penal, en el seno de nuestro ordenamiento constitucional ya que la misma no está en consonancia con los postulados jurídicos, de una política criminal moderna, orientada a dignificar al delincuente como una persona humana, que razona, siente, y que necesita de su reeducación y resocialización.
En ese orden de ideas, se puede señalar que el sistema acusatorio, según la legislación adjetiva penal guatemalteca, posee entre otras, las siguientes características:
1.	La función de Acusación, le está encomendada al Ministerio Público, por medio del Fiscal General de la República y su cuerpo de fiscales;
2.	La función de defensa, está atribuida, a todos los abogados colegiados activos;
3.	La función de juzgar y controlar el proceso penal, esta encomendada a los jueces de primera instancia, contralores de la investigación;
4.	El proceso penal en su fase de juicio se instituye oral y público, con algunas excepciones específicas;
5.	La fase de juicio penal se desarrolla ante un Tribunal de jueces letrados o de derecho;
6.	El juicio penal, se inspira conforme a los principios de inmediación, concentración, contradictorio, oral y público;
7.	El imputado recobra su condición de parte, en el proceso penal y deja de ser objeto de la investigación;
8.	La declaración del imputado constituye un derecho de defensa, y su confesión se valoriza conforme al principio Indubio pro-reo, y como un medio de defensa;
9.	Las pruebas del proceso se valoran conforme a la sana crítica razonada;
10.	Se instituye el Servicio Público de defensa adscrito a la Corte Suprema de Justicia y al Organismo Judicial.

Un aspecto que se debe considerar, es que si bien el Código en su articulado, especialmente en los artículos 318 segundo parágrafo, 351, y 381 trae incorporadas algunas normas, en la que expresamente faculta al Juez o tribunal para recabar, de oficio, evidencias y actos de investigación, ya sea en la etapa preparatoria o en el juicio, ello no justifica que se interprete que nuestro sistema penal, es un sistema mixto, toda vez que en el sistema acusatorio, sus principios filosóficos y sus características, están bien definidas y no puede dársele una calificación distinta a su naturaleza misma. Sin embargo, debe acentuarse que en estas normas procesales se refleja aún la mentalidad inquisitoria del legislador y debe quedar bien claro, que dichas actuaciones, son únicas excepciones donde el Juez puede practicar actos de investigación o pruebas.

c) MIXTO:
Este sistema, inicia con el desaparecimiento del sistema inquisitivo, en el siglo XIX. Su denominación deviene a raíz de que toma alementos del proceso penal acusatorio y también del inquisitivo, pero en cuya filosofía general predominan los principios del acusatorio. Este sistema fue introducido por los revolucionarios franceses; y fue en Francia donde se aplicó por primera vez, cuando la Asamblea Constituyente planteo las bases de una forma nueva que divide el proceso en dos fases.
Este sistema orienta la forma de juzgar al imputado utilizando los procedimientos, tanto del sistema acusatorio como del inquisitivo. Es así como el proceso penal se divide en dos fases, la primera tiene por objeto la instrucción o investigación, y la segunda versa sobre el juicio oral y público.
Se puede concluir, entonces, en que el sistema mixto tiene las siguientes características:

1.	El proceso penal se divide en dos fases, la instrucción y el juicio;
2.	Impera el principio de oralidad, publicidad y de inmediación procesal;
3.	La prueba se valora conforme a la libre convicción, conocido como San Crítica;
4.	Este sistema responde a los principios de celeridad, brevedad y economía procesal.

6.	JURISDICCION Y COMPETENCIA.

6.1. Jurisdicción:

a) Concepto de Jurisdicción:
La autoridad principal, que ostenta la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado, no puede ser ejercida por cualquier persona. Debe recaer en un funcionario que esté investido de las facultades jurisdiccionales para poder conocer el proceso penal. Entonces podemos decir que la jurisdicción como la facultad y el deber de administrar justicia.
La jurisdicción es entonces, "la potestad conferida por el Estado a determinados órganos para resolver, mediante la sentencia, las cuestiones litigiosas que les sean sometidas y hacer cumplir su propias resoluciones; esto último como manifestación del imperio" (Hugo Alsina).

b) Elementos de la Jurisdicción:

a.	Notio	=	Jurisdicción, facultad de conocer un litigio dentro de un proceso determinado;
b.	Vocatio	=	Llamamiento, facultad de hacer comparecer a las partes;
c.	Coertio	=	Contención, restricción, facultad de castigar o penar, poder coercitivo de los tribunales para hacer que se cumplan sus resoluciones; 
e.	Iundicium	=	Facultad de dictar sentencia;
f.	Executio	=	Ejecución judicial, mediante auxilio de fuerza pública.

c) Organos de Jurisdicción:
Si la jurisdicción es la potestad pública atribuida al Estado para administrar justicia, por medio de los órganos jurisdiccionales instituidos por la ley, los que deben actuar conforme la misma, y emitir la sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada; entonces, la jurisdicción es una actividad encomendada única y exclusivamente a los tribunales de justicia; y en ningún momento a otro órgano o institución pública en particular. Los órganos a los que se atribuye tal potestad no pueden ser cualesquiera sino que han de estar revestidos de una serie de requisitos propios que los distinguen de los demás órganos del Estado. Estos Organos son los juzgados, los tribunales y las cortes, en los que los titulares de la potestad son los jueces, quienes deben ejercer la función de administrar justicia en forma independiente e imparcial, libre de toda presión política o sectaria, sea cual fuere su procedencia. 

d) Regulación constitucional y de la legislación ordinaria:
De conformidad con nuestro ordenamiento constitucional, la función jurisdiccional se ejerce por el Poder Judicial, cuya existencia se fundamente en el artículo 203 que dice: "La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones... la función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."
Por su parte, el artículo 37 del Código Procesal Penal, prescribe: "Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas. Los tribunales tienen la potestad pública, con exclusividad, para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones". En igual sentido lo regula el artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial.

6.2. Competencia:

a) Concepto de Competencia:
Partiendo de la idea de que la competencia es un instituto procesal que alude a la aptitud o capacidad que un órgano jurisdiccional tiene para conocer en una relación jurídica procesal concreta, pero éstos, únicamente pueden ejercerla dentro de los límites señalados por la ley.
El autor Hugo Alsina señala que la competencia se refiere a: "Los límites dentro de los cuales el Juez puede ejercer su facultad jurisdiccional". 
Según Couture, la competencia "es el fragmento de jurisdicción atribuido a un Juez", o, según Palladares, es la "porción de jurisdicción que la ley atribuye a los órganos jurisdiccionales para conocer de determinados juicios".
La jurisdicción entonces, es una concepto genérico aplicado al caso concreto, pues no todos los jueces pueden intervenir en cualquier litigio, sino tan sólo en aquellos casos para que la ley lo determina como competentes; por ello Couture afirma: "un juez competente, es al mismo tiempo, un juez con jurisdicción; pero un juez incompetente es un juez es un juez con jurisdicción y sin competencia".

b) Reglas para determinar la competencia:
La doctrina regula diversas clases de competencia, pero en razón de la materia que nos ocupa, nos limitaremos a destacar la competencia que se determina en función del territorio, por la materia y por la función o de grado.
Competencia Territorial: En esta clase de competencia, resulta más cómoda la administración de justicia, por cuanto la misma se ejerce dentro de una determinada parte del territorio nacional debidamente delimitada. Los límites horizontales de la jurisdicción están dados por la competencia territorial. En la extensión del territorio de un Estado existen jueces o tribunales igualmente competentes en razón de la materia, pero con capacidad para conocer solamente en determinada circunscripción.

Competencia por Razón de la Materia: Esta clase de competencia determina qué materia jurídica puede en un momento dado conocer el órgano jurisdiccional; o sea que le permite al juez ejercer su jurisdicción en determinada clase de procesos, por ejemplo, los procesos penales.
Como se recordará, la jurisdicción también se divide por la naturaleza del derecho sustancial que constituye su objeto, clasificándose entonces, en penal, civil, laboral, etc., en virtud de cuyos motivos los tribunales que han de conocer de unos y otros asuntos, están separados de manera que un tribunal de lo civil no tiene competencia para conocer o juzgar sobre las otras materias que le son ajenas, excepto si legalmente se le haya investido de competencia, para conocer en distintas materia jurídicas.
Competencia Funcional o de Grado: Esta clase de competencia es la que se atribuye a los Jueces de Primera Instancia, de conformidad con las funciones que a éstos les están asignadas en relación al momento en que conocen del proceso. El proceso, según la legislación penal guatemalteca, está sometido a la doble instancia y en ciertos casos, a un recurso de casación; por lo tanto, a ello obedece que se hable de competencia jerárquica o por grados y es por este motivo, que son competentes los Jueces Menores y los Jueces de Primera Instancia. Esto demuestra que están facultados para instruir y decidir los asuntos que por la materia, cuantía y territorio les corresponde conocer en grado; y que la Corte de Apelaciones lo está para conocerlos en grado de apelación y la Corte Suprema de Justicia en el estado de casación.

c)	Cuestiones relativas a competencia según la legislación procesal penal guatemalteca:
En relación al territorio: El Código Procesal Penal, en su artículo 40 prescribe: "La competencia penal es improrrogable. La competencia territorial de un tribunal no podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez iniciado el debate; se exceptúan aquellos casos regulados por una disposición constitucional que distribuye la competencia entre distintos tribunales...". En otras palabras, una vez que se haya iniciado y se está dentro del debate no puede en ningún momento modificarse y objetarse por ningún motivo, la competencia del Tribunal. Y el mismo artículo continúa diciendo: "En la sentencia, el tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más graves no puede declararse incompetente porque la causa pertenezca a un tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más leves". Cabe apuntar que dicha terminología representa un problema por cuanto que el Código no establece los parámetros o las formas de cómo un juez puede graduar la densidad de los delitos.
En relación a la materia: La regla general establece que cada Juzgado de Primera Instancia, debe estar investido de competencia para conocer de una sola materia jurídica, sin embargo, es únicamente en la metrópoli, donde se cumple este presupuesto, ya que, en el interior de la república, en los departamentos, donde únicamente haya un Juez de Primera Instancia, éste tiene competencia para conocer, tanto de la jurisdicción civil, como de la penal, laboral, familia, económico coactivo; en tanto que, en los departamentos donde hay dos Jueces de Primera Instancia; el Juez Segundo de Primera Instancia de Narcoactividad y delitos contra el Ambiente conoce, de la jurisdicción civil, penal y laboral; mientras que los Jueces Primero de Primera Instancia conocen de la jurisdicción penal, familia y económico coactivo. Solamente que para conocer de la jurisdicción penal, deben ser designados otros dos jueces vocales para integrar el Tribunal. Lo anterior obedece en mayor grado por la debilidad económica del Organismo Judicial; y porque la ley establece (Artículo 94 de la Ley del Organismo Judicial) que "La Corte Suprema de Justicia determinará la sede y distrito que corresponde a cada juez de primera instancia y en donde hubiere más de uno, les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía y del territorio." Asimismo, el artículo 52 del mismo instrumento normativo prescribe: "La Corte Suprema de Justicia distribuirá la competencia territorial y reglamentará el funcionamiento, organización, administración y distribución de los jueces de paz, de narcoactividad y delitos contra el ambiente, de primera instancia, tribunales de sentencia, salas de la corte de apelaciones, jueces de ejecución y del servicio público de defensa, en forma conveniente." De modo que es la Corte Suprema de Justicia la que a través de Acuerdos establece la competencia por razón de la materia.
En relación al grado o función: La competencia funcional o de grado, se diferencia, en cuanto a que el Juez de Primera Instancia de Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, que controla la investigación, y el Tribunal llamado a dictar sentencia, son órganos jurisdiccionales que conocen en primera instancia, en la misma relación jerárquica. En tanto que la segunda instancia se da cuando es un Tribunal Superior quien conoce de la decisión judicial impugnada, el que puede darse mediante el recurso de apelación, la queja, o bien el recurso de apelación especial, contra una sentencia o un auto, según sea el caso. Así reluce entonces un primer grado o primera instancia y un segundo grado o segunda instancia.
La competencia en relación al grado la establece el Código Procesal Penal en sus artículos 47, 48, 49 y 50.

7.	ACCION PENAL Y ACCION CIVIL.

7.1. Acción Penal:

a) Concepto de Acción Penal:
La acción es la exigencia de una actividad encaminada a incoar el proceso, a pedir la aplicación de la ley penal en el caso concreto. La acción penal puede considerarse como el poder jurídico de excitar y promover la decisión del órgano jurisdiccional sobre una determinada relación de derecho procesal penal; la acción penal consiste en la actividad que se despliega con tal fin. A través de la acción penal se hace valer la pretensión punitiva del Estado, para imponer la pena al delincuente, por un delito cometido. Es decir que se acciona para pretender la justicia penal. La acción penal, es un derecho del Estado a la actividad de uno de sus órganos, el judicial, o sea, un derecho de naturaleza estrictamente procesal. Una de las características más relevantes de la acción penal, es que siempre tiene como objeto la sanción o condena de una persona, quien resulte ser responsable de un hecho delictuoso. La pretensión punitiva es un requisito indispensable de la acción penal, pues por su medio se persigue la imposición de una pena o una medida de seguridad. 
Para Canelutti la acción significa un poder y más precisamente un derecho subjetivo, incluso un complejo o, mejor todavía, un sistema de derechos subjetivos, complementario de la jurisdicción: derechos atribuidos a la parte para garantizar, mediante su colaboración, el mejor ejercicio de la jurisdicción. En tal sentido, la acción corresponde al Ministerio Público solamente, decía, que en la fase jurisdiccional del proceso penal y, además le corresponde del mismo modo en que le corresponde al imputado y al defensor.

b) Caracteres de la Acción Penal:

b.1.	Es Pública: por cuanto que el Estado, en nombre de la colectividad, protege sus intereses y, con ello, también persigue la restitución de la norma jurídica violada.
b.2.	Oficialidad: una de sus caracteres más importantes lo constituye su oficialidad, por cuanto el órgano oficial encargado de ejercer la persecución penal, es el Ministerio Público. Pero este carácter tiene excepción en los delitos de acción privada.
b.3.	Es Unica: La acción es única, ya que al igual que la jurisdicción, no puede existir un concurso ni pluralidad de acciones ni de jurisdicción; por el contrario, la acción y la jurisdicción, son únicas.
b.4.	Irrevocabilidad: Este carácter implica que una vez iniciada la acción penal, no puede suspenderse, interrumpirse, o cesar, excepto los casos expresamente previstos en la ley, tales como el sobreseimiento y el archivo.

c) La Persecución Oficial:
En el Código Procesal Penal derogado, regía el principio de instrucción e impulso oficial, según el cual el tribunal investiga por su cuenta al conocer la notitia criminis e impele el proceso, por lo que no se conforma con lo que las partes exponen y solicitan. No existe la división de roles ni la separación de las funciones de investigar y juzgar. El titular del Organo jurisdiccional impulsa de oficio el proceso.
La división de funciones, como forma de especializar y tecnificar las actividades procesales, de evitar parcialidades y de garantizar una investigación criminal dedicada, correcta, firme, completa y exhaustiva llevó al Derecho Procesal a establecer el principio de oficialidad, que obliga al Ministerio Público a realizar o promover la pesquisa objetiva de hechos criminales y a impulsar la persecución penal.
Si se tiene conocimiento, por cualquier medio, de la preparación o realización de un delito, o indicios para considerar la comisión de hechos punibles y perseguibles de oficio, el Ministerio Público actuará sin necesidad de que el agraviado o una persona lo requiera, y no puede supeditar la investigación a razones de conveniencia debido a lo cual sustrae esta actividad preparatoria del proceso penal, bajo control judicial, a la disposición de las partes. Lo anterior, siempre que no proceda el criterio de oportunidad y se trate de delitos privados, en los que debe producirse el impulso procesal por la persona afectada.

d) Formas de Ejercicio:

d.1.	Acción Pública: Como concepto genérico, la acción pública se define como la potestad pública que tiene el Ministerio Público, de perseguir de oficio todos los delitos de acción pública, y exigir ante los Tribunales de justicia la aplicación de la ley penal contra la persona sindicada de un hecho punible.
d.2.	Acción Privada: En este tipo de acción prevalece la voluntad del agraviado, por cuanto a éste le corresponde el derecho de poner en movimiento al órgano jurisdiccional, y el ejercicio de la persecución penal contra el imputado.

e)	Regulación Constitucional y de la Ley Ordinaria de la Acción Penal:
* La Constitución Política de la República, establece:
"ARTICULO 251. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General de la República y a él corresponde el ejercicio de la acción penal pública..."

* El Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, que contiene la LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO, prescribe:
"ARTICULO 1. Definición. El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país..."
"ARTICULO 2. Funciones. Son funciones del Ministerio Público, sin perjuicio de las que le atribuyen otras leyes, las siguientes:
1)	Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República, y los Tratados y Convenios Internacionales..."

* Decreto 51-92 del Congreso de la República, reformado por los Dtos. 32-96 y 79-97 del C. de la R. que contiene al CODIGO PROCESAL PENAL, establece:

"Artículo 24. Clasificación de la acción penal. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación:
1)	Acción Pública;
2)	Acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal;
3)	Acción Privada.

"Artículo 24 Bis. Acción Pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público, en representación de la sociedad, todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este Código".

"Artículo 24 Ter. Acción pública dependiente de instancia particular. Para su persecución por el órgano acusador del Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público, los delitos siguientes:
1)	Lesiones leves o culposas y contagio venéreo;
2)	Negación de asistencia económica e incumplimiento de deberes de asistencia;
3)	Amenazas, allanamiento de morada;
4)	Estupro, incesto, abusos deshonestos y violación, cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años;
Si la víctima fuere menor de edad, la acción será pública.
5)	Hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumos, cuando su valor no excediere diez veces el salario mínimo más bajo para el campo al momento de la comisión del delito, excepto que el agraviado sea el Estado, caso en que la acción será pública.
6)	Estafa que no sea mediante cheque sin provisión de fondos, o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública.
7)	Apropiación y retención indebida;
8)	Los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso;
9)	Alteración de linderos;
10) 	Usura y negociaciones usurarias.
La acción para perseguir los delitos a que se refiere este Artículo será de acción pública cuando fueren cometidos por funcionario o empleado público en ejercicio o con ocasión de su cargo...".

"Artículo 24 Quáter. Acción Privada. Serán perseguibles, sólo por acción privada, los delitos siguientes:
1)	Los relativos al honor;
2)	Daños;
3)	Los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos:
a)	Violación a derechos de autor;
b)	Violación a derechos de propiedad industrial;
c)	Violación a los derechos marcarios;
d)	Alteración de programas;
e)	Reproducción de instrucciones o programas de computación;
f)	Uso de información.
4)	Violación y revelación de secretos;
5)	Estafa mediante cheque.

En todos los casos anteriores, se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este Código. Si carece de medios económicos, se procederá conforme al Artículo 539 de este Código. En caso que la víctima fuere menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo tercero del Artículo anterior".

7.2. Acción Civil:

a) Concepto de Acción Civil:
La transgresión de una norma penal material trae consigo el inicio de un proceso penal contra quien lo haya cometido y una posible sentencia de condena, si se llegare a establecer la existencia del delito y la participación del imputado.
Entonces, dicha conducta, como hecho humano, viola una norma de derecho penal que afecta un bien jurídicamente tutelado, siendo en tal virtud un ilícito penal.
En función de ello, los efectos de toda infracción punible son susceptibles de una doble ofensa; de un lado, la perturbación del orden social garantizado, y de otro, un menoscabo en la persona o en el patrimonio del sujeto pasivo del delito. Esta doble ofensa da lugar a dos diferentes tipos de acciones: la acción penal para la imposición del castigo al culpable y la acción civil para la restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización del perjuicio.
En la doctrina los autores le señalan múltiples caracteres, a continuación se resaltan los más importantes:
1-	Su accesoriedad, es decir, que esta nace y subsiste únicamente cuando existe una acción penal. No puede subsistir una pretensión civil si no hay una pretensión punitiva, pues esta última, es la que le da nacimiento a aquella, dentro del proceso penal;
2-	Es privado, por ser un derecho resarcitorio que interesa a las partes y que su fundamento se base en el derecho civil;
3-	Es netamente revocable, ya que el actor civil, puede en cualquier momento desistir de la acción civil, que haya ejercitado contra el imputado.
La acción civil puede ejercitarse conjuntamente con la acción penal, es decir, dentro del mismo proceso penal o bien en forma separada y ante los órganos jurisdiccionales civiles. El ejercicio de la acción civil conjunta con la penal da lugar dentro del proceso a una relación procesal de carácter civil y de naturaleza accesoria.
La responsabilidad civil comprende: 1º La restitución; 2º La reparación de los daños materiales y morales; 3º La indemnización de perjuicios. La reparación se hará valorando la cantidad del daño material, atendiendo al precio de la cosa y a la gravedad del efecto sufrido por el agraviado.

b)	Ejercicio de la Acción Civil según la ley procesal penal:
Tales elementos los regula el Código Penal, en el artículo 112 al establecer que toda persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente.

Por su parte el Artículo 124 del Código Procesal Penal establece:
"Artículo 124. Carácter accesorio y excepciones. En el procedimiento penal, la acción reparadora sólo puede ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal. Si ésta se suspende se suspenderá también su ejercicio hasta que la persecución penal continúe, salvo el derecho del interesado de promover la demanda civil ante los tribunales competentes.
Sin embargo, después del debate, la sentencia que absuelva al acusado o acoja una causa extintiva de la persecución penal, deberá resolver también la cuestión civil validamente introducida."

Luego en los artículos 125, 126, 127 128 se establecen el contenido y límites del ejercicio de esta acción, la forma alternativa de promoverla (ante juez penal o civil) el desistimiento y abandono y sus efectos. Ahora bien es importante anotar lo que establece la norma siguiente:

"Artículo 131. Oportunidad. La acción civil deberá ser ejercida antes que el Ministerio Público requiera la apertura del juicio o el sobreseimiento. Vencida esta oportunidad el juez la rechazará sin más trámite."

8.	LOS SUJETOS DEL PROCESO PENAL.
En la doctrina se usan indistintamente como sinónimos los conceptos: partes y sujetos procesales. Ser parte en el proceso penal es tener las facultades amplias dentro del proceso, además de poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Es pedir la aplicación de la ley penal y defenderse de la imputación, haciendo valer todos los derechos y garantías procesales, para que al final el Juez, en una sentencia, concrete la pretensión que corresponda. Son partes en el proceso la persona que pide y aquella frente a la cual se pide la actuación de la ley formal, es decir, el proceso, que debe distinguirse claramente del de parte material, o sea, parte en la relación de derecho material cuya definición se persigue en el proceso. Así, el particular damnificado por el delito, que asume el papel de querellante, es parte formal; porque ejercita su derecho procesal de reclamar, del órgano jurisdiccional, la actuación de la ley, y tiene, en tal carácter, determinadas facultades dispositivas sobre las formas procesales; pero no es parte en sentido material, porque no será él, sino el Estado, quien, como titular de un derecho penal, pueda aprovechar la sentencia de condena para someter al sindicato al cumplimiento de la pena. Y por lo demás, ambas calidades pueden coincidir en una misma persona; el procesado es parte formal, en cuanto frente a él se pide la actuación de la ley en el proceso y por tanto está procesalmente facultado para contradecir, y es parte material, en cuanto también se pide que la ley actúe contra él; indicándolo como la persona que debe soportar la pena, y también el querellante, que normalmente sólo es parte formal, cuando a su acción penal acumula su acción civil, es parte material respecto de la relación de derecho civil, porque es el presunto titular del derecho al resarcimiento.
Lo cierto es que, de acuerdo con el concepto de parte, en la estructura del proceso penal, y la orientación que sigue nuestra legislación, intervienen una parte acusadora, constituida por el Fiscal del Ministerio Público, conocido también como acusador oficial; el querellante adhesivo o acusador particular, que también puede ser querellante exclusivo. Por el otro, una parte sindicada, constituida, por la persona contra quien se está pidiendo la actuación de la ley penal; entre otros también está el actor civil, que por ser perjudicado por el hecho delictivo busca la reparación del daño causado y el civilmente demandado, que generalmente lo es también penalmente.
Finalmente diremos que pueden ser partes en un proceso penal, todas aquellas personas que poseen la capacidad procesal (capacidad de ejercicio), o sea quienes tienen la aptitud jurídica para ser titulares de derechos y de obligaciones por si mismos; dentro de una relación jurídica, sin necesidad que sea a través de representante; en este sentido, esa circunstancia hace que toda persona pueda tener la condición de imputable y de figurar como sujeto pasivo en el proceso penal. Ahora bien, si fuere un menor de edad o una persona declara judicialmente en estado de interdicción quien comete el delito o la falta señalada por la ley penal, no se puede decir que dichas personas están sujetas a un proceso penal, ya que, por mandato Constitucional, estas personas tienen la virtud de ser ininputables y como tal los mismos no incurren en delitos, sino en conductas irregulares.

8.1. El Acusador:

a) El Ministerio Público:

a.1. Concepto del Ministerio Público:
El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública... (Art. 1 Ley Orgánica del M.P.)
De manera que la parte que figura como sujeto activo en el proceso penal, la constituye el Ministerio Público, al que por mandato constitucional corresponde ejercer la persecución penal (Art. 251).
La naturaleza de la acusación encargada al Ministerio Público, conforme a nuestro Código, comprende todos los actos necesarios para obtener la culpabilidad del imputado, para que se le imponga la pena que corresponda. (parte formal y material). La facultad de acusación es considerada de carácter público, por cuanto el Ministerio Público, en nombre del Estado y por mandato legal, asume la obligación de ejercer la persecución penal en nombre de toda la sociedad, exigiendo la aplicación de la ley penal, contra del imputado.

a.2. Funciones en el Proceso Penal guatemalteco del M. P.:
Le corresponde ejercer la persecución penal, en los delitos de acción pública, durante la fase preparatoria, porque tiene la obligación de promover y dirigir la investigación, y la ejecución de las resoluciones y sentencias que el Tribunal dicte; esta actividad debe realizarla de oficio en todos los delitos de acción pública, conforme a los mandatos del Código Procesal Penal, la Constitución, su Ley Orgánica y los Pactos internacionales. (Léanse los artículos 24, 24 Bis, Ter, Cuater del C.Procesal Penal, en las págs. 21 y 22 de este resumen).

b) El Querellante:
En nuestro derecho es querellante el particular que produce querella para provocar un proceso penal o que se introduce en un proceso en trámite como acusador, estando legalmente legitimado. Querella es la instancia introductiva del querellante, producida ante el órgano jurisdiccional de acuerdo con las formalidades legales, por la que formula una imputación tendiente a iniciar un proceso penal. Es un acto incriminante de ejercicio de la acción en su momento promotor.
La actuación del querellante es facultativa en su inicio y en su desarrollo. Ejercita la acción penal a la par, subsidiariamente o con exclusión del Ministerio Público.
Para ser legitimado como querellante es de regla que se trate del ofendido, o sea el titular del bien jurídico que el delito afecta, y puede extenderse al representante legal y a los herederos e incluso, a ciertos entes colectivos.

b.1. Clases de querellante: 
i) QUERELLANTE ADHESIVO: En los delitos de acción pública el Código le da esta denominación a la parte que interviene en el proceso penal como agraviado, ofendido o víctima, o bien cualquier ciudadano guatemalteco que entable una querella en contra de alguna persona y de ahí su nombre. Puede provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público; puede intervenir en todas las fases del proceso penal hasta que se dicta la sentencia, excepto en la fase de la ejecución. 
Este derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos, contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos, en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo.
"El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal de la investigación de los hechos. Para el efecto, podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas así como cualesquiera otra diligencia prevista en este Código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad.
Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal podrá acudir al Juez de Primera Instancia de la Jurisdicción, señalará audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse, remitirá al Fiscal General lo relativo a cambios de fiscal de proceso." Artículo 116 del Código Procesal Penal. 
ii) QUERELLANTE EXCLUSIVO: es la parte procesal que ejercita la acción penal en los delitos de acción privada, quien también es conocido con la denominación de acusador privado. Tal calidad únicamente se pierde por la renuncia o desistimiento de esta facultad -- con lo que se extingue la acción penal.
Puede decirse que la ley penal, en ese sentido, establece un ius persectuendi de excepción, prohibiendo en forma absoluta el ejercicio de la acción penal por parte del M. P. Su ejercicio corresponde al querellante exclusivo, ofendido por el delito y en algunos casos a los representantes legales de aquel.
En este sentido la exclusividad del querellante, en el ejercicio de la persecución penal, es otorgada por la ley procesal penal en su artículo 122 al establecer que: cuando conforme la ley, la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción; es decir que esa facultad nace en virtud que la persona agraviada es la que se ve afectada en sus derechos o bienes jurídicos tutelados por la ley penal, por ejemplo, su honor. (ver artículos 24 Ter y 24 Quáter)
Merecen especial atención los procesos penales que se instruyen por delitos de acción privada, por cuanto que suprimen en la regulación del procedimiento de la querella, una etapa completa del proceso penal, como lo es la instrucción o investigación o fase preparatoria, ya que ella se hace, necesariamente, en forma privada, sin poner en peligro las garantías individuales en virtud de no contar con el auxilio de la fuera pública.

b.2. Formas en que cada uno interviene en el proceso.

c) Otros:

c.1. La Policía, funciones en el proceso penal:
La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá:
1)	Investigar los hechos punibles perseguibles de oficio;
2)	Impedir que éstos sean llevados a consecuencias ulteriores;
3)	Individualizar a los sindicados;
4)	Reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento; y,
5)	Ejercer las demás funciones que le asigne este Código.
Si el hecho punible depende para su persecución de una instancia particular o autorización estatal rigen las reglas del Código Procesal Penal.
Los funcionarios y agentes policiales serán auxiliares del Ministerio Público para llevar a cabo el procedimiento preparatorio, y obrarán bajo sus órdenes en las investigaciones que para ese efecto se realicen.
c.2. El Actor Civil, concepto y participación en el proceso 		penal:
Como consecuencia de la comisión de un delito, se generan dos acciones importantes. Por un lado la acción penal para castigar al imputado por el delito cometido, y por otro, una acción civil, para ejercer la acción reparadora o restitución del daño causado. La parte quien solicita esa reparación, se le denomina actor civil, y lo puede hacer antes que el Ministerio Público requiera la apertura del juicio o el sobreseimiento. Vencida esta oportunidad, el juez rechazará sin más trámite tal acción. La acción civil puede dirigirse contra el imputado y procederá aún cuando no estuviera individualizado. Podrá también dirigirse contra quien, por previsión de la ley, responde por el daño que el imputado hubiera causado con el hecho punible.
Conviene apuntar, que en el proceso penal, el actor civil únicamente actuará en razón de su interés civil. Limitará su intervención a acreditar el hecho, la imputación de ese hecho a quien considere responsable, el vínculo de él con el tercero civilmente responsable, la existencia y extensión de los daños y perjuicios. Otro aspecto importante es que la intervención de una persona como actor civil en el proceso penal, no le exime de la obligación que tiene de declarar como testigo.

c.3. Terceros Civilmente Demandados, concepto, intervención, 		facultades:
La legislación procesal penal, también reglamenta la figura de una tercera persona que conforme la ley, tiene obligación de responder por los daños causados por el imputado, su denominación es tercero civilmente demandado. Así la ley, señala que la persona quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que, por previsión directa de la ley, responda por el daño que el imputado hubiere causado con el hecho punible, a fin de que intervenga en el procedimiento como demandado. Esa solicitud debe ser formulada en la forma y en la oportunidad prevista en el Código (Artículos: 130, 131, 132 del C.P.P.), con indicación del nombre, domicilio o residencia del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado.
Como parte procesal, el tercero civilmente demandado goza de las facultades y garantías necesarias para su defensa en juicio pero únicamente en lo concerniente a sus intereses civiles. En el mismo sentido que el actor civil, su intervención como tercero demandado, no lo exime por si mismo de la obligación que tiene de declarar como testigo en el proceso penal.

c.4. Consultores Técnicos, concepto y actividades:
El Codigo Procesal Penal, establece en su artículo 141, lo siguiente: "Si, por las particularidades del caso, alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al Ministerio Público o al Tribunal, quien decidirá sobre su designación, según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhabil conforme a este Código. El consultor técnico podrá precenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá el dictamen; los peritos harán constar las observaciones...".

8.2. El Imputado:

a) Concepto de Imputado:
Según el artículo 70 del Código Procesal Penal, se denomina sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señal de haber cometido un hecho delictuoso, y condenado a aquél sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme.
Como se puede apreciar de la definición legal que establece la ley de la materia, con relación a la persona del imputado no se hace mayor diferenciación. Sin embargo, hay autores que sostienen que no es preciso ser "procesado" ni "acusado" al principio del proceso penal. Según estos autores, con frecuencia, incorrectamente, se usan los términos sindicado, imputado, procesado, acusado, para referirse a la persona que ha cometido un delito, sin atender en qué fase se encuentra el proceso. Se debe tener presente que la denominación adecuada que debe recibir la parte pasiva de la relación jurídica procesal, depende directamente de la fase o estado del proceso penal.
Según los mismos autores (José Mynor Par Usen, siguiendo a los legisladores argentinos e italianos) para comprender mejor la denominación que puede recibir una persona sindicada de un delito, es preciso hacer la siguiente relación: Es imputado, desde el momento en que se señala a una persona de haber cometido un delito. Es procesado, cuando ya se haya dictado auto de procesamiento. Es acusado, cuando el Fiscal del Ministerio Público haya formulado su acusación ante el órgano jurisdiccional competente. Es enjuiciado, desde el momento en que se realiza el juicio oral y público ante el Tribunal de Sentencia. Y es condenado, cuando la persona enjuiciada haya obtenido una sentencia condenatoria y ya esté cumpliendo la pena en el centro penitenciario respectivo.

b) Declaraciones del Imputado:
En el proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley (Art. 16 C.P.R.).
El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El Ministerio Público, el juez o el tribunal, le advertirá clara y precisamente, que puede responder o no con toda libertad a las preguntas, haciéndolo constar en las diligencias respectivas (Art. 15 C.P.P.).
Si el sindicado hubiere sido aprehendido, se dará aviso inmediatamente al juez de primera instancia o al juez de paz en su caso, para que declare en su presencia, dentro del plazo de veinticuatro horas a constar desde su aprehensión. El juez proveerá los medios necesarios para que en la diligencia pueda estar presente un defensor. Durante el procedimiento intermedio, si lo pidiere el imputado, la declaración será recibida por el juez de primera instancia. Durante el debate, la declaración se recibirá en la oportunidad y en la forma prevista por este Código. El imputado podrá declarar cuantas veces quiere, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador. Durante el procedimiento preparatorio el sindicado podrá informar espontáneamente al Ministerio Público acerca del hecho delictivo que se le atribuye, pero deberá ser asistido por abogado de su elección o por un defensor público. (Art. 87 del C.P.P.)

c) Facultades del Imputado:
Toda persona posee, desde el momento en que se le imputa la comisión de un delito, simultáneamente por mandato legal, derecho de defensa, a un debido proceso y a un Juez natural o técnico, entre otros (Art. 12 Constitución P.R.).
El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza... Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará sólo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones (Art. 92 del C.P.P.)
Tanto el imputado como su defensor pueden indistintamente pedir, proponer o intervenir en el proceso, sin limitaciones, en la forma que la ley señala (Art. 101 C.P.P.)
El imputado podrá proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio (Art. 315 C.P.P.). También le corresponde el derecho al imputado de asistir a los actos de diligenciamiento de investigación que se practiquen durante el desarrollo de todo el proceso (Art. 316 C.P.P.)

d) Rebeldía del imputado, y efectos de la rebeldía:
Si se parte de la premisa de que el sujeto principal del proceso lo constituye el acusado, entonces se puede decir que no puede haber debate sin su presencia. Consecuentemente la fuga del acusado, o su no comparecencia a una citación, le produce un estado de rebeldía, lo cual le trae efectos negativos en su contra, ya que esto conlleva a que se le declare rebelde e inmediatamente se ordene su detención.
La fuga del acusado puede darse antes del debate -- si se encuentra en libertad --, o bien, durante la realización del debate; en el primer caso, el Juez o Tribunal debe declarar su rebeldía. En tanto, si la fuga se produjo durante la realización del debate, el juicio se suspenderá y podrá seguirse si el prófugo es detenido antes de que transcurran los diez días hábiles que la ley exige. Si esto no sucede, todos los actos procesales realizados durante el debate, no tienen efectos jurídicos, como consecuencia debe decretarse la interrupción del debate, pues todo lo actuado es nulo y el debate debe iniciarse nuevamente cuando se haya producido la aprehensión o detención del prófugo.
El Código Procesal Penal dice: "Será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciere a una citación, se fugare del establecimiento o lugar en donde estuviere detenido, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra, o se ausentare del lugar asignado para residir, sin licencia del tribunal.
La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, expidiendo orden de detención preventiva. Se emitirá también orden de arraigo ante las autoridades correspondientes para que no pueda salir del país.
La fotografía, dibujo, datos y señales personales del rebelde podrán publicarse en los medios de comunicación para facilitar su aprehensión inmediata." (Art. 79 C.P.P.)
"La prescripción durante el procedimiento se interrumpe por la fuga del imputado, cuando imposibilite la persecución penal. 
Desaparecida la causa de interrupción, el plazo comenzará a correr íntegramente". (Art. 33 del C.P.P.)
"La declaración de rebeldía no suspenderá el procedimiento preparatorio.
En los demás, el procedimiento se paralizará sólo con respecto al rebelde, reservándose las actuaciones, efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuere indispensable conservar, y continuará para los otros imputados presentes.
La declaración de rebeldía implicará la revocación de la libertad que le hubiere sido concedida al imputado, y lo obligará al pago de las costas provocadas.
Cuando el rebelde compareciere o fuera puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará según su estado, respecto de este procesado." (Art. 80 del C.P.P.)

8.3. El Defensor:

a) Concepto y Clases de Defensa:
Un personaje indispensable que figura en el proceso penal es el defensor, quien como profesional del derecho interviene y asiste al sindicado, desde el momento de la imputación hasta la ejecución de la sentencia, en caso de ser condenatoria, en virtud del derecho de defensa que le asiste a todo imputado.
La ley ordinaria contiene en lo relativo al instituto de la defensa, dos formas de ejercerla: la defensa por si mismo y la defensa técnica. La primera es permitida solo en el caso de que el imputado lo desee y no perjudique con ello los resultados que pueda conseguir una defensa técnica.

b) Objeto de la Defensa:
El abogado es una garantía para lograr una recta administración de justicia, no sólo porque en la inmensa mayoría de los casos los interesados son incapaces de efectuar una ordenación clara, sistemática y conveniente de los hechos, sino porque al ser jurisperitos, cooperan de modo eficacísimo a hallar, de entre el laberinto de disposiciones vigentes, las normas aplicables al caso concreto viniendo a ser de esta manera los más valiosos colaboradores del juez. El procesado las más de las veces está desprovisto de la fuerza y habilidad necesaria para exponer sus razones, y cuanto más progresa la técnica del juicio penal, más se agrava esa incapacidad. Por una parte, el interés que está en juego es a menudo tan grande para el sindicato..., cualquiera que tenga cierta experiencia en cuestiones del proceso penal, sabe que para el acusado, y también para las otras partes es muy difícil contener la pasión, o tan sólo la emoción que los priva del dominio de sí mismos. El sindicado entonces, cuenta con la posibilidad de elegir un abogado que lo asesore, oriente y dirija dura la dilación del proceso penal, el cual puede ser un abogado de su confianza, como bien lo denomina el Código, o bien, de no tener recursos económicos, se le designa un defensor público, que pertenece al Servicio de Defensa, adscrito al Organismo Judicial, dando cumplimiento así al mandato legal del derecho de defensa como garantía constitucional.

c) Análisis de las disposiciones legales relativas a la 	  	           defensa:
La defensa técnica, debe ser ejercida por abogado, legal y reglamentariamente habilitado para el ejercicio profesional. El imputado puede elegir al defensor de su confianza, o bien el juez debe nombrarle uno de oficio, con el objeto de garantizar la defensa, cuando por cualquier circunstancia no pueda proveerse de uno y aún puede nombrarlo en contra de la voluntad del imputado (Artículos 92 y 93 del C.P.P.)
Pero aún gozando de abogado defensor el imputado está facultado para formular solicitudes y observaciones.
En lo referente al defensor, dispone: que debe atender a las disposiciones de su defendido, pero que en el ejercicio de su cargo actuará bajo su responsabilidad, constituyéndose en el artículo 101 (C.P.P.) la regla que protege el derecho específico del imputado y el buen ejercicio de la defensa técnica, dicha norma faculta al defensor e imputado a pedir, proponer o intervenir en el proceso con las limitaciones que la ley señala.
Un paso importante en la nueva legislación, significa la prohibición al defensor de descubrir circunstancias adversas al defendido, en cualquier forma que las haya conocido. Con lo cual se pone término a la idea, de que el defensor es en cierta medida, auxiliar del juez, y se clarifica en que la función del defensor es la de velar por los interese de su defendido.
Servicio Público de Defensa: en el procedimiento penal derogado, al imputado que no podía agenciarse de un abogado debía el juez nombrarle un defensor de oficio, función que por determinación de la ley podía ejercerla un abogado de oficio o un estudiante de derecho. Esto último se convirtió en el uso general. Era una vulneración legal del principio de defensa.
El Código vigente, ha eliminado esta posibilidad, al disponer que en todos los casos el defensor debe ser abogado. Y se ha creado para tal fin el Servicio de Defensa Penal (Arts. 527 y ss. del C.P.P)
Todo abogado colegiado pertenece al servicio de defensa y sus servicios son remunerados. El Servicio depende de la Corte Suprema de Justicia, disposición que se considera, vulnera la autonomía de las funciones de los defensores. Pues especialmente la dependencia económica puede coartar sus funciones o generar reticencia en las mismas.
	Segunda Parte

	EL PROCEDIMIENTO COMUN
	PROCEDIMIENTO PREPARATORIO
	(Instrucción)

1.	LA INSTRUCCION.
Conviene apuntar que la instrucción penal es más conocida como tal por el sistema inquisitivo o mixto, y en algunos casos se le denominó (en Código Procesal Penal derogado por ejemplo) etapa del sumario que constituye la primera fase del procedimiento criminal y tiene por objeto recoger el material para determinar, por lo menos aproximadamente, si el hecho delictivo se ha cometido y quién sea u autor y cuáL su culpabilidad; pero en algunos países en la etapa del sumario sólo se investiga la existencia del delito y la determinación del autor no exento de responsabilidad penal. La fijación de su culpabilidad excede de la función instructora, para ser considerada en el período de plenario y fijada en la sentencia.
Con la entrada en vigor del Código Procesal Penal vigente, se establecen fases procesales en que se agrupan los actos y hechos procesales a través de los cuales se concreta y desenvuelve el proceso, de acuerdo con su finalidad inmediata, por lo que a manera de introducción cabe apuntar que el Proceso Penal se divide en cinco fases principales: 1º. Fase de investigación, instrucción o preliminar, cuyo cometido principal consiste en la preparación de la acusación y por ende el juicio oral y público; 2º. Fase intermedia: donde se critica, se depura y analiza el resultado de esa investigación; 3º. Fase de juicio oral y público: etapa esencial, plena y principal que define el proceso penal por medio de la sentencia; 4º. Fase de control jurídico procesal sobre la sentencia. Este se desarrolla a través de los medios de impugnación; y, 5º. Fase de ejecución penal, en la que se ejecuta la sentencia firme. 

1.1. Concepto de la Instrucción:
El Estado, desde que se atribuyó para sí no sólo la tarea de decidir los conflictos jurídicos, sino que también asumió, en materia penal, la labor de perseguir los llamados delitos de acción pública, tuvo necesidad, como extraño al conflicto por definición, de informarse acerca de él, para preparar su propia demanda de justicia, esto es, su decisión acerca de la promoción del juicio.
Esta fase preparatoria en el proceso penal, inicia con el conocimiento de la noticia críminis, compuesto por actos eminentemente investigativos que, como su nombre lo indica, preparan y construyen las evidencias, informaciones o pruebas auténticas, que permitirán establecer la existencia del delito y la participación del imputado y que, posteriormente, servirán al Fiscal del Ministerio Público, formular la acusación y la petición de apertura del juicio penal contra el procesado, ante el Juez de Primera Instancia penal contralor de la investigación. Estos actos, que constituyen la base del requerimiento del fiscal tratan de analizar si existe una sospecha suficiente de que el imputado ha cometido el hecho punible investigado, bastando para el progreso de la acción, sólo habilidad positiva y no la certeza que sí se requiere para una sentencia de condena.
Esta fase procesal importa no sólo por lo dicho, sino porque si el Fiscal del Ministerio Público no realiza completamente esta fase de investigación, es decir, no reúne el material probatorio ni proporciona suficientes elementos de convicción, para fundamentar la acusación contra el imputado, se da la posibilidad de que el proceso finaliza mediante el sobreseimiento, la clausura provisional o bien el archivo, según sea el caso. (Artículos: 310 y 328 del CPP).
Estas actividades de investigación tienen por objeto esclarecer los hechos punibles, así como la participación de los autores, cómplices y encubridores del delito, y deben estar coordinadas por el órgano oficial encargado de la persecución penal. A este corresponde también dirigir la policía o agentes de la autoridad para que, coordinadamente, construyan en forma eficaz la investigación.
En Guatemala, el sistema actual es preponderantemente acusatorio y el principio de oficialidad se manifiesta poderosamente; porque si bien, el Juez aún puede practicar diligencias de investigación, éste debe hacerlo con raras excepciones, lo que demuestra la relevancia de la función investigativa que, como se sabe, se encuentra separada por completo de la función jurisdiccional, lo cual posibilita un mejor desenvolvimiento dialéctico del proceso penal.
Sustancialmente, durante este período preparatorio, se realizan cuatro tipos de actividades:
1.-	Actividades de pura investigación;
2.-	Decisiones que influyen sobre la marcha del procedimiento;
3.-	Anticipos de prueba, es decir, prueba que no puede esperar a ser producidas en el debate;
4.-	Decisiones o autorizaciones vinculadas a actos que pueden afectar garantías y derechos procesales, normados por la Constitución.

1.2.	Obstáculos al ejercicio de la pretensión procesal:
Como parte también del Libro Segundo, relativo a El Procedimiento Común, el capítulo II trata de los Obstáculos a la Persecución Penal y Civil, pues si bien esta fase procesal, no es una etapa eminentemente contradictoria, como lo es el juicio oral, si existen iguales posibilidades de defensa para las partes, ello significa la facultad de proponer diligencias, participar en los actos, plantear incidentes, o excepciones que el mismo Código establece. Estos son los conocidos obstáculos a la persecución penal y civil, los cuales básicamente son: a) Cuestión prejudicial: que consiste en la existencia de una situación que previamente debe ser resuelta en un proceso independiente, para poder seguir con el proceso de que se trate; b) El Antejuicio; c) Excepciones: de incompetencia, falta de acción (falta de derecho), extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. (Ver artículos: 219 al 296 CPP)

1.3. Actos Introductorios:
Para que se inicie un proceso penal contra alguna persona debe llegar el conocimiento de la "noticia críminis" al órgano encargado de la persecución penal, o excepcionalmente al Tribunal. Esto motiva que inmediatamente se inicie el proceso penal, ya sea a través de una denuncia, querella, conocimiento de oficio, o bien, una prevención policial, y simultáneamente se activa el órgano jurisdiccional, a quien corresponde controlar esa actividad investigativa.

a) Denuncia:
"Cualquier persona deberá comunicar, por escrito u oralmente, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante debe ser identificado..." Art. 297 del CPP.
Precisa enfatizar que la legislación adjetiva penal, considera que la denuncia es un acto procesal obligatorio, y no facultativo, puesto que claramente expresa que cualquier persona debe comunicar y poner en conocimiento al fiscal del Ministerio Público o a la policía, de la comisión de un delito.
De acuerdo con la misma ley, el denunciante no se convierte necesariamente en parte procesal, ni adquiere mayores responsabilidades en relación con el resultado final del proceso penal. Sin embargo, si se establece que la denuncia es maliciosa o falsa, esta persona incurre en responsabilidad penal, que se puede manifestar procesalmente a través del delito de acusación y denuncia falsa.
Denuncia Obligatoria: No obstante el carácter expreso del Código, el legislador insiste en forma específica en otra clase de denuncia, como lo es la denuncia obligatoria. Tal obligación se da en los delitos de acción pública que por su naturaleza son perseguibles de oficio por los órganos encargados de ejercer la acción penal; pero por presupuestos debidamente determinados en la ley:
"Artículo 298. Denuncia obligatoria. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su persecución, y sin demora alguna:
1.)	Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto.
2.)	Quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción especificada en el inciso anterior; y,
3.)	Quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieren a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o personal, respecto de delitos cometidos en su perjuicio, o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones.
En todos estos casos la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia, del cónyuge, o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de hecho." (Ver Art. 16 Constitución de la República.)

b) Querella:
Este es un acto de iniciación procesal, de naturaleza formal, donde el interesado o querellante previamente debe cumplir con determinados requisitos procesales que la ley exige para poner en movimiento al órgano jurisdiccional y al órgano encargado de la persecución penal.
Es un acto procesal consistente en una declaración de voluntad dirigida al titular de un órgano jurisdiccional, por el sujeto, además de poner en conocimiento de la noticia de un hecho que reviste de caracteres de delito o falta, solicita la iniciación de un proceso frente a una o varias personas determinadas o determinables y se constituye en parte acusadora en el mismo, proponiendo que se realicen los actos encaminados al aseguramiento y comprobación de los elementos de la futura pretensión punitiva y de resarcimiento en su caso.
En la doctrina procesal penal se conocen dos clases de querellas, una conocida como querella pública, y la otra como querella privada. La primera se da cuando el agraviado la presenta por delitos de acción pública, cuya persecución también puede darse de oficio por el órgano encargado de la persecución penal. También la puede presentar cualquier persona ente el órgano jurisdiccional competente y persigue asegurar una sentencia condenatoria contra el acusado. La segunda alude a los delitos de acción privada, donde el agraviado u ofendido es el único titular de ejercer la acción penal, en cuyo caso, el querellante exclusivo debe formular la acusación, por sí o por mandatario especial, directamente ante el Tribunal de Sentencia para la realización del juicio correspondiente.

c) Persecución de Oficio:
Cabe recordar aquí que nuestro sistema procesal penal se fundamenta, entre otros, en el principio de oficialidad, por lo que el acto de iniciación procesal de persecución de oficio, tiene lugar cuando el Fiscal del Ministerio Público tiene conocimiento directo, por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente de la comisión de un hecho punible, en cuyo caso, el Fiscal debe inmediatamente iniciar la persecución penal, en contra del imputado y no permitir que el delito, produzca consecuencias ulteriores; esto, con el objeto de que oportunamente requiera el enjuiciamiento del imputado.
Esta forma de iniciar la investigación en un proceso penal, se presenta cuando el mismo órgano encargado de la persecución penal, es el que de por sí se insta sobre la base de su propio conocimiento, documentando y volcando en una propia acta, en la que narra, tras la fecha de la misma, el señalamiento del cargo que la produce y su firma, el hecho de que ha tomado conocimiento personal todas sus circunstancias modales y la noticia que tuviera de su autor o participe. Presentando las pruebas que tuviera y ordenando luego las diligencias a producir para tramitar la investigación. 

d) La Prevención Policial:
Uno de los medios más usuales con que se inicia el proceso penal, en los delitos de acción pública, es la prevención policial; consistente en que la policía de oficio, debe practicar inmediatamente las actuaciones y diligencias de investigación que tiendan a establecer la comisión del delito y la posible participación del imputado, lo cual asegura efectivamente, el ejercicio de la persecución penal, por parte del Ministerio Público, bajo cuya orden permanece la policía. La prevención policial se da puede observar de dos formas. a) Cuando la policía tiene conocimiento de que se ha cometido un delito de acción pública; actuando e investigando de oficio los hechos punibles e informando enseguida al M.P. acerca de la comisión del delito, individualizando al imputado; b) Cuando una persona pone en conocimiento de la comisión de un delito de acción pública a la policía, ésta tiene la obligación de recibir la denuncia y cursarla inmediatamente al M.P. y, simultáneamente, iniciar y realizar una investigación informando en forma inmediata al ente oficial del resultado de tal averiguación.
La policía, entonces, investiga por iniciativa propia o por denuncia, o bien por orden de autoridad competente, los delitos cometidos, individualizando a los culpables y reuniendo las pruebas para dar base a la acusación penal. 

e) Formas y Requisitos:
DE LA DENUNCIA: Ya vimos que la denuncia de cualquier forma es obligatoria con la excepciones de ley, y sus requisitos están contenidos en el artículo 299 del Código Procesal Penal que dice: "Contenido. La denuncia contendrá, en lo posible, el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los participes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos." La denuncia puede contender la solicitud de que sea el Estado quién ejerza a nombre del denunciante la acción civil. (301). Asimismo, el denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento, ni contraerá a su respecto responsabilidad alguna, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por denuncia falsa. (300)
DE LA QUERELLA: La querella es un acto de iniciación del proceso penal, de naturaleza formal ya que al presentarla debe cumplirse con los requisitos claramente determinados en la ley; cosa que no sucede con la denuncia, por ser el órgano encargado de la persecución penal o los agentes de la policía quienes la reciben y le dan forma. El Código Procesal Penal establece expresamente cuales son los requisitos que debe cumplir una querella:
"Artículo 302. Querella. La querella se presentará por escrito, ante el juez que controla la investigación deberá contener:
1.)	Nombre y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado;
2.)	Su residencia;
3.)	La cita del documento con que acredita su identidad;
4.)	En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería;
5.)	El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones;
6.)	Un relato circunstanciado del hecho, con indicación de los participes, víctimas y testigos;
7.)	Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas; y,
8.)	La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre.
Si faltare alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público en cuyo caso procederá como en la denuncia."
Una vez recibida la denuncia o la querella por el juez, éste la remitirá inmediatamente, con la documentación acompañada, al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. (Art. 303 CPP).
"Artículo 474. Querella. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación, por sí o por mandatario especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas.
Si el querellante ejerciere la acción civil, cumplirá con los requisitos establecidos para el efecto en este Código.
Se agregará, para cada querellado, una copia del escrito y del poder."
El artículo siguiente establece la Inadmisibilidad, en el sentido de que la querella será desestimada por auto fundado cuando sea manifiesto que el hecho no constituye un delito, cuando no se pueda proceder o faltare alguno de los requisitos previstos.; y, en este caso se devolverá al querellante el escrito y las copias acompañadas, incluyendo la de la resolución judicial. El querellante podrá repetir la querella, corrigiendo sus defectos, su fuere posible, con mención de la desestimación anterior. La omisión de este dato se castigará con multa de diez a cien quetzales.
DE LA PERSECUCION DE OFICIO:  Prescribe el artículo 289 del Código Procesal Penal que: "Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible, por denuncia o por caualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado...".
DE LA PREVENCION POLICIAL: El Código Procesal Penal, regula la prevención policial, en el artículo 304 que dice: "Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar, para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga o ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de la policía."
Luego en el subsiguiente artículo dice:
"Artículo 305. Formalidades. La prevención policial observará para documentar sus actos, en lo posible, las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta, con la mayor exactitud posible, las diligencias practicadas, con expresión del día en que se realizaron, y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieren intervenido en los actos o proporcionado información."

2.	INVESTIGACION INTRODUCTORIA.

2.1. Concepto:
Básicamente el objeto de la investigación es: a) Determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal; b) Establecer quiénes son los participes y las circunstancias personales para valorar la responsabilidad y que influyen en la punibilidad; c) Verificar los daños causados por el delito; d) Es ésta etapa, el Ministerio Público actuará a través de sus fiscales; y, e) Todas las autoridades y funcionarios públicos están obligados a facilitarle el cumplimiento de sus funciones a los fiscales. La base legal de esta fase preparatoria, la contempla el Código Procesal Penal en su Capitulo IV, específicamente en los Artículos comprendidos del 309 al 323, así como el artículo 251 de la Constitución Política de la República. El primer artículo de los indicados establece: "En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil.
El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones."

Características: (Art. 314 CPP)

•	Los actos de la investigación serán reservados para los extraños;
•	El cumplimiento de la anterior obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a la Ley del Organismo Judicial (Arts. 54 y 55);
•	El Ministerio Público podrá dictar las medidas para evitar la contaminación o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales;
•	El Ministerio Público podrá disponer de reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo no mayor de diez días corridos;
•	Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público. A ellos también les comprende la obligación de guardar reserva.

Conclusión de la Fase Preparatoria:

La terminación de esta fase preparatoria, se da en diversas formas, sin embargo, para efectos de estudio, conviene analizarla desde dos perspectivas jurídicas distintas, a saber:
1)	En cuanto al plazo de substanciación de la fase de instrucción o preparatoria; y,
2)	En cuanto a la forma procesal en que puede concluir esta fase preliminar. Que a su vez se clasifica en:
2.1)	Acto conclusivo norma; y,
2.2)	Actos conclusivos anormales:
2.2.1.	Desestimación (solicitud de archivo);
2.2.2.	Sobreseimiento;
2.2.3.	Clausura Provisional;
2.2.4.	Archivo.
1) En cuanto al plazo de substanciación de la fase procesal de instrucción o preparatoria:
El Ministerio Público por mandato legal, debe agotar esta fase preparatoria dentro de los tres meses contados a partir del autor de procesamiento; pero en los casos de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará seis meses a partir del auto de procesamiento. Ahora bien, mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a dichos plazos (art. 334 Bis CPP) No obstante dicho plazo, debe substanciar lo antes posible las diligencias, procediendo con la celeridad que el caso requiera; lo que significa concluir esta fase de investigación en forma inmediata, no necesariamente hasta que concluyan los plazos citados. 
A los tres meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión de procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de tres días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda.
Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al Fiscal General de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará, además, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para lo que proceda conforme a la ley.
Si en el plazo máximo de ocho días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en el CPP.
2) En cuanto a la forma procesal en que puede concluir esta fase preliminar:
2.1.	Acto conclusivo normal: Un acto conclusivo normal de la fase de investigación lo constituye la acusación, ya que ésta se da cuando en un proceso penal el resultado de la investigación es suficiente para que el Ministerio Público formule la acusación y pida que se abra a juicio penal contra el acusado ante el órgano jurisdiccional competente;
Acusación:  una vez vencido el plazo de investigación, el MP a través de un fiscal formulara la acusación y pedirá la apertura a juicio (o, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme al CPP. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal.) Entonces, con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener:
1)	Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado;
2)	La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica;
3)	Los fundamentos resumidos de la imputación, con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa;
4)	La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables;
5)	La indicación del tribunal competente para el juicio.
El MP remitirá al juez de primera instancia, con la acusación, las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo.

2.2. Actos Conclusivos Anormales:

2.2.1)	La desestimación: Puede decirse que el desistimiento o desestimación es un acto conclusivo anormal, por medio del cual termina la fase preparatoria. Este se materializa cuando el Ministerio Público le solicita al Juez de Primera Instancia que se archiven las actuaciones, por cuanto que el hecho sujeto a investigación no es constitutivo de delito ni falta. (Ars. 310 y 311 CPP).

2.2.2)	El Sobreseimiento: El sobreseimiento es la declaración de voluntad del Tribunal competente en virtud de la cual se declara terminada la instrucción preliminar sin que pueda iniciarse el proceso propiamente dicho, cuando se dan ciertas circunstancias establecidas en la ley.
En tal sentido, el Código Procesal Penal, en el artículo 328, indica que corresponderá sobreseer en favor del imputado:
1)	Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre al aplicación de una medida de seguridad y corrección;
2)	Cuando, a pesar de la falta de certeza, no existiere, razonablemente, la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir fundadamente la apertura del juicio.
Valor y efectos del Sobreseimiento: el sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe su nueve persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Mientras no esté firme, el tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad del imputado o hacer cesar las medidas sustitutivas que se le hubieren impuesto. (Art. 330 CPP).

2.2.3)	Clausura Provisional: Los presupuestos que deben concurrir para decretar la clausura provisional son los siguientes:
1.-	Cuando no aparezca debidamente comprobada la perpetración del delito, pero existe motivos para esperar que aún pueda establecerse posteriormente;
2.-	Cuando resulte comprobada la comisión de un delito y no haya motivos bastantes para acusar a determinada persona.

El Código Procesal Penal en el artículo 331 establece: "Clausura Provisional. Si no correspondiera sobreseer y los elementos de prueba resultaran insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento, por auto fundado, que deberá mencionar, concretamente, los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación."
Las condiciones requeridas para que se emita la clausura provisional en un proceso penal es clara en la legislación. Unicamente queda señalar que es el mismo Código que en el artículo 325 señala: "Sobreseimiento o clausura. Si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional. Con el requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder". Los presupuestos legales, facilitan la comprensión en el sentido de que la clausura provisional es otra de las formas en que momentáneamente puede finalizar la fase de investigación.

2.2.4)	Archivo: La legislación adjetiva penal, incluye como forma de concluir la fase preparatoria, el archivo de las actuaciones. Lo cual también esta relacionado con el Articulo 310 de la desestimación que indica que: "El Ministerio Público solicitará al juez de primera instancia el archivo de la denuncia, la querella o la prevención policial, cuando sea manifiesto que el hecho no es punible o cuando no se pueda proceder. Si el Juez estuviera de acuerdo con el pedido de archivo, firme la resolución, el jefe del Ministerio Público decidirá si la investigación debe continuar a cargo del mismo funcionario o designará sustituto."

El Código Procesal Penal, también prescribe que esta forma de terminar la fase de investigación al regular en el artículo 327: "Cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía, el Ministerio Público dispondrá, por escrito, el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la prosecución del procedimiento para los demás imputados.
En este caso, notificará la disposición a las demás partes, quienes podrán objetarla ante el Juez que controla la investigación, indicando los medios de prueba practicables o individualizando al imputado. El Juez podrá revocar la decisión, indicando los medios de prueba útiles para continuar la investigación o para individualizar al imputado."
El efecto jurídico enunciado, más que tratar un archivo, pareciera aludir un caso típico de clausura provisional, situación que provoca confusión al interpretarse. Esa potestad que otorga la norma al Ministerio Público, de archivar las actuaciones, es antitécnica, por cuanto que a quien corresponde calificar el hecho, tipicidad, circunstancias y responsabilidad del delito es la órgano jurisdiccional, y no al ente oficial que ejerce la acción penal; de modo que no debería corresponder al Ministerio Público ordenar unilateralmente el archivo del expediente; pero de cualquier forma la misma norma señala que las partes que no estuvieran de acuerdo con ese archivo, pueden objetarlo ante el Juez que controla la investigación. 

3.	MEDIOS DE PRUEBA:

3.1. Concepto de Prueba:
Prueba es todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso penal son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. La prueba es el único medio para descubrir la verdad y, a la vez, la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales.
Los artículos 181 y 183 del Código Procesal Penal señalan las características que debe tener la prueba para ser admisible:
1º	Objetiva: La prueba no debe ser fruto del conocimiento privado del juez ni del fiscal, sino que debe provenir al proceso desde el mundo externo, siendo de esta manera controlada por las partes. Por ejemplo; si el juez conoce de un hecho relevante relacionado con el proceso a través de un amigo, no podrá valorarlo si no es debidamente introducido al proceso. El Código en su artículo 181 limita la incorporación de la prueba de oficio a las oportunidades y bajo las condiciones previstas por la ley.
2º	Legal: La prueba debe ser obtenida a través de medios permitidos e incorporados de conformidad a lo dispuesto en la ley.
3º	Util: La prueba útil será aquella que sea idónea para brindar conocimiento acerca de lo que se pretende probar.
4º	Pertinente: El dato probatorio deberá guardar relación, directa o indirecta, con el objeto de la averiguación. La prueba podrá versar sobre la existencia del hecho, la participación del imputado, la existencia de agravantes o atenuantes, la personalidad del imputado, el daño causado, etc.
5º	No Abundante: Una prueba será abundante cuando su objeto haya quedado suficientemente comprobado a través de otros medios de prueba.

DISTINCION DE LA PRUEBA PROPIAMENTE DICHA:
a)	El Organo de Prueba: es aquella persona que actúa como elemento intermediario entre el objeto de prueba y el juez. Por ejemplo: en una declaración testimonial, el órgano de prueba es el testigo.
b)	Medio de Prueba: Es el procedimiento a través del cual obtenemos la prueba y la ingresamos al proceso. Por ejemplo: la declaración testimonial o un registro.
c)	Objeto de la Prueba: dentro los objetos de prueba se incluye tanto los hechos o circunstancias como los objetos (evidencias). Por ejemplo: un hecho (objeto) puede ser probado a través de un testimonio (medio) o una pericia balística (medio) puede realizarse sobre una pistola (objeto).

LA LIBERTAD PROBATORIA:
En materia penal, todo hecho, circunstancia o elemento, contenido en el objeto del procedimiento y, por tanto, importante para la decisión final, puede ser probado y lo puede ser por cualquier medio de prueba. Existe pues, libertad de prueba tanto en el objeto (recogido en el Código Procesal Penal en el artículo 182) como en el medio (Arts. 182 y 185 CPP).
Sin embargo, este principio de libertad de prueba no es absoluto, rigiendo las siguientes limitaciones:

1ºEn cuanto al objeto se debe distinguir:
a)	Limitación genérica. Existen unos pocos hechos, que por expresa limitación legal, no pueden ser objeto de prueba; por ejemplo, no puede ser objeto de prueba la veracidad de la injuria (Art. 162 del Código Penal, con excepción del art. 414 del CP). Tampoco podría ser objeto de prueba el contenido de una conversación, sometida a reserva, entre un abogado y su cliente, sin la autorización de este último (Arts. 104 y 212 del CPP).
b)	Limitación específica. En cada caso concreto no podrán ser objeto de prueba hechos o circunstancias que no estén relacionados con la hipótesis que originó el proceso, de modo directo o indirecto (Prueba Impertinente).
2ºEn cuanto a los Medios:
a)	No serán admitidos medios de prueba que vulneren garantías procesales o constitucionales;
b)	El estado civil de las personas solo podrá probarse a través de los medios de prueba señalados en el Código Civil ( Art. 371 CC; 182 CPP)
No existe una limitación general respecto a la prueba de aspectos íntimos de las personas. Si fuere pertinente, se podrá probar, por ejemplo, si hubo relaciones sexuales entre dos personas.
El artículo 184 señala que no será necesario probar hechos que se postulen como notorios (por ejemplo, si en 1994 era Presidente de la República, Ramiro de León Carpio). Para ello, es necesario el acuerdo del tribunal y las partes, aunque el Tribunal de oficio puede provocar el acuerdo.

LA CARGA DE LA PRUEBA:
En el proceso civil rige, como norma general, el principio de carga de la prueba por el cual la persona que afirma un hecho debe probarlo. Sin embargo, esta regla no es válida para el proceso penal, por dos razones principales:
1.-	En primer lugar hay que indicar que el imputado goza del derecho a la presunción de inocencia (Art. 14 de la Constitución y del CPP). Por ello las partes acusadoras han de desvirtuar la presunción, demostrando su teoría si quieren lograr la condena. Por su parte, la defensa no necesita desvirtuar las tesis acusadoras para lograr la absolución. Si por ejemplo, el imputado alega legítima defensa, no le corresponde a su abogado probar la existencia de la misma, sino que el fiscal tendrá que demostrar que su hipótesis es cierta y que no cabe la posibilidad de aplicar esta causa de justificación.
2.-	En segundo lugar, el Ministerio Público está obligado a extender la investigación no sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las de descargo (Art. 290 CPP). El Ministerio Público no actúa como un querellante y no tiene un interés directo en la condena; por lo tanto, si la defensa alega alguna circunstancia favorable, el fiscal deberá investigarla.
Por todo ello, podemos afirmar que la carga de la prueba en el proceso penal no recae en quien alegue un hecho, sino en las partes acusadoras.
LA PRUEBA ILEGAL:
Tradicionalmente se ha señalado que el fin del proceso penal es la búsqueda de la verdad histórica. Sin embargo, en un estado democrático este fin no es absoluto, está limitado. La barrera a esta búsqueda de la verdad está en el respeto a los derechos y garantías que otorga la Constitución y las leyes procesales. Por ejemplo, si la única manera de conocer la verdad es torturar a una persona, el Estado renuncia a conocer la verdad. No es un principio de un derecho penal democrático que la verdad deba ser investigada a cualquier precio.
En el proceso penal, la búsqueda de la verdad se realiza a través de las pruebas. La prueba practicada en juicio es la que "dice" al tribunal como ocurrieron los hechos. Sin embargo, la prueba ilegal no podrá ser valorada. La ilegalidad de la prueba se puede originar por dos motivos. Por obtención a través de un medio probatorio prohibido o por incorporacíon irregular al proceso (Art. 186 del CPP). La impugnación de la prueba ilegal tiene su procedimiento así como la subsanación de la misma:
A)	La prueba obtenida a través de medio prohibido: Cualquier prueba obtenida a través de un medio que vulnere garantías individuales constitucionalmente reconocidas deberá ser considerada ilegal. Dentro de los medios probatorios prohibidos tenemos que distinguir dos niveles:
a.1.	Medios probatorios con prohibición absoluta: Son aquellos medios probatorios que en ningún caso serán admisibles. Básicamente se refieren a aquellos medios que afecten a la integridad física y psíquica de la persona. Por ejemplo, nunca se podrá admitir una prueba obtenida bajo torturas o malos tratos.
a.2.	Medios probatorios que requieren de autorización judicial: Existen algunos medios de prueba que por afectar derechos básicos de las personas, sólo serán admisibles con orden de juez competente. Por ejemplo, los artículos 23 y 24 de la Constitución establecen la inviolabilidad de la vivienda, correspondencias, comunicaciones y libros, pero autoriza como excepción la afectación de este derecho con autorización judicial debidamente razonada.
La prueba prohibida no podrá ser admitida ni valorada en el proceso. La prohibición de valoración no se limita al momento de dictar sentencia, sino también en las decisiones que se tomen a lo largo del proceso, como por ejemplo el auto de prisión preventiva.
La prohibición de valoración de la prueba prohibida abarca tanto la obtenida directamente a través de violación constitucional como la prueba obtenida a consecuencia de dicha violación. Por ejemplo, no podrá valorarse la prueba de testimonio obtenida en tortura, pero tampoco podremos valorar el descubrimiento de objetos encontrados gracias a la confesión arrancada de aquella manera. Este planteamiento es conocido como la doctrina de los frutos del árbol envenenado, que establece que toda prueba obtenida a partir de un medio de prueba prohibido es prohibida. Una excepción a este principio, se debe dar cuando la prueba obtenida favorece al reo. Por ejemplo, una escucha telefónica ilegal que demuestra que el reo es inocente.
La prohibición de valoración de la prueba prohibida y sus efectos, es la única manera de hacer operativas en el proceso penal las garantías constitucionales. No tiene sentido prohibir una acción, pero si admitir sus efectos.
El fiscal al realizar su investigación, al formular sus hipótesis y al plantear la acusación, tendrá que valorar la legalidad de la prueba practicada. Si éste análisis da como resultado que existen pruebas ilegales, deberán ser desechadas y no podrán ser utilizadas en sus fundamentaciones.

B)	La prueba incorporada irregularmente al proceso: La incorporación de la prueba al proceso deberá hacerse respetando las formalidades exigidas por la ley. El Código Procesal Penal detalla en su articulado una serie de requisitos formales necesarios para incorporar la prueba al proceso. Estas formalidades son indispensables para asegurar la veracidad de la prueba obtenida y el derecho de defensa. Por ejemplo, el artículo 246 establece un procedimiento en el reconocimiento de personas que deberá respetarse para que la prueba sea legal o los artículos 317 y 318 que exigen la presencia de la defensa en las pruebas anticipadas.
La inobservancia de las formalidades exigidas por la ley impedirá la valoración de las pruebas obtenidas (Art. 281). Por ello, el Ministerio Público tendrá que ser muy cuidados durante la etapa de investigación en realizar las diligencias probatorias respetando las formalidades exigidas por la ley. De lo contrario, se podrán perder medios probatorios de suma importancia, sin perjuicio de las responsabilidades en las que pueda incurrir el funcionario por su actuar doloso o negligente.

C)	La impugnación de la prueba ilegal: Para impugnar actividades procesales defectuosas, muchos códigos recurren a incidentes de nulidad y otras formas semejantes. Sin embargo, aunque aparentemente se protejan mejor los fines del proceso de esa manera, en la práctica son usados como tácticas dilatorias. Por ello el Código PP optó por regular con precisión la invalorabilidad de la información en su artículo 281. De este modo, la invalidez de la información se asocia a la decisión en concreto en donde iba a ser utilizada, lográndose el mismo control y favoreciendo la celeridad procesal.
Las partes deberá protestar, ante el juez, el defecto mientras se cumple el acto o justo después de realizado, salvo que no hubiese sido posible advertir oportunamente el defecto, en cuyo caso se reclamará inmediatamente después de conocerlo (Ar. 282). Sin embargo, cuando el defecto vulnere el derecho de defensa u otra garantías constitucionales, no será necesaria protesta previa e incluso el juez o tribunal podrá advertir el defecto de oficio. La impugnación podrá presentarse verbalmente si el conocimiento se tiene en audiencia o por escrito. En cualquier caso, el fiscal debe requerir al juez que motive la negativa a su petición. Debemos advertir que el Código en su artículo 14 recoge como regla general la interpretación extensiva del ejercicio de las facultades de defensa por parte del imputado. En resumen, la defensa va a tener bastante libertad para impugnar pruebas ilegales. Todo ello, unido a la obligación que tiene el fiscal de velar por el estricto cumplimiento de las leyes (Art. 1 LOMP) hace que el Ministerio Público deba ser extremadamente cauteloso en respetar las exigencias legales y constitucionales al reunir las pruebas y deberá rechazar cualquier prueba ilegal.

D)	La subsanación de la prueba ilegal: La subsanación es un mecanismo a través del cual se corrige la actividad procesal defectuosa, incluyendo la actividad probatoria. Lo que en realidad se hace es recuperar información que inicialmente fue obtenida de un modo viciado.
Siempre que sea posible, los defectos se tendrán que subsanar, aún de oficio. No obstante, tal y como señala el Artículo 284 en su parte final, la subsanación no puede ser excusa para retrotraer el proceso a etapas ya precluidas, salvo que el Código lo señale expresamente (por ejemplo, en uno de los efectos de la apelación especial, indicado en el artículo 421 = "...Si se trata de motivos de forma, anulará la sentencia y el acto procesal impugnado y enviará el expediente al tribunal respectivo para que lo corrija...").
No siempre la prueba incorporada irregularmente al proceso o la prueba obtenida a través de un medio prohibido podrá ser subsanada. Por ejemplo, un reconocimiento de personas en el que sólo se ponga al imputado a la vista del testigo. En ese caso, la prueba ya está viciada y es imposible repetirla o corregirla, ya que el testigo ha visto al imputado y está condicionado.
El artículo 283 indica que la subsanación podrá realizarse a través de la renovación del acto, la rectificación del error o cumpliendo el acto omitido.
En los casos de pruebas obtenidas a través de medios prohibidos, la subsanación solo podrá darse a través de la renovación del acto, si éste fuere posible. Por ejemplo, si un testigo declaró bajo tortura, se podrá repetir el interrogatorio respetando las garantías constitucionales y asegurando que la declaración será libre. Esta última declaración será la única que pueda valorarse. En estos casos no podrá subsanarse a través de la rectificación del error o cumpliendo el acto omitido. Por ejemplo, un allanamiento en dependencia cerrada sin orden judicial y sin darse ninguna de las excepciones del artículo 190, no podrá ser subsanado obteniendo posteriormente la autorización.
En cuanto a la subsanación de pruebas incorporadas incorrectamente al procedimiento, no hay una regla general, sino que en cada caso habrá que analizar si la renovación o rectificación no van a desvirtuar la prueba o van a afectar el derecho de defensa. El juez tendrá que ser muy cuidadoso para evitar que la subsanación se convierta en un "maquillaje estético" de la prueba viciada. Dentro de las formalidades que exige la ley, no todas tienen el mismo valor. Será más fácil subsanar un acta en la que haya un error en la fecha que una prueba anticipada que se haya practicado sin haberse citado a la defensa.

EL ANTICIPO DE PRUEBA:
La etapa fundamental del proceso es el debate. En él se van a practicar todos los medios de prueba, para que el tribunal de sentencia los pueda apreciar en su conjunto y valorarlos conforme a la sana critica para llegar así a una decisión en la sentencia. La única prueba válida es la practicada en el juicio oral. Los elementos de prueba que se reúnen durante la etapa preparatoria no tienen valor probatorio para fundar la sentencia.
Sin embargo, en algunos casos excepcionales, no va a ser posible esperar hasta el debate para producir la prueba, bien porque la naturaleza misma del acto lo impida (reconocimiento de personas) o porque exista un obstáculo difícil de superar para que la prueba se reproduzca en el debate (p.ejem.: el testigo que se encuentra agonizando). Por ello, el Código Procesal Penal, crea un mecanismo para darle valor probatorio a estos actos definitivos e irreproducibles.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 317 cuando sea necesario el anticipo de prueba, el Ministerio Público o cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación para que lo realice. Si el juez lo considera admisible citará a las partes, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto a su intervención en el debate. Durante la investigación, el anticipo de prueba o judicación es competencia del juez de primera instancia (Art. 308).
Obviamente en algunos casos, por la naturaleza misma del acto, la citación anticipada puede hacer temer la pérdida de elementos de prueba. Por ejemplo, un registro en el domicilio del imputado. En esos casos el juez deberá practicar la citación de tal manera que no se vuelva inútil la práctica de la prueba.
En aquellos casos en los que no se sepa quien es el imputado o en casos de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir verbalmente la intervención del juez y éste practicará el acto, citando a un defensor de oficio para que controle el acto. Incluso en caso de peligro inminente de pérdida del elemento probatorio, el juez podrá practicar las diligencia de oficio. (art. 318 CPP).
Una vez convalidada la prueba anticipada y convenientemente registrada, se incorporará directamente a juicio mediante la lectura del acta.
En cualquier caso, el uso de la prueba anticipada ha de ser excepcional y el Ministerio Público tan sólo recurrirá a este mecanismo cuando sea imposible la reproducción en juicio. De lo contrario estaríamos volviendo al sistema inquisitivo de prueba escrita y desvirtuaríamos la naturaleza del debate.

Objetivos de los Medios de Prueba: (como ya se vio, es la averiguación de la verdad, por cualquier medio permitido por la ley)

3.2. Medios de Prueba admitidos por nuestra ley:

Inspección y Registro:
Este medio de prueba procede: "Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito, o se prusuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro, con autorización judicial.
Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los participes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y, cuando fuere posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles.
Si el hecho no dejó huellas, no produjo efectos materiales, desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar al anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento; análogamente se procederá cuando la persona buscada no se halle en el lugar.
Se pedirá en el momento de la diligencia al propietario o a quien habite el lugar donde se efectúa, presenciar la inspección o, cuando estuviere ausente, a su encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero.
El acta será firmada por todos los concurrentes; si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón."  (Art. 187 del C.P.P.).
La inspección y el registro se podrán llevar a cabo a la fuerza se hubiere oposición (art. 188 = Facultades coercitivas.)
El horario para practicar tales diligencias no puede realizarse antes de las seis ni después de las dieciocho horas. (Art. 189 CPP y 23 de la Consti.)
Para el allanamiento a dependencia cerrada de una morada o de una casa de negocio o recinto habitado, se requerirá orden escrita del juez, salvo en casos de riesgo previstos en la ley (art. 190 CPP).
Se puede practicar el reconocimiento corporal o mental del imputado. (Art. 194).

Documentos y Correspondencia:
Entrega de cosas y secuestro. Las cosas y documentos relacionados con el delito o que pudieran ser de importancia para la investigación y los sujetos a comiso serán depositados y conservados del mejor modo posible. 
Quien los tuviera en su poder estará obligado a presentarlos y entregarlos a la autoridad requiriente.
Si no son entregados voluntariamente, se dispondrá su secuestro. (Art. 198)", con las salvedades de ley.
Devolución. Las cosas y los documentos secuestrados que no estén sometidos a comiso, restitución o embargo serán devueltos, tan pronto como sea necesario, al tenedor legítimo o a la persona de cuyo poder se obtuvieron. La devolución podrá ordenarse provisionalmente, como depósito e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos. Si hubiere duda acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o documento, para entregarlo en depósito o devolverlo se instruirá un incidente separado, aplicándose las reglas respectivas de la LOJ. (Art. 202 CPP).
Secuestro de Correspondencia. Cuando sea de utilidad para la averiguación se podrá ordenar la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal, telegráfica y teletipográfica y los envíos dirigidos al imputado o remitidos por él, aunque sea bajo un nombre supuesto, o de los que se sospeche que proceden del imputado o son destinados a él. (Artículo 203 del CPP, al cual le fue derogada la segunda parte).
Apertura y examen de la correspondencia. Recibida la correspondencia o los envíos interceptados, el tribunal competente los abrirá, haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos y leerá por si el contenido de la correspondencia. Si tuvieren relación con el procedimiento, ordenará el secuestro. En caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario y, de no ser ello posible, a su representante o pariente próximo, bajo constancia. (Art. 204. del CPP. Hasta aquí lo relativo, al capítulo relativo a la prueba).
Documentos y elementos de convicción. Los documentos, cosas y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos, invitándolos a reconocerlos y a informar sobre ellos lo que fuere pertinente. Los documentos, cosas o elementos de convicción que, según la ley, deben quedar secretos o que se relacionen directamente con hechos de la misma naturaleza, serán examinados privadamente por el tribunal competente o por el juez que controla la investigación; si fueren útiles par la averiguación de la verdad, los incorporará al procedimiento, resguardando la reserva sobre ellos. Durante el procedimiento preparatorio, el juez autorizará expresamente su exhibición y al presencia en el acto de las partes, en la medida imprescindible para garantizar el derecho de defensa. Quienes tomaren conocimiento de esos elementos tendrán el deber de guardar secreto sobre ellos. (Art. 244 del CPP).
El desarrollo del Juicio Oral o Debate, después de los peritos y testigos: Otros Medios de Prueba. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente , con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia, según la forma habitual...". (Art. 380 del CPP).

Declaración del Imputado:
Declaración Libre. El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El Ministerio Público, el juez o el tribunal, le advertirá claramente y precisamente, que puede responder o no con toda libertad a las preguntas. (Art. 16 CPP y 16 CPRG).
Advertencias Preliminares. Antes de comenzar las preguntas se comunicará detalladamente al sindicado el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida; su calificación jurídica provisional; un resumen de los elementos de prueba existentes, y las disposiciones penales que se juzguen aplicables. Se le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. En la declaración que presente durante el procedimiento preparatorio será instruido acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud de a asumir, antes de comenzar la declaración sobre el hecho. (Art. 81 CPP).
Desarrollo. Se le "invitará" al sindicado a dar sus datos de identificación personales; residencia, condiciones de vida, si ha sido perseguido penalmente, porqué causa y cual fue la sentencia. En las declaraciones posteriores bastará que confirme los datos ya proporcionados. Inmediatamente después, se dará oportunidad para que declare sobre el hecho que se le atribuye y para que indique los medios de prueba cuya práctica considere oportuna; asimismo, podrá dictar su propia declaración. Luego podrán hacerle preguntas el MP, el defensor y el juez o miembros del tribunal. (Art. 82 del CPP).
Durante el procedimiento preparatorio se le comunicará el día y hora en que se le tomará declaración al sindicado (Art. 84)
Métodos prohibidos... El sindicado no será protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. (Art. 85 CPP).
Interrogatorio. Las preguntas serán claras y precisas; no están permitidas las preguntas capciosas o sugestivas y las respuestas no serán instadas perentoriamente. (Art. 86 CPP).
Oportunidad y autoridad competente. Si el sindicado hubiere sido aprehendido, se dará aviso inmediatamente al juez de primera instancia o al juez de paz en su caso, para que declare en su presencia, dentro del plazo de veinticuatro horas a contar desde su aprehensión. El juez proveerá de los medios necesarios para que en la diligencia pueda estar presente un defensor. Durante el procedimiento intermedio, si lo pidiere el imputado, la declaración será recibida por el juez de primera instancia. Durante el Debate, la declaración se recibirá después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales. Para tal efecto, el Presidente le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de declarar, etc. (370 del CPP). El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como procedimiento dilatorio o perturbador. Durante el procedimiento preparatorio, el sindicado podrá informar espontáneamente al Ministerio Público acerca del hecho delictivo que se le atribuye, pero deberá ser asistido por abogado de su elección o por un defensor público.
La policía sólo podrá dirigir al imputado preguntas para hacer constar su identidad y a hacerle saber sus derechos (88 CPP). El sindicado también podrá hacerse auxiliar de un traductor (Art. 90 del CPP).

Testimonios:
Todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a una citación con el fin de prestar declaración testimonial, lo que implica exponer la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación y, el de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la misma (art. 207 del CPP).
La obligación anterior y la de comparecer en forma personal, tiene excepciones. Así por ejemplo, no están obligados a comparecer en forma personal los presidentes y vicepresidentes de los organismos del Estado, los ministros de Estado, los diputados titulares, magistrados de la CSJ, de la CC y del TSE y los funcionarios judiciales de superior categoría a la del juez respectivo; ni los diplomáticos acreditados en el país, salvo que deseen hacerlo.(Art. 208 CPP). Y no están obligados a prestar declaración; los parientes, el defensor abogado o mandatario de  del imputado que por razón de su calidad deban mantener un secreto profesional y los funcionarios públicos que por razón de oficio deban mantener secreto, salvo autorización de sus superiores. (Art. 212, 223 CPP y 16 C.P.R).
Quienes no están obligados de asistir personalmente, declararán mediante informe escrito. (209 CPP) incluso podrán ser interrogadas en su domicilio quienes no puedan asistir por impedimento físico o cuando se trate de personas que teman por su seguridad personal o por su vida o en razón de amenazas, intimidaciones o coacciones (idem).
La citación para declarar la hará el Juez o el Ministerio Público a través de la Policía, con indicación del tribunal o funcionario ante el cual deberá comparecer, motivo de la citación, identificación del procedimiento, fecha y hora en que se debe comparecer, con la advertencia que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública y consiguientes responsabilidades (Art. 173 CPP). La citación en casos de urgencia podrá hacerse verbalmente o por teléfono (Art. 124) No obstante, si la citación de que se trate no consta expresamente el objeto de la diligencia, no es obligatoria la comparecencia (Art. 32 Constitución).
Al testigo se le protesta decir la verdad en forma solemne: "¿ Promete usted como testigo decir la verdad, ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? y el testigo tiene que responder: «Si prometo decir la verdad» (Art. 219 CPP).
En el acto, el testigo debe presentar el documento que lo identifique legalmente, o cualquier otro documento de identidad; en todo caso, se recibirá su declaración, sin perjuicio de establecer con posterioridad su identidad si fuere necesario (Art. 220 CPP).
La negativa del testigo a prestar protesta de conducirse con la verdad, será motivo para iniciar persecución penal en contra de su persona (221 cpp), sin embargo, no deberán ser protestados los menores de edad y los que desde el primer momento de la investigación aparezcan como sospechosos o participes del delito (222 CPP).
En el Debate, inmediatamente después de escuchados los Peritos, el presidente procederá a llamar a los testigos, uno a uno. Comenzando con los que hubiere ofrecido el MP; continuará con los propuestos por los demás actores y concluirá con los del acusado y los del tercero civilmente demandado, aunque dicho orden lo podrá alterar el presidente del tribunal cuando lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos.
En el debate, antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre si, ni con otras personas, ni ver, oír, o ser informados de lo que ocurra en el debate. Después de declarar, el Presidente dispondrá si continúan en antesala. También si fuera imprescindible, el Presidente podrá autorizar a los testigos a presenciar actos del debate. Se podrán llevar a cabo careos entre testigos o entre el testigo y el acusado o reconstrucciones. (Art. 377 del CPP).
El Presidente del Tribunal, después de interrogar al testigo sobre su identidad personal y la correspondiente protesta, concederá la palabra al testigo para que informe todo lo que saber acerca del hecho propuesto como objeto de la prueba. Al finalizar el relato o si no hubiera tal, el Presidente concederá la palabra el que propuso al testigo para que lo interrogue, luego a las demás partes en el orden que estime conveniente y, por último, los miembros del tribunal podrán interrogarlo con el fin de conocer circunstancias de importancia para el éxito del juicio. Los testigos expresarán la razón de sus informaciones y el origen de la noticia, designando con la mayor precisión posible a los terceros que la hubieran comunicado.
El Presidente del Debate moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo conteste a preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. La resolución que sobre ese extremo adopte será recurrible, decidiéndolo inmediatamente el tribunal. (Art. 378 CPP).

Peritación:
La pericia es le medio probatorio mediante el cual se busca obtener para el proceso, una dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útiles para el descubrimiento o valoración de un medio de prueba.
El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación, a pedido de parte o de oficio, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. (Art. 225 CPP).
Los peritos deberán ser titulados en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. Por obstáculo insuperable para contar con el perito habilitado en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. (art. 226 del CPP).
El cargo de perito es obligatorio, salvo legítimo impedimento, lo que incluye las causales de excusa y recusación. (228-9).
Los peritos serán citados en la misma forma que los testigos (ver testigos).
Los peritos deben emitir un dictamen por escrito, firmado y fechado y oralmente en la audiencia, que será fundado y contendrá relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos, y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema pericial de manera clara y precisa. (234 CPP).
En el Debate, después de la declaración del acusado, el Presidente procederá a leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Si estos hubieren sido citados, responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes, sus abogados o consultores técnicos y los miembros del tribunal, en ese orden y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si resultare conveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate. (Art. 375-6 CPP).
El Presidente, después de interrogar al perito sobre su identidad personal y las circunstancias generales para valorar su declaración lo protestará formalmente, en la misma forma que a los testigos. Y al final el perito expresará la razón de su información. Al igual que al testigo si el perito no comparece después de haber sido citado legalmente, el Presidente podrá disponer su conducción por la fuerza pública. (378-9 CPP).

Peritaciones Especiales:
Según la estructura del Código Procesal Penal, se consideran peritaciones especiales: a) Autopsia; b) Peritación en delitos sexuales; c) Cotejo de Documentos; y, d) La traducción o labor de un interprete.
En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público o el juez ordenarán la practica de la autopsia, aunque por simple inspección exterior del cadáver la causa aparezca evidente. No obstante, el juez, bajo su responsabilidad podrá ordenar la inhumación, sin autopsia, en casos extraordinarios, cuando aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de muerte. (238 CPP).
En casos de señales de envenenamiento, se harán exámenes de laboratorio. (240 CPP).
La peritación en delitos sexuales solamente podrá efectuarse si la víctima presta su consentimiento, y, si fuere menor de edad, con el consentimiento de sus padres o tutores, de quien tenga la guarda o custodia o, en su defecto, del Ministerio Público. (Art. 241 CPP).
Para el examen y cotejo de un documento, el tribunal dispondrá la obtención o presentación de escrituras de comparación. Los documentos privados se utilizarán si fueren indubitados, y su secuestro podrá ordenarse, salvo que el tenedor sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo. También podrá el tribunal disponer que alguna de las partes escriba de su puño y letra en su presencia un cuerpo de escritura. De la negativa se dejará constancia. (Art. 242 del CPP).
Si fuere necesaria una traducción o una interpretación, el juez o el Ministerio Público, durante la investigación preliminar, seleccionará y determinará el número de los que han de llevar a cabo la operación. Las partes estarán facultadas para concurrir al acto en compañía de un consultor técnico que los asesore y para formular las objeciones que merezca la traducción o interpretación oficial. (Art. 243 CPP).

Reconocimientos e Informes:
Los documentos, cosas y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos, invitándolos a reconocerlos y a informar sobre ellos lo que fuere pertinente. Los documentos, cosas o elementos de convicción que, según la ley, deben quedar secretos o que se relacionen directamente con hechos de la misma naturaleza, serán examinados privadamente por el tribunal competente o por el juez que controla la investigación; si fueren útiles par la averiguación de la verdad, los incorporará al procedimiento, resguardando la reserva sobre ellos. Durante el procedimiento preparatorio, el juez autorizará expresamente su exhibición y al presencia en el acto de las partes, en la medida imprescindible para garantizar el derecho de defensa. Quienes tomaren conocimiento de esos elementos tendrán el deber de guardar secreto sobre ellos. (Art. 244 del CPP).
Reconocimiento de cosas. Las cosas que deban ser reconocidas serán exhibidas en la misma forma que los documentos. (249 CPP).
Cuando fuere necesario individualizar al imputado, se ordenará su reconocimiento en fila de personas, la que se practicará desde lugar oculto, incluso si el imputado no pudiera ser presentado por causas justificadas a criterio del tribunal, se podrá utilizar su fotografía y otros registros. Asimismo, este reconocimiento puede ser por varias o de varias personas, siguiendo las reglas que establece el CPP (Arts. 246 y 247
Los tribunales y el Ministerio Público podrán requerir informes sobre datos que consten en registros llevados conforme a la ley. Los informes se solicitarán indicando el procedimiento en el cual son requeridos, el nombre del imputado, el lugar donde debe ser entregado el informe, el plazo para su presentación y las consecuencias previstas por el incumplimiento del que debe informar.

Careo:
El careo podrá ordenarse entre dos o más personas que hayan declarado en el proceso, cuando sus declaraciones discrepen sobre hechos o circunstancias de importancia. Al careo con el imputado podrá asistir su defensor.
Los que hubieren de ser careados prestarán protesta antes del acto, a excepción del imputado.
El acto del careo comenzará con la lectura en alta voz de las partes conducentes de las declaraciones que se reputen contradictorias. Después, los careados serán advertidos de las discrepancias para que se reconvengan o traten de ponerse de acuerdo.
En cada careo se levantará acta en la que se dejará constancia de las ratificaciones, reconvenciones y otras circunstancias que pudieran tener utilidad para la investigación. (Arts. 250 al 253 del CPP).

4.	MEDIDAS DE COERCION.

4.1. Coerción personal del Imputado:

Concepto: Las medidas de coerción personal son aquellos medios de restricción al ejercicio de derechos personales del imputado impuestos durante el curso de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus fines: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley substantiva al caso concreto. Son medios jurídicos de carácter cautelar o temporal de los que dispone el órgano jurisdiccional, para poder legalmente vincular al proceso penal a la persona sindicada de la comisión de un delito. Si se aprehende a una persona y se le aplica prisión preventiva o detención, esto constituye una medida coercitiva personal o directa, ya que es una limitación que se impone a la libertad del imputado para asegurar la consecución de los fines del proceso.

Fines: Garantizar que el imputado no evada su responsabilidad, en caso de obtener una sentencia de condena. Estas medidas deben interpretarse siempre en forma restringida, y aplicarse en forma excepcional contra el sindicato, ya que en las ocasiones en que el juzgador las dicte, será porque en efecto es indispensable vincular al imputado al proceso, para evitar que éste se fugue, o en su caso, que exista peligro de obstaculización de la verdad y sólo debe decretarse cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. La detención provisional tiene como fin asegurar que el imputado no burle el cumplimiento de la ley, ya sea, obstaculizando la verdad del hecho, o bien a través de una posible fuga, o que haga desaparecer los vestigios y evidencias de la escena del crimen, o intimidar a los testigos, por ejemplo.

4.2. Presentación espontánea:
La ley dice que quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público, pidiendo ser escuchado. (Art. 254).

4.3. Aprehensión:
La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediatamente del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. (Art. 257 del CPP).
El deber y la facultad previstos en el artículo anterior se extenderán a la aprehensión de la persona cuya detención haya sido ordenada o de quien se fugue del establecimiento donde cumple su condena o prisión preventiva. En estos casos el aprehendido será puesto inmediatamente a disposición de la autoridad que ordenó su detención o del encargado de su custodia. (Art. 258 CPP).

Formas y casos: Como ya se vio en la definición legal anterior las formas son dos: a) en el momento de la comisión del delito; b) y posteriormente a su comisión existiendo continuidad en la persecución. Los casos serían cuando hay delito flagrante y cuando hay orden de juez competente para la detención.

Detención: En los casos en que el imputado se oculte o se halle en situación de rebeldía, el juez, aún sin declaración previa, podrá ordenar su detención. Si ya hubiere sido dictada la prisión preventiva, bastará remitirse a ella y expresar el motivo que provoca la necesidad actual del encarcelamiento. (Art. 266 del CPP).
De la definición anterior, se desprende que la detención es una medida coercitiva personal que consiste en la privación de la libertad de una persona, contra quien existe presunción de responsabilidad de la comisión de un delito. A esta persona se le priva momentáneamente de su libertad con el fin de ponerla a disposición del tribunal competente, asegurándola para los fines del mismo y para una eventual prisión preventiva. Podemos decir entonces que los presupuestos procesales para que el Juez ordene la detención cuando la persona a la que se le imputa la comisión de un hecho delictivo se oculte o se halle en situación de rebeldía. (Véase art. 79 CPP).

4.4. Prisión Preventiva:
La prisión preventiva es el encarcelamiento de una persona para asegurar que comparezca al juicio, que la pena será cumplida, y que en una y otra circunstancia no se verán frustradas por una eventual fuga del imputado u obstaculización de la verdad del hecho.
"A ninguno escapa la gravedad del problema que presenta esta medida coercitiva, ya que la utilización de la prisión preventiva contra el imputado en el proceso penal moderno, se interpreta como una pena anticipada, más aún en un país donde el sistema inquisitivo cobró su máxima manifestación durante muchos años... la privación de libertad del imputado, durante la substanciación del proceso penal, se caracteriza por vulnerar garantías procesales, ya que no debe ser aplicada al imputado, quien hasta ese momento es inocente. En ese sentido vale decir que la sentencia de condena, pronunciada por un Juez, o tribunal competente, es el único título legítimo que el Estado puede exhibir para aplicar una pena de prisión, restringiendo el derecho de libertad personal del imputado...
No obstante lo expuesto, se debe aceptar que la presión preventiva es un instituto procesal reconocido por el régimen guatemalteco, sustentado en el artículo 13 de la Constitución Política de la República, que establece: «No podrá dictarse auto de prisión, sin que proceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente.»" (Par Usen)

Sustanciación: Esta medida a la que también se le denomina auto de presión, esta contemplada en el Artículo 259 del Código Procesal Penal que establece: "Prisión Provisional. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado, cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en el. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso." El artículo subsiguiente establece los requisitos que ha de contener el auto de prisión dictado por el juez competente; luego, el artículo 261 prescribe los casos de excepción, en el sentido de que en los delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad, asimismo de que no se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando, en el caso concreto, no se espera dicha sanción. Inmediatamente después en los artículos 262 y 263 se establecen los parámetros para determinar cuando hay peligro de fuga y cuándo peligro de obstaculización, respectivamente.

4.5. Medidas Sustitutivas de la Prisión Provisional:
El gran porcentaje de población carcelaria que aumenta en los centros penitenciarios, casi todos a la espera de una decisión que ponga fin a su situación de incertidumbre, las condiciones en que se cumple el encarcelamiento, su duración injustamente prolongada y su utilización como anticipo de condena, son viejos problemas que a pesar de evidenciar una ilegalidad contra los derechos individuales del imputado, aún no ha encontrado solución en nuestros tiempos. 
Por aquellas razones, en la actualidad existe en el Derecho Penal y Procesal Penal moderno una corriente doctrinaria orientada a través de una política criminal, que tiende a extinguir completamente la aplicación de las medidas coercitivas que limiten la libertad del imputado. De tal suerte que se han creado medios alternativos o medidas sustitutivas a la prisión preventiva; estos mecanismos jurídicos apuntan a disminuir la actuación represiva del Estado, dignificando al delincuente, quien es el que soporta la enfermedad grave del encierro humano.
Hace mucho tiempo que se hablaba de sustitutivos penales. Enrico Ferri señaló que para prevenir los delitos es preciso que existan sustitutivos penales o equivalente de pena, orientaciones que permitan guiar la actividad humana a través de propuestas para un orden económico, político, científico, civil, religioso, familiar y educativo. Para menguar la criminalidad en toda la ciudadanía.
En ese orden de ideas, la descrimininalización y despenalización son procesos necesarios para dejar la pena privativa de libertad como última razón y usar la fórmula de vaciamiento de las prisiones, considerando que raramente la prisión cura, sino que por el contrario, corrompe, y ni a la larga se constituye en un amparo contra la criminalidad; donde existe la promiscuidad, ociosidad, superpoblación y ningún esfuerzo por la superación o resocialización del hombre penado.
No obstante el ius imperium del Estado para defender a la colectividad del crimen, existe el principio de excepcionalidad al encarcelamiento preventivo, en aquellos casos que no haya peligro de fuga ni de obstaculización de la averiguación de la verdad.
De tal manera que las medidas sustitutivas son alternativas o medios jurídicos procesales, de los que dispone el órgano jurisdiccional para aplicar el principio de excepcionalidad en el proceso penal, limitando todo tipo de medida coercitiva que restrinja la libertad del sindicado, haciendo patente, los derechos y garantías constitucionales del imputado.
De conformidad con el artículo 264 del Código Procesal Penal, se establece que: "Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por la aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente, de oficio, podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes:
1)	El arresto domiciliario, en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga;
2)	La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe;
3)	La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe;
4)	La prohibición de salir sin autorización, del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal;
5)	La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares;
6)	La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
7)	La presentación de una caución económica adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o más personas idóneas. 
El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la prestación.
En casos especiales, se podrán también prescindir de toda medida de coerción, cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento basta para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad.
No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumerada anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales, o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menores de doce años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado y hurto agravado. 
También quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el Capítulo VII del Decreto No. 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad.
Las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado. En caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicación del inciso séptimo de este artículo deberá guardar una relación proporcional con el daño causado."
Artículo 264 Bis. Arresto Domiciliario en Hechos de Tránsito. Creado por el Decreto 32-96 el cual queda así.
Cuando se trate de hechos por accidentes de tránsito, los causantes de ellos deberán quedarse en libertad inmediata, bajo arresto domiciliario.
Esta medida podrá constituirse mediante acta levantada por un Notario, Juez de Paz o por el propio jefe de Policía que tenga conocimiento del asunto; estos funcionarios serán responsables si demoran innecesariamente el otorgamiento de la medida. El interesado podrá requerir la presencia de un fiscal del Ministerio Público a efecto de agilizar el otorgamiento de dicha medida. En el acta deberán hacerse constar los datos de identificación personal tanto del beneficiado como de su fiador, quienes deberán identificarse con su cédula de vecindad o su licencia de conducir vehículos automotores, debiéndose registrar la dirección de la residencia de ambos.
El Juez de Primera Instancia competente, al recibir los antecedentes, examinará y determinará la duración de la medida, pudiendo ordenar la sustitución de la misma por cualesquiera de las contempladas en el artículo anterior.
No gozará del beneficio la persona que en el momento del hecho se encontrare en alguna de las situaciones siguientes:
1)	En estado de ebriedad o bajo efecto de drogas o estupefacientes.
2)	Sin licencia vigente de conducción.
3)	No haber prestado ayuda a la víctima, no obstante de haber estado en posibilidad de hacerlo.
4)	Haberse puesto en fuga u ocultado para evitar su procesamiento.

En los casos en los cuales el responsable haya sido el piloto de un transporte colectivo de pasajeros, escolares o de carga en general cualquier transporte comercial, podrá otorgársele este beneficio, siempre que se garantice suficientemente ante el Juzgado de Primera Instancia respectivo, el pago de las responsabilidades civiles. La garantía podrá constituirse mediante primera hipoteca, fianza prestada por entidad autorizada para operar en el país o mediante el depósito de una cantidad de dinero en la Tesorería del Organismo Judicial y que el juez fijará en cada caso.
Artículo 265. Acta.
Previo a la ejecución de estas medidas, se levantará acta, en la cual constará:
1)	La notificación al imputado.
2)	La identificación de las personas que intervengan en la ejecución de la medida y la aceptación de la función o de la obligación que les ha sido asignada.
3)	El domicilio o residencia de dichas personas, con indicación de las circunstancias que obliguen al sindicado o imputado a no ausentarse del mismo por más de un día.
4)	La constitución de un lugar especial para recibir notificaciones, dentro del radio del tribunal.
5)	La promesa formal del imputado de presentarse a las citaciones.
En el acta constarán las instrucciones sobre las consecuencias de la incomparecencia del imputado.

4.6. Causiones:
Son medidas de coerción personal o actos cautelares de restricción al ejercicio patrimonial, limitándo la disposición sobre una parte de su patrimonio del imputado impuestos durante el curso de un proceso penal, tendientes a garantizar el logro de sus fines: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley substantiva al caso concreto. Son medios jurídicos de carácter cautelar o temporal de los que dispone el órgano jurisdiccional, para poder legalmente vincular al proceso penal a la persona sindicada de la comisión de un delito.

Formas: Ya vimos que las medidas de coerción personal se clasifican en personales y reales; siendo las personales las que abordamos en el apartado anterior. En tanto que las medidas de coerción real son aquellas que recaen sobre el patrimonio del imputado, entre ellas pueden citarse: el embargo y el secuestro. Pero ambas medidas tiene una misma finalidad, la cual consiste en garantizar la consecución de los fines del proceso los que pueden afectar, como ya se vio, al imputado o a terceras personas.
Sustanciación: Ya vimos en la anterior medida de coerción que conforme el Artículo 264 del Código Procesal Penal, se establece que: "Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por la aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente, de oficio, podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes:
1)	...
7)	La presentación de una caución económica adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o más personas idóneas. 
El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la prestación..."
También que previo a la ejecución de este tipo de medidas sustitutivas, se levantará un acta con los requisitos del artículo 265. Y en la sustanciación también: "Artículo 269. Cauciones. El tribunal, cuando corresponda, fijara el importe y la clase de caución, decidirá sobre la idoneidad del fiador, según libre apreciación de las circunstancias del caso. A pedido del tribunal, el fiador justificará su solvencia. Cuando la caución fuere prestada por otra persona, ella asumirá solidariamente por el imputado la obligación de pagar, sin beneficio de exclusión, la suma que el tribunal haya fijado. El imputado y el fiador podrán sustituir la caución por otra equivalente, previa autorización del tribunal."

4.7. Coerción Patrimonial: (ver apartado que antecede)

Concepto:(idem)

Clases: Embargo y secuestro.

Embargo:
El embargo es el acto de coerción real por el cual se establece la indisponibilidad de una suma de dinero y otros bienes determinados (muebles o inmuebles) con el fin de dejarlos afectados al cumplimiento de las eventuales consecuencias económicas que pudieran surgir de la sentencia (pena pecuniaria, indemnización civil y costas). Tal cumplimiento se llevará a cabo por el simple traspaso de lo embargado (si se tratara de dinero) o por su previa conversión en dinero mediante la ejecución forzada (si se tratara de otros bienes).
También se puede entender como un acto cautelar consistente en la determinación de los bienes que han de ser objeto de la realización forzosa, de entre los que posee el imputado o el responsable civil, en su poder o en el de terceros, fijando su sometimiento a la ejecución futura, que tiene como contenido una intimación al sujeto pasivo que se abstenga de realizar cualquier acto dirigido a sustraer los bienes determinados y sus frutos a la garantía de las responsabilidades pecuniarias. Esta medida únicamente puede ser decretada o ampliada por un Juez competente; ahora bien, según el Código Procesal Penal, puede en ciertos casos excepcionalmente ser decretada por el Ministerio Público, caso en el cual deberá solicitar inmediatamente la autorización judicial, debiendo consignar las cosas o documentos ante el tribunal competente.
El Artículo 278 del Código Procesal Penal, prescribe: "...Remisión. El embargo y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías, se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil.  En los delitos promovidos por la Administración Tributaria, se aplicará lo prescrito en el Artículo 170 del Código Tributario. En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. Sólo serán recurribles, cuando lo admita la mencionada ley y con el efecto que ella prevé." 
Secuestro:
El secuestro consiste en la aprehensión de una cosa por parte de la autoridad judicial, con el objeto de asegurar el cumplimiento de su función específica que es la investigación de la verdad y la actuación de la ley penal.
La ocupación de cosas por los órganos jurisdiccionales, durante el curso del procedimiento, puede obedecer a la necesidad de preservar efectos que puedan ser sujetos a confiscación, cautelando de tal modo el cumplimiento de esta sanción accesoria en caso de que proceda. También puede obedecer a la necesidad de adquirir y conservar material probatorio útil a la investigación.
Precisa indicar que el secuestro es un acto coercitivo, porque implica una restricción a derechos patrimoniales del imputado o de terceros, ya que inhibe temporalmente la disponibilidad de una cosa que pasa a poder y disposición de la justicia. Limita el derecho de propiedad o cualquier otro en cuya virtud el tenedor use, goce o mantenga en su poder al objeto secuestrado. Otro aspecto que merece destacarse es que únicamente se puede secuestrar cosas o documentos objetivamente individualizados, aunque estén fuera del comercio.
El fin de esta medida apunta a un desapoderamiento de objetos, bien del propietario o de tercera persona, con los fines de aseguramiento de pruebas, evidencias, recuperación de objetos de delito, si se trata de los relacionados con el delito. Y también como complemento del embargo, con el fin de poner los bienes embargados en efectivo poder del depositario nombrado.
El secuestro puede terminar antes de la resolución definitiva del proceso o después. Puede cesar antes cuando los objetos sobre los cuales recayó dejaron de ser necesarios, sea porque se comprobó su desvinculación con el hecho investigado, o porque su documentación (copias, reproducciones, fotografías) tornó innecesaria su custodia judicial. Pero si tales efectos pudiesen estar sujetos a confiscación, restitución o embargo, deberá continuar secuestrados hasta que la sentencia se pronuncie sobre su destino. Fuera de este caso, las cosas secuestradas serán devueltas a la persona de cuyo poder se sacaron, en forma definitiva o provisionalmente en calidad de depósito, imponiéndose al depositario el imperativo de su exhibición al tribunal si éste lo requiere. Las cosas secuestradas pueden ser recuperadas de oficio o a solicitud de parte, antes de dictarse la sentencia o al dictarse la misma; si hay revocación de prisión preventiva o sobreseimiento, o bien por la obtención de una sentencia absolutoria, respectivamente y según el caso.
El Código Procesal Penal, regula en el Artículo 198: "Las cosas y documentos relacionados con el delito o que pudieran ser de importancia para la investigación y los sujetos a comiso serán depositados y conservados del mejor modo posible. Quien los tuviera en su poder estará obligado a presentarlos y entregarlos a la autoridad requiriente. Si no son entregados voluntariamente, se dispondrá su secuestro."

4.8. Revisión de las Medidas de Coerción Personal:
De conformidad con la ley, la revisión de las medidas de coerción personal, se podrá hacer de la manera siguiente:
"Artículo 276. Carácter de las decisiones. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable, aún de oficio."
"Artículo 277. Revisión a pedido del imputado. El imputado y sus defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación, o de cualquiera otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta, en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieren variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria."

	Tercera Parte

	FASE INTERMEDIA

1.	EL PROCEDIMIENTO INTERMEDIO.

1.1. Procedimiento Intermedio:

Concepto: La fase intermedia se desarrolla después de agotada la etapa de investigación. Es decir, después de haber realizado un cúmulo de diligencias consistentes en informaciones, evidencias o pruebas auténticas, que servirán para determinar si es posible someter al procesado a una formal acusación y si procede la petición del juicio oral y público. Esta fase está situada entre la investigación y el juicio oral, cuya función principal consiste en determinar si concurren los presupuestos procesales que ameritan la apertura del juicio penal: Se caracteriza por ser un tanto breve, ya que es un momento procesal en el que el Juez de Primera Instancia; contralor de la investigación, califica los hechos y las evidencias en que fundamenta la acusación el Ministerio Público; luego se le comunica a las partes el resultado de las investigaciones, los argumentos y defensas presentadas confiriéndoseles audiencia por el plazo de seis días para que manifiesten sus puntos de vista y cuestiones previas. Posteriormente, el Juez determina se procede o no la apertura a juicio penal. Se trata de que, tanto los distintos medios de investigación, como otras decisiones tomadas durante la investigación preliminar, que fundamentan la acusación del Ministerio Público, sean sometidas a un control formal y sustancial por parte del órgano jurisdiccional que controla la investigación, y las propias partes procesales.

Fines u objetivo: Establecer como razón de esta etapa: 1. el control garantista judicial para evitar juicios superficiales; 2. fijar el hecho motivo del juicio oral, al cual queda vinculado el tribunal de sentencia.

1.2. Actividad de los Sujetos Procesales:

	SOLICITUD DE APERTURA DEL M.P.:
Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio, o bien solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando fuese procedente. (Art. 332 CPP).
El juez ordenará la notificación del requerimiento al Ministerio Público al acusado y a las demás partes, entregándoles copia del escrito. Las actuaciones quedarán en el juzgado para su consulta por el plazo de seis días comunes. (Art. 335 CPP.)
Al día siguiente de recibida la acusación del Ministerio Público, el juez señalará día y hora para la celebración de una audiencia oral, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de diez días ni mayor de quince, con el objeto de decidir la procedencia de la apertura a juicio... 
Para permitir la participación del querellante y las partes civiles en el proceso, éstos deberán manifestarlo por escrito al juez antes de la celebración de la audiencia, su deseo de ser admitidos como tales. (Art. 340 CPP).
Actitud del acusado: En la indicada audiencia: a) Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección; b) Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil prevista en el Código; c) Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando, incluso, por esas razones, el sobreseimiento o la clausura. (Art. 336 CPP). En esta audiencia también podrá oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan, presentar prueba documental y señalar los medios que fundamentan su oposición. (Art. 339 CPP).
Actitud del querellante: En la indicada audiencia: a) adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará; b) Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección; c) Objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su aplicación o corrección.
Actitud de las partes civiles: En la audiencia las partes civiles deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito cuya reparación pretenden. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considerará como desistimiento de la acción.

	REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO, CLAUSURA
	U OTRA FORMA CONCLUSIVA DEL M.P.:
Si el Ministerio Público requirió el sobreseimiento, la clausura y otra forma conclusiva que no fuera la acusación, el juez ordenará al día siguiente de la presentación de la solicitud, la notificación a las partes, entregándoles copia de la misma y poniendo a su disposición en el despacho las actuaciones y las evidencias reunidas durante la investigación para que puedan ser examinadas en un plazo común de cinco días.
En la misma resolución convocará a las partes a un audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de diez. (Art. 345 BIS. CPP).

Facultades y deberes de las partes: En la referida audiencia (de 5 días), las partes por igual podrán: a) objetar la solicitud de sobreseimiento, clausura, suspensión condicional de la persecución penal, de procedimiento abreviado o aplicación de criterio de oportunidad; b) Solicitar la revocación de las medidas cuatelares. (Art. 345 TER.)
En el día de la audiencia se concederá el tiempo necesario para que cada parte fundamente sus pretensiones y presente los medios de investigación practicados. De la audiencia se levantará un acta y al finalizar, en forma inmediata, el juez resolverá todas las cuestiones planteadas y, según corresponda: a) Decretará la clausura provisional... b) el sobreseimiento cuando... c) suspenderá condicionalmente el proceso... d) aplicará el criterio de oportunidad...;e) Ratificará, revocará, sustituirá o impondrá medidas cautelares. Ahora bien si el Juez considera que debe proceder la acusación, ordenará su formulación, la cual deberá presentarse en el plazo máximo de siete días, esto es acusará y se procederá como en el apartado que antecede (solicitud de apertura). (Art. 345 QUATER. CPP).

1.3. Recepción de Medios de Investigación:
La recepción de la prueba documental que pretendan hacer valer las partes y el señalamiento de los medios de investigación en fundan su oposición se hará en la misma audiencia (plazo no menor de diez días ni mayor de quince) (Art. 339-40 CPP).

1.4. Resolución del Procedimiento y Auto de Apertura del Juicio:
Al finalizar la intervención de las partes en la audiencia de plazo no menor de diez días ni mayor de quince, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas; la apertura del juicio o de lo contrario el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. (Art. 341 CPP). 

Citaciones:
Al dictar el auto de apertura del juicio, el juez citará a quienes se les haya otorgado participación definitiva en el procedimiento, a sus mandatarios, a sus defensores y al Ministerio Público para que, en el plazo común de diez días comparezcan a juicio al tribunal designado y constituyan lugar para recibir notificaciones. Si el juicio se realizare en un lugar distinto al del procedimiento intermedio, el plazo de citación se prolongará cinco días más. (Art. 344 CPP).

Remisión de Actuaciones:
Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados.

	Cuarta Parte

	EL JUICIO

1.	EL JUICIO.

1.1. El Juicio Oral:
Esta es la etapa plena y principal del proceso porque, frente al Tribunal de Sentencia integrado por tres jueces distintos al que conoció en la fase preparatoria e intermedia, en ella se produce el encuentro personal de los sujetos procesales y de los órganos de prueba y se resuelve, como resultado del contradictorio, el conflicto penal. 

Objetivo: Ratificar que es en la fase de juicio oral donde se produce el contradictorio, la recepción de pruebas, el juicio y el fallo judicial. 

Requisitos: Que el juez que controló la investigación le haya remitido al Tribunal de Sentencia, la documentación y las actuaciones siguientes: A) La petición de apertura a juicio y la acusación del Ministerio Público o del querellante; B) El acta de la audiencia oral en que se determinó la apertura del juicio; C) La resolución por la cual se decide admitir la acusación y abrir a juicio. (Art. 15O del CPP); y, D) Ahora bien, cuando se trata de juicio por delito de acción privada, el interesado presenta directamente la querella ante el Tribunal de Sentencia, que de estimarse procedente, se citará a juicio (Art. 474 y 346-53 del CPP.)

Actos de Preparación del Debate: 

Recibidos los autos (la acusación y los documentos en que se funda y el auto de apertura a juicio), el tribunal de sentencia da inicio a los actos preparatorios de la audiencia pública, concediendo oportunidad por un plazo de seis días para:

1)	Depurar el procedimiento o plantear circunstancias que pudieran anular o hacer inútil el debate. Es decir que se presenten recusaciones y excepciones fundadas en nuevos hechos, si los hubiere (Ar. 346 CPP).
2)	Integrar el Tribunal de Sentencia. (Art. 48 del CPP,).
 	3)	Ofrezcan las parte los medios de prueba a presentar (Art. 347 CPP.)

En un plazo de ocho días, a contar desde el vencimiento de los seis días referidos antes, se procede a:

1)	Practicar diligencias de anticipo de prueba por cuasas excepcionales (Art. 348 del CPP.).
2)	La unión o separación de juicios (Art.349), según fuera la acusación por delitos de la misma o similar naturaleza, o que surgen de un mismo acto o forman parte de un plan común. No procederá, si los delitos están constituidos por elementos diferentes o requieren prueba distinta.
En cuanto al juzgamiento de varios acusados a la vez procede cuando éstos participan en la realización de un mismo hecho, ya sea como autores o cómplices. De no ser así, es procedente la separación de juicios.
3)	Fijar día y hora para la realización del debate (Art. 350 CPP).
4)	En el caso excepcional de que prueba valiosa, pertinente y útil, derivada de las actuaciones ya practicadas no hubiese sido presentada por las partes, los jueces del Tribunal de Sentencia podrán ordenar su recepción. Esta facultad ex oficio que contraría el principio acusatorio es una excepción a la regla, basada en la lealtad de los jueces a la justicia y a la verdad. En todo caso este Tribunal no podrá asumir funciones de investigación ni de acusador (Art. 351 del CPP).
5)	El tribunal podrá dictar el sobreseimiento si fuera evidente una causa extintiva de la persecución penal, se trate de un inimputable o exista causa de justificación. Procederá el archivo si el acusado ha sido declarado rebelde (Art. 352 CPP).
6)	Por la gravedad del delito el tribunal a solicitud de parte procederá a dividir el debate, para tratar primero acerca de la culpabilidad y, posteriormente, lo relativo a la pena o medida de seguridad. (Art. 353 del CPP).
El presidente del Tribunal de Sentencia organiza la celebración de la futura audiencia contradictoria, señala día y hora para tal efecto, asegura la presencia de las partes y órganos de prueba; ordena las citaciones, emplazamientos y traslados necesario.

2.	EL DEBATE.

2.1. El Debate:

Concepto: Es la etapa fundamental del juicio, en que se concreta la acusación y se escucha al acusado si éste lo desea, se recibe y produce toda la prueba tendiente a definir, lo atinente a la existencia del hecho imputado, la participación culpable y punible del procesado y a la determinación de la sanción o medida de corrección y en donde se escucha las valoraciones de las partes sobre todo lo ocurrido a través de la emisión de sus respectivos alegatos.

Principios Fundamentales: Esta etapa del proceso está informada por los principios de oralidad (362), publicidad (356), inmediación (354), concentración y continuidad (360); y, contradicción y discusión (366).

2.2. Desarrollo del Debate:

En la fecha y hora señalados:
a.)	El presidente del Tribunal de Sentencia que dirige la audiencia (Art. 366), constata la presencia de las partes, del fiscal, testigos, peritos e interpretes y declara abierto el debate (Art. 368), haciendo las advertencias de ley al acusado (Art. 365).
b.)	Se procederá a la lectura de la acusación y el auto de apertura a juicio (Art. 365)
Incidentes:
c.)	Podrán plantearse incidentes por circunstancias nuevas o no conocidas como recusaciones y excepciones (Art. 369), o la ampliación de la acusación que también podrá hacerse en el curso de la audiencia hasta antes de cerrar la parte de recepción de pruebas (Art. 373).
Declaración del Acusado:
d.)	Declaración del acusado sobre el hecho motivo del proceso, si es que desea hacerlo (Art. 370).
Recepción de Pruebas:
e.)	Recepción de pruebas, declaraciones, interrogatorios, refutaciones, argumentaciones sobre los medios de prueba que de viva voz se plantean.
La Prueba se practica, reproduce y discute en el siguiente orden:
*	Peritos: quienes con base en sus conocimientos en ciencia, arte, industria o cualquier actividad humana, especialmente en el campo de la criminalística, opinan sobre aspectos de interés probatorio (Art. 376)
*	Testigos: que declaran sobre hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos y que interesan al proceso (Art. 377).
*	Lectura de Documentos e Informes (Art. 380).
*	Exhibición de objetos, instrumentos o cuerpos del delito para su reconocimiento. Reproducción de grabaciones y audiovisuales (Art. 380).
*	Inspección o reconstrucción judicial de los hechos fuera del tribunal (Art. 380).
*	Lectura y discusión de pruebas anticipadas. (Art. 380)
*	Práctica de nuevas pruebas surgidas de juicio o derivadas del mismo. (Art. 381).

Los únicos medios de prueba son los que se presentan y discuten verbalmente en el debate bajo los principios de inmediación, publicidad y contradicción. Estamos frente a una actividad probatoria producida con todas las garantías constitucionales y procesales, única capaz de destruir la presunción de inocencia.

Discusión Final y Clausura:
Recibida la prueba, prosigue la discusión final y cierre del debate, en la que el fiscal y la defensa presentan sus conclusiones y valoraciones. Ello significa que exponen en forma clara y persuasiva por qué deben resolverse como piden. Esta es la oportunidad para presentar en forma fundada sus puntos de vista destacando lo que les interesa (Art. 382).
Se trata de inducir al Tribunal a la postura que se sustenta y, por lo tanto de exponer razonamientos convincentes que conduzcan a un fallo favorable.
La defensa, según corresponda, planteará la inocencia de su cliente, la duda razonable que impida una sentencia condenatoria, una figura delictiva menos grave, la atenuación del delito que se imputa o causas que eximen la responsabilidad penal.
Al finalizar las conclusiones, corresponde la última palabra al acusado (Art. 382) y a continuación el Tribunal declara clausurado el debate.

Documentación del Debate (ACTA):
El acta del debate, es un acto judicial fundamental en el proceso penal; pues si no se realiza, ello implicará la nulidad del debate y, como consecuencia de la sentencia. Claro está que si bien esa nulidad no esta regulada en la ley, no obsta, el sólo hecho de no existir el acta, se tiene que el Juicio Oral no existió en el mundo exterior. Pues la ausencia de la misma, deja la sentencia sin sustentación legal, porque el medio idóneo para probar que el debate se realizó, es únicamente el acta.
Conforme al artículo 395 del Código Procesal Penal: "Acta del Debate. Quien desempeñe la función de secretario durante el debate levantará acta, que contendrá, por lo menos, las siguientes enunciaciones:

1.-	Lugar y fecha de iniciación y finalización de la audiencia, con mención de las suspensiones ordenadas y de las reanudaciones.
2.-	El nombre y apellido de los jueces, de los representantes del Ministerio Público, del acusado y de las demás partes que hubieren participado en el debate, incluyendo defensor y mandatario.
3.-	El desarrollo del debate, con mención de los nombres y apellidos de los testigos, peritos e intérpretes, con aclaración acerca de si emitieron la protesta solemne de ley antes de su declaración o no lo hicieron, y el motivo de ello, designando los documentos leídos durante la audiencia.
4.-	Las conclusiones finales del Ministerio Público, del defensor y demás partes.
5.-	La observancia de las formalidades esenciales, con mención de si se procedió públicamente o fue excluida la publicidad, total o parcialmente.
6.-	Otras menciones previstas por la ley, o las que el presidente ordene por si, o a solicitud de los demás jueces o partes, y las protestas de anulación; y,
7.-	Las firmas de los miembros del tribunal y secretario.

El Tribunal podrá disponer la versión taquigráfica o la grabación total o parcial del debate, o que se resuma, al final de alguna declaración o dictamen, la parte esencial de ellos, en cuyo caso constará en el acta la disposición del tribunal y la forma en que fue cumplida. La versión taquigráfica, la grabación o la síntesis integrarán los actos del debate."

Además de los anteriores requisitos se debe asentar que se tomó la declaración del procesado, pero no es necesaria la transcripción de toda su declaración. Debe consignarse que compareció el testigo, que se le tomó protesta, y que declaró, y una breve y sucinta transcripción de su declaración, pero no necesariamente tiene que transcribirse todo su dicho. Lo mismo ocurre en el caso de peritos y otras personas que han debido asistir al debate. También debe contener el acta del debate, las protestas y acotaciones que el presidente o las partes soliciten que se haga contar.
"Artículo 396. Comunicación del acta. El acta se leerá inmediatamente después de la sentencia ante los comparecientes, con lo que quedará notificada; el tribunal podrá reemplazar su lectura con la entrega de una copia para cada una de las partes, en el mismo acto; al pie del acta se dejará constancia de la forma en que ella fue notificada."
"Artículo 397. Valor del acta. El acta demostrará, en principio, el modo en que se desarrollo el debate, la observancia de las formalidades previstas para él, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo."

3.	LA SENTENCIA.

3.1. Concepto:
La sentencia es el último acto o fase procesal del juicio oral, que está conformada por un razonamiento lógico decisivo, mediante el cual el órgano jurisdiccional pone fin a la instancia del proceso penal. También puede decirse que es el acto procesal con el que el Tribunal o Juez resuelve, fundándose en las actas y lo actuado en el debate, la causa penal y civil, en su caso, llevadas a su conocimiento.

Clases de Sentencia:
Sentencia Absolutoria. Para efectos de la sentencia, el Código Procesal Penal, en el artículo 391, establece: "Absolución. La sentencia absolutoria se entenderá libre del cargo en todos los casos. Podrá, según las circunstancias y la gravedad del delito, ordenar la libertad del acusado, la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y resolverá sobre las costas. Aplicará, cuando corresponda, medidas de seguridad y corrección. Para las medidas de seguridad y corrección y las inscripciones rige el artículo siguiente."
Sentencia Condenatoria: "Artículo 392. Condena. La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad y corrección que correspondan. También determinará la suspensión condicional de la pena y, cuando procediere, las obligaciones que deberá cumplir el condenado y, en su caso, unificará las penas, cuando fuere posible.
La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien el tribunal estime con mejor derecho a poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que correspondieren ante los tribunales competentes; decidirá sobre el decomiso y destrucción, previstos en la ley penal.
Cuando la sentencia establezca la falsedad de un documento, el tribunal mandará inscribir en él una nota marginal sobre la falsedad, con indicación del tribunal, del procedimiento en el cual se dictó la sentencia y de la fecha de su pronunciamiento. Cuando el documento esté inscrito en un registro oficial, o cuando determine una constancia o su modificación en él, también se mandará inscribir en el registro."

Requisitos de la Sentencia:
"Artículo 389. Requisitos de la sentencia. La Sentencia contendrá:
1.-	La mención del tribunal y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal; si la acusación corresponde al Ministerio Público; si hay querellante adhesivo sus nombres y apellidos. Cuando se ejerza la acción civil, el nombre y apellido del actos civil y, en su caso, del tercero civilmente demandado.
2.-	La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido de la acusación o de su aplicación, y del auto de apertura del juicio; los daños cuya reparación reclama el actor civil y sus pretensión reparadora.
3.-	La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime acreditado.
4.-	Los razonamientos que inducen al tribunal a condenar o absolver.
5.-	La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicables; y,
6.-	La firma de los jueces."

La Sentencia siempre se pronuncia en nombre del pueblo de la República de Guatemala.

Procedimiento de Deliberación:
Los integrantes del tribunal de sentencia proceden inmediatamente a deliberar en privado sobre lo que han escuchado y presenciado (Art. 383) y salvo que decidan reanudar el debate (384), facultad que tiene por la lealtad a la justicia y compromiso con la verdad histórica, proceden a valorar la prueba conforme a la sana crítica razonada (Art. 385), que no es otra cosa que la libre conciencia explicada y fundada.
Deliberarán en orden lógico sobre lo ocurrido en el debate:
  *	Cuestiones previas que hubiesen dejado para resolver hasta ese momento.
  *	Existencia del hecho criminal.
  *	Responsabilidad penal.
  *	Calificación del delito.
  *	Pena a imponer.
  *	Responsabilidades civiles.
  *	Costas judiciales.
  *	Otras menciones previstas en la ley como la suspensión de la condena, la conversión y la conmuta (ya no pueden los jueces dejar abierto el procedimiento como se hacía antes, si no que proceden conforme al artículo 298 a presentar denuncia obligatoria al órgano acusador.)
Deciden por votación. El juez que no esta de acuerdo expondrá la razón de su discrepancia (Art. 387). La sentencia solo podrá ser absolutoria (Art. 391) o condenatoria (Art. 392). Adoptada la decisión se transcribe en su totalidad o solamente la parte resolutiva (Art. 390). En seguida regresan a la sala del debate y explican su fallo y lo leen.
Posteriormente se levanta el acta del debate.

Sistemas de Estimativa de la Prueba:
Existen distintos sistemas para valorar la prueba, a continuación se señalan los más importantes:
1º	Sistema de Prueba Legal: En este sistema, la ley procesal explica bajo que condiciones el juez debe condenar y bajo cuales debe absolver, independientemente de su criterio propio. El Código Procesal Penal anterior (derogado) se basaba en este sistema. Por ejemplo, el artículo 710 estipulaba que la confesión lisa y llana, con las formalidades de la ley, hacía plena prueba o el artículo 705 que establecía que no hacía prueba en adulterio la confesión de uno solo de los encausados. De fondo este sistema se basa en la desconfianza hacia los jueces y pretende limitar su criterio interpretativo.
2º	La Intima Convicción: En el sistema de íntima convicción, la persona toma su decisión sin tener que basarse en reglas abstractas y generales de valoración probatoria, sino que en base a la prueba presentada debe decidir cual es la hipótesis que estima como cierta. A diferencia del sistema de sana crítica razonada, no se exige la motivación de la decisión. Este sistema es propio de los procesos con jurados.
3º	La Sana Crítica Razonada: El juez debe convencerse sobre la confirmación o no de la hipótesis, pero en base a un análisis racional y lógico. Por ello es obligatorio que el juez motive todas sus decisiones, demostrando el nexo entre sus conclusiones y los elementos de prueba en los que se basa. La motivación requiere que el juez describa el elemento probatorio y realice su valoración crítica, ya que de lo contrario la resolución del juez sería incontrolable y podría ser arbitraria. El Código Procesal Penal vigente recoge este principio en sus artículos 186 y 385. Si bien la valoración de la prueba es tarea eminentemente judicial, el fiscal deberá recurrir a la sana crítica para elaborar sus hipótesis y fundamentar sus pedidos.

Vicios de la Sentencia:

"Artículo 394. Vicios de la sentencia. Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación especial, son los siguientes:
1.-	Que el acusado o las partes civiles no estén suficientemente individualizados.
2.-	Que falte la enunciación de los hechos imputados o la enunciación de los daños y la pretensión de reparación del actor civil.
3.-	Si falta o es contradictoria la motivación de los votos que haga la mayoría del tribunal, o no se hubieren observado en ella las reglas de la sana critica razonada con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo.
4.-	Que falta o sea incompleta en sus elementos esenciales la parte resolutiva.
5.-	Que falte la fecha o la firma de los jueces, según lo dispuesto en los artículos anteriores.
6.-	La inobservancia de las reglas previstas para la redacción de las sentencias.

	Quinta Parte:

	IMPUGNACIONES

1.	RECURSOS.

1.1. Concepto:
En el aspecto procesal, un recurso es la reclamación que, concedida por la ley o reglamento, formula quien se cree perjudicado o agraviado por la resolución de un juez o tribunal, para ante el mismo o el superior inmediato, con el fin de que la reforme o revoque.

Objeto: Para evitar abusos de poder, motivar mayor reflexión, corregir errores humanos o interpretaciones incorrectas de la ley, así como prevenir abusos o arbitrariedades, el Derecho ha creado medios que permiten combatir, contradecir o refutar las decisiones judiciales. Estas medidas son los recursos, que no son más que las diferentes vías para propiciar el reexamen de una decisión judicial por el mismo tribunal que la dictó o uno de mayor jerarquía.
Los medios de impugnación que contempla la actual legislación procesal penal, tienen como objetivo quitarle a la segunda instancia el papel de impulso del formalismo en el que se había convertido, sobre todo por la aplicación de conceptos del derecho privado; por lo que para encauzar los recursos a su correcta naturaleza jurídica, desaparece la consulta, se abrevian los plazos, inclusive para la apelación genérica no se señala día para la vista, porque se entiende que en el memorial de interposición se explican las razones de la impugnación, y que las partes que están de acuerdo con la resolución recurrida expondrán sus razones inmediatamente. Además, la mayoría de recursos no tienen efecto suspensivo, pues el procedimiento continúa a menos que la resolución, que analiza otro tribunal, sea necesaria para avanzar procesalmente. La apelación de sentencias y autos definitivos también adquiere características distintas, puesto que no pueden revisarse los hechos fijados en el proceso sino sólo la posible existencia de errores en la aplicación del derecho sustantivo o adjetivo.

1.2. Recursos Ordinarios:

Artículo 398. FACULTADES DE RECURRIR.
--	Las resoluciones judiciales serán recurribles, sólo por los medios y en los casos establecidos.
--	Podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto.
--	Cuando proceda, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado.
--	Las partes civiles podrán recurrir sólo en lo concerniente a sus intereses.
--	El defensor podrá recurrir automáticamente con relación al acusado.

Artículo 399. INTERPOSICION.
--	Los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de modo y tiempo que determine la ley.
--	En caso de defecto u omisión de forma o de fondo, el interponente tendrá un plazo de tres días, contados a partir de su notificación, para que lo corrija o amplíe respectivamente.

Artículo 400. DESISTIMIENTO.
--	Quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistir de él antes de su resolución, sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes, respondiendo por las costas.
--	El defensor no podrá desistir de los recursos que haya interpuesto sin la aceptación del imputado o acusado.
--	El imputado o el acusado podrá desistir de los recursos interpuestos por su defensor, previa consulta con éste, quien dejará constancia en el acto respectivo.

Artículo 401. EFECTOS.
--	Si en un proceso hubiere varios coimputados o coacusados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales.
--	El recurso del tercero civilmente demandado también favorecerá al imputado o demandado, salvo que sus motivos conciernan a intereses meramente civiles.
--	La interposición de un recurso suspenderá la ejecución sólo en los delitos de grave impacto social y peligrosidad del sindicado, salvo que se dispongan lo contrario o se hayan desvanecido los indicios de criminalidad.

Reposición:
Sostiene Clariá Olmedo que La reposición no es un recurso en sentido estricto por carecer de efecto devolutivo. Es un artículo dentro del proceso que puede tener lugar tanto en la instrucción como en el juicio.
Es más durante el juicio propiamente dicho es el único recurso que puede interponerse contra las resoluciones (autos o decretos) dictadas por el Tribunal de Sentencia cuando resuelven temas o puntos distintos de aquel que constituye la cuestión de fondo discutida en el proceso. la que será resuelta por sentencia. 
En términos generales, con el recurso de reposición la parte que se considera agraviada reclama que el mismo juez que dicto la resolución la revoque por contrario imperio por considerarla arbitraria o ilegal.
De su objeto quedan excluidas todas las decisiones sobre el fondo, sean definitivas o provisionales. De aquí que la motivación ha de ser siempre de naturaleza procesal. Pero además debe tratarse de una resolución dictada sin substanciación, vale decir sin intervención o audiencia de ambas partes. Muchos códigos excluyen los decretos de mero trámite, limitando el objeto a los "autos dictados sin substanciación", pero la jurisprudencia ha extendido este concepto a decretos que tienen significación de "autos".

Artículo 402. PROCEDENCIA Y TRAMITE.
--	El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa, y que no sean apelables. El tribunal que las dictó examinará nuevamente la cuestión y dictará la resolución que corresponda.
--	En un plazo de tres días se interpondrá por escrito fundado y el tribunal lo resolverá de plano.

Artículo 403. REPOSICION DURANTE EL JUICIO.
--	Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio sólo podrán ser recurridas por las partes mediante su reposición.
--	En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente.
--	La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial en el caso de que el tribunal no decida la cuestión conforme al recurso interpuesto.

Apelación:
En términos generales puede decirse que es el que se interpone ante el juez superior para impugnar la resolución del inferior. En la legislación habitual se da contra las sentencias definitivas, las sentencias interlocutorias y las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Llámase también recurso de alzada.
Bajo el nombre de apelación, el Libro III del CPP trata el recurso ordinario mediante el cual las Salas de la Corte de Apelaciones conoce la legalidad de las resoluciones enumeradas en los arts. 404 y 405. Algunos autores han decidido llamar a este recurso de Apelación Genérica para diferenciarlo de aquel otro que el mismo CPP denomina Apelación Especial, cuyo objeto impugnativo se encuentra regulado en el art. 415.
La apelación "genérica" resulta ser el más importante recurso durante el período instructivo. Se caracteriza por la colegialidad del tribunal ad quen, la Sala de la Corte de apelaciones (Art. 49).
Son apelables en forma específica las resoluciones de mayor repercusión para el proceso, tales como el sobreseimiento, las que denieguen la práctica de prueba anticipada, las que denieguen o restrinjan la libertad del imputado, etc.
Es de ley que el recurso de apelación esté específicamente previsto respecto de resoluciones trascendentales de la instrucción; excluyéndose otras de gran relevancia -- al no estar mencionadas en el art. 404 -- como por ej.: el auto de apertura a juicio regulado en el art. 342 del CPP.
De tal manera que el legislador ha optado por el sistema de taxatividad para regular la impugnabilidad objetiva del recurso de Apelación (genérica), de manera tal que sólo serán apelables cuando específicamente la ley los declare tales, en este caso se trata de las resoluciones jurisdiccionales taxativamente enumeradas en los arts. 404 y 405. Vale decir que primera gran diferencia que efectúa la ley es la de distinguir autos (404) y sentencias (405) recurribles por vía de la Apelación (genérica).

Artículo 404. APELACION.
--	Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan.
1.-	Los conflictos de competencia.
2.-	Los impedimentos, excusas y recusaciones.
3.-	Los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o del actor civil.
4.-	Los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado.
5.-	Los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.
6.-	Los que denieguen la práctica de la prueba anticipada.
7.-	Los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal.
8.-	Los que declaren sobreseimiento o clausura del proceso.
9.-	Los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones.
10.	Los que denieguen o restrinjan la libertad.
11.	Los que fijen término al procedimiento preparatorio; y
12.	Los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil.
13.	Los autos en los cuales se declare la falta de mérito.

--	También son apelables los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. 

Artículo 405. SENTENCIAS APELABLES.
--	Las que emiten los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado contenido en el libro cuarto de procedimientos especiales, 

Artículo 406. INTERPOSICION.
--	El recurso de apelación se interpondrá ante el juez de primera instancia, quién lo remitirá a la sala de la corte de apelaciones a donde corresponde.

Artículo 407. TIEMPO Y FORMA.
--	La apelación se interpondrá por escrito dentro del término de tres días indicando el motivo en que se funda.
--	Se declarará inadmisible si el apelante no corrige en su memorial los defectos u omisiones.

Artículo 408. EFECTOS.
--	Todas las apelaciones se otorgarán sin efecto suspensivo del procedimiento, salvo las de las resoluciones que impidan seguir conociendo del asunto por el juez de primera instancia sin que sea necesaria su anulación.
--	Excepto en los casos especiales señalados en este Código, la resolución será ejecutada hasta que sea resuelta por el tribunal superior.

Artículo 409. COMPETENCIA.
--	El recurso de apelación permitirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de resolución a que se refieren los agraviados.
--	El tribunal podrá confirmar, revocar, reformar o adicionar la resolución.

Artículo 410. TRAMITE.
--	Otorgada la apelación y hechas las notificaciones se elevarán las actuaciones originales a más tardar a la primera hora laborable del día siguiente.

Artículo 411. TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
--	El tribunal resolverá dentro del plazo de tres días y en forma certificada, devolverá las actuaciones, inmediatamente.
--	Para la apelación de sentencia por procedimiento abreviado se señalará audiencia dentro del plazo de cinco días de recibido el expediente. El apelante y demás partes expondrá sus alegatos incluso por escrito.
--	Terminada la audiencia, el tribunal deliberará y emitirá la sentencia.

Apelación Especial:
Este recurso constituye un medio de impugnación peculiar en el sistema de justicia penal de Guatemala, ya que el proyecto original del Código Procesal Penal contemplaba únicamente la casación, luego en la revisión del mismo por parte del Doctor Alberto Herrarte, se introdujo la figura de recurso de anulación, pero finalmente la ley, lo contempla como Apelación Especial. Vale subrayar que este recurso de Apelación Especial no es una Casación pequeña (casacioncita) como equivocadamente se afirma, pues con este recurso se persigue el control de las decisiones judiciales (sentencias entre otras) teniendo en cuenta el principio de celeridad y economía procesal. No olvidemos que este recurso es ordinario y por el hecho de considerarlo casación pequeña, se exige un exceso de formalismos para ser admisible, de ese modo se impide entrar a conocer el fondo de esta impugnación. Consideramos que únicamente debe llenarse los requisitos que la ley exige y nunca debe exigirse más y hacerla engorrosa. 
Antes de alcanzar su firmeza (cosa juzgada) o de causar estado, la sentencia penal y las demás resoluciones que se dicten durante el juicio plenario pueden ser impugnadas, en los casos autorizados por la ley; por la parte que resulte agraviada. A esos fines la parte que se considere agraviada podrá interponer los recursos específicamente previstos. En los sistemas con instancia única, como ocurren con los códigos modernos, la sentencia es recurrible mediante alguna modalidad casatoria, tal como sucede en el CPP de Guatemala mediante la Apelación Especial (CPP, 415 y ss.), primero y eventualmente después mediante la casación prevista por el art. 437 y ss., recurso que también se autoriza con respecto a otras resoluciones del juicio que tengan valor de definitivas.
De manera tal que existe una doble vía de acceso a las Salas de la Corte de Apelaciones, la Apelación Genérica y la Apelación Especial. En el caso de esta última se puede afirmar que su fundamentación se limita exclusivamente a motivos de derecho, sea de fondo o de forma (CPP 419). De aquí que el campo de los hechos fundamentadores de la resolución queda excluido del centra en la Apelación Especial. Es decir que los vicios que se controlan por esta vía impugnativa, son los denominados como vicios in procedendo (art. 419, inc. 2) y los denominados como vicios in iudicando in iure (419, inc. 1), quedando excluidos los llamados vicios in iundicando in facti.

Artículo 415. OBJETO.
--	Se podrá interponer el recurso de apelación especial contra la sentencia del tribunal de sentencia o contra la resolución del mismo y el de ejecución que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad y corrección, imposibilite que ellas continúen, impida el ejercicio de la acción, o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

Artículo 416. INTERPONENTES.
* El Ministerio Público;
* El Querellante adhesivo;
* El acusado y su defensor;
* El actor civil y el responsable civilmente, en la parte que 	  les corresponde.

Artículo 417. ADHESION.
--	Quien no haya planteado el recurso de apelación especial, podrá adherirse al recurso concedido a otro, dentro del período del emplazamiento. El acto deberá contener los requisitos que se exigen.

Artículo 418. FORMA Y PLAZO.
--	El recurso de apelación especial se interpondrá por escrito dentro del plazo de diez díaz, ante el tribunal que dictó la resolución recurrida.
--	El recurrente indicará separadamente cada motivo, citará los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados y expresará cual es la aplicación que pretende.

Artículo 419. MOTIVOS.
--	El recurso de apelación especial sólo se hará valer cuando la sentencia contenga los siguientes vicios:
1.)	De fondo: inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley.
2.)	De forma: inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituye un defecto del procedimiento.En este caso el recurso será admisible sólo si el interesado ha reclamado su subsanación o hecho protesta de anulación.

Artículo 420. MOTIVOS ABSOLUTOS DE ANULACION FORMAL.
--	No será necesaria la protesta previa, cuando se invoque la inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones concernientes:
1.-	Al nombramiento y capacidad de los jueces y a la constitución del tribunal.
2.-	A la ausencia del Ministerio Público en el debate o de otra parte cuya presencia prevé la ley.
3.-	A la intervención, asistencia y representación del acusado en el debate, en los casos y formas que la ley establece.
4.-	A la publicidad y continuidad del debate, salvo las causas de reserva autorizada.
5.-	A los vicios de la sentencia.
6.-	A injusticia notoria.

Artículo 421. EFECTOS.
--	El tribunal de apelación especial conocerá solamente de los puntos de la sentencia impugnada en el recurso.
--	Si procede el recurso por motivos de fondo, anulará la sentencia recurrida y pronunciará la que corresponda.
--	Por motivos de forma, anulará la sentencia y el acto procesal impugnado y enviará el expediente al tribunal respectivo para su corrección. El tribunal de sentencia dictará nuevamente el fallo correspondiente.

Artículo 422. REFORMATIO IN PEIUS.
--	Cuando la resolución sólo haya sido recurrida por el acusado o por otro en su favor, no se modificará en su perjuicio, salvo que los motivos se refieran a intereses civiles.
--	Al impugnar lo referente a responsabilidades civiles, el monto fijado sólo podrá modificarse o revocarse en contra del recurrente, si la parte contraria lo solicita.

	TRAMITE DE LA APELACION ESPECIAL

Artículo 423. INTERPOSICION.
--	Interpuesto el recurso, se remitirán las actuaciones al tribunal competente el día hábil siguiente de notificadas las partes, quienes comparecerán a dicho tribunal, emplazándolas para que comparezcan ante dicho tribunal y, en su caso, para fijar nuevo lugar para recibir notificaciones dentro del quinto día siguiente al de la notificación.
--	El acusado podrá pedir la designación de un defensor de oficio, para que promueva el recurso ante el tribunal competente..
--	El defensor podrá solicitar un defensor de oficio como su sustituto, cuando el juicio se haya celebrado en territorio distinto. El presidente del tribunal proveerá el reemplazo.

Artículo 424. DESISTIMIENTO TACITO.
--	Si no compareciere el recurrente, el tribunal declarará desierto el recurso, devolviendo las actuaciones.
--	La adhesión no subsistirá si se declara desierto el recurso, salvo el caso del acusador particular.

Artículo 425. DECISION PREVIA.
--	El tribunal decidirá sobre la admisión formal del recurso si cumplen con los requisitos de tiempo, argumentación, fundamentación y protesta.
--	Si lo declara inadmisible devolverá las actuaciones.

Artículo 426. PREPARACION DEL DEBATE.
--	Admitido el recurso, las actuaciones quedarán por seis días en el tribunal. Los interesados podrán examinarlas.
--	Vencido ese plazo, el presidente fijará audiencia para el debate con intervalo no menor de diez días, notificando a todas las partes.

Artículo 427. DEBATE.
--	La audiencia se celebrará, ante el tribunal, con las partes que comparezcan.
--	La palabra se concederá siguiendo el orden previsto.
--	Podrán hablar los abogados de quienes no interpusieron el recurso.
--	No se admitirán réplicas.
--	Quienes intervengan en la discusión podrán dejar en poder del tribunal notas escritas sobre sus alegaciones.
--	El acusado será representado por su defensor, podrá asistir a la audiencia y podrá hacer uso de la palabra en último término.
--	Cuando el recurso fuere interpuesto por él o su defensor, y éste no compareciere, se procederá a su reemplazo.
--	Las partes pueden reemplazar su participación en la audiencia por un alegato, presentado un días antes de la misma.

Artículo 428. PRUEBA.
--	Cuando el recurso se base en un defecto de procedimiento, se podrá ofrecer prueba con ese objeto, la que será recibida en la audiencia conforme a las reglas del juicio, en lo pertinente.

	SENTENCIA DE LA APELACION ESPECIAL

Artículo 429. DELIBERACION, VOTACION Y PRONUNCIAMIENTO.
--	Terminada la audiencia, el tribunal deliberará.
--	Si fuere necesario deferir la deliberación y el pronunciamiento, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala.
--	El presidente anunciará ante los comparecientes día y hora de la audiencia para pronunciar sentencia, fecha que no excederá de los diez días.
--	La sentencia se pronunciará siempre en audiencia pública.

Artículo 430. PRUEBA INTANGIBLE.
--	La sentencia no hará mérito de la prueba o de los hechos que se declaren probados conforme a la sana crítica razonada.
--	Sólo se referirá a ellos para la aplicación de la ley substantiva o por existir contradicción en la sentencia recurrida.

Artículo 431. DECISION PROPIA.
--	Si la sentencia acoge el recurso, por inobservancia o errónea aplicación o interpretación indebida de un precepto legal, se resolverá el caso en definitiva, dictando la sentencia que corresponde.

Artículo 432. REENVIO.
--	La sentencia fundada en la inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto de procedimiento, anulará total o parcialmente la decisión recurrida y ordenará la renovación del trámite.
--	Anulada la sentencia, no podrán actuar los jueces que intervinieron en su pronunciamiento para un nuevo fallo.

Recurso de Queja:
Es definido generalmente como el que se interpone ante el tribunal superior, cuando el inferior incurre en denegación o retardo de justicia. En determinados procesos y en ciertas legislaciones (otros países; civil, penal, laboral etc.) se alude al recurso de queja como el que puede interponer la parte agraviada cuando el juez denegare la apelación por aquella interpuesta, a efecto de que se le otorgue el recurso denegado y se ordenen la remisión del expediente.

Artículo 412. PROCEDENCIA.
--	Cuando el juez haya negado el recurso de apelación, procediendo este, el agraviado puede recurrir en queja ante el tribunal de apelación dentro de los tres días a partir de su notificación, pidiendo que se otorgue el recurso.

Artículo 413. TRAMITE.
--	El juez respectivo expedirá el informe dentro de veinticuatro horas al presidente del tribunal de alzada, quién pedirá también las actuaciones si fuere necesario.

Artículo 414. RESOLUCION DE LA QUEJA.
--	Será resuelta dentro de veinticuatro horas de recibido el informe y las actuaciones, en su caso.
--	Ante la desestimación del recurso, las actuaciones serán devueltas sin más trámite.
--	En caso contrario se concederá el recurso solicitado.

1.3. Recursos Extraordinarios:

Casación:
Acción de casar o anular. Este concepto tiene extraordinaria importancia en materia procesal, porque hace referencia a la facultad que en algunas legislaciones está atribuida a los más altos tribunales de esos países, para entender en los recursos que se interponen contra las sentencias definitivas de los tribunales inferiores, revocándolas o anulándolas, es decir, casándolas o confirmándolas. La casación tiene como principal finalidad unificar la jurisprudencia, pues sin esa unificación no existe verdadera seguridad jurídica. Por regla general, el recurso de casación se limita a plantear cuestiones de Derecho, sin que esté permitido abordar cuestiones de hecho; y, naturalmente, tampoco el tribunal de casación puede entrar en ellas.
El sistema normativo establecido por el C.P.P. sigue una larga tradición continental europea como modalidad recursiva, pero que en su finalidad de unificar la jurisprudencia termina por ser la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Cámara Penal la que --actuando como Corte de Casación-- va diseñando los alcances y modalidades del recurso de casación. De modo tal que la doctrina del precedente jurisprudencial se constituye en poco menos que fuente generatriz de derecho, característico no ya del sistema continental europeo sino del sistema anglo-americano del coman law.

Artículo 437. Procedencia.
El recurso de casación procede contra las sentencias o autos definitivos dictados por las salas de apelaciones que resuelvan:
1.)	Los recursos de apelación especial de los fallos emitidos por los tribunales de sentencia, o cuando el debate se halle dividido, contra las resoluciones que integran la sentencia.
2.)	Los recursos de apelación especial contra los autos de sobreseimiento dictados por el tribunal de sentencia.
3.)	Los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia, en los casos de procedimiento abreviado.
4.)	Los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso; y los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal.

Artículo 438. Interponentes.
--	Podrá ser interpuesto por las partes.

Artículo 439. Motivos.
--	De forma: cuando verse sobre violaciones esenciales del procedimiento (ver art. 440 CPP).
--	De fondo: si se refiere a infracciones de la ley que influyeron decisivamente en la parte resolutiva de la sentencia o auto recurridos (ver 441 CPP).
 
Artículo 442. Limitaciones.
--	El Tribunal de Casación conocerá sólo únicamente de los errores jurídicos contenidos en la resolución recurrida.
--	Sólo que advierta violación a una norma constitucional o legal, podrá disponer la anulación y el reenvío para la corrección debida.

Artículo 443. Forma y plazo.
--	Se interpone ante la Corte Suprema Justicia (Cámara respectiva) o ante el tribunal que emitió la resolución adversada, dentro del plazo de 15 días de notificada la resolución que lo motiva, con expresión de los fundamentos legales.
--	Sólo se tendrá por fundamentado cuando se expresen de manera clara y precisa los artículos e incisos que autoricen el recurso y de las leyes que se consideren violadas, indicando si es por motivos de forma o de fondo.
--	Cuando se trate de la aplicación de la pena de muerte, el recurso podrá interponerse sin llenar formalidades. (Art.452.

	TRAMITE DE LA CASACION.

--	Si cumple los requisitos se señala día y hora para la vista (444);
--	Si se interpone fuera del plazo o no cumple los requisitos se rechazará de plano. (445)
--	Se conocerá en vista pública donde se puede alegar de palabra y por escrito (446);
--	Se resuelve dentro de los 15 días siguientes a la vista;
--	Si se declara la procedencia por fondo, casa la sentencia y emite la que en derecho corresponde(447);
--	Si declara la procedencia por forma, hará el reenvío al tribunal que corresponda para corrija los vicios.(448)
--	Cuando resuelva la liberta del procesado si ordenará su inmediata libertad 449)

Revisión:
Aunque no es propiamente un recurso, sino un procedimiento que permite el examen de una sentencia ejecutoriada y por tanto la excepción al principio de cosa juzgada, está ubicado en el CPP como un medio de impugnación (Arts. 453 al 463).
Si bien la paz social y la certidumbre jurídica determina el carácter intocable y definitivo de las sentencias firmes, la justicia no puede quedar subordinada a un dogma jurídico porque existen y se han comprobado errores judiciales que son connaturales al juicio del hombre. Cuando la verdad real es contraria a la verdad formal de la cosa juzgada condenatoria, el principio de favor rei obliga la anulación del fallo condenatorio, no así del absolutorio cuyo reexamen es imposible en virtud del mismo postulado.
Procederá la revisión cuando nuevos hechos o elementos de prueba sean idóneos para fundar la absolución del condenado o establecer una condena menos grave (455).

Artículo 453. Objeto.
--	La revisión para perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoriada, cualquiera que sea el tribunal que la haya dictado, aún en casación, sólo procede en favor del condenado a cualquiera de las penas previstas para los delitos o de aquel a quien se le hubiere impuesto una medida de seguridad y corrección.

Artículo 454. Facultad de impugnar.
--	El propio condenado; o el representante legal si es incapaz; el cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos en el caso de fallecidos;
--	El Ministerio Público;
--	El juez de ejecución en caso de aplicación retroactiva de una ley penal más benigna.

Artículo 465. Forma.
--Debe promoverse por escrito ante la Corte Suprema de Justicia, expresando los motivos y disposiciones legales en que se funda.

	TRAMITE DE LA REVISION
--	Una vez recibida la impugnación o solicitud, el tribunal establecerá si procede y otorgará plazo al interponente para que complete requisitos faltantes;
--	Al notificarse la primera resolución el condenado podrá designar defensor;
--	La muerte del condenado no suspende el trámite;
--	Inmediatamente de admitida la revisión se le dará intervención al Ministerio Público o al condenado, según sea el caso, y se dispondrá la recepción de los medios de prueba útiles.
--	Concluida la instrucción se señalará audiencia para que se manifiesten los que intervienen en la revisión pudiendo acompañar alegatos escritos.
--	El tribunal, al pronunciarse, declarará sin lugar la revisión, o anulara la sentencia.
--	La sentencia podrá ordenar nuevo juicio, la libertad del condenado o variar y restituir parcial o totalmente los efectos de la sentencia anterior; también podrá pronunciarse sobre indemnización al condenado. (arts. 453-463 CPP).

	Sexta Parte

	OTROS PROCEDIMIENTOS

1.	PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS.

1.1. Naturaleza de los procedimientos específicos:

La necesidad de acelerar los trámites judiciales en casos concretos, de profundizar la investigación cuando fracasa el recurso de exhibición personal, de prevenir la comisión de nuevos delitos y la naturaleza especial de los ilícitos privados y las faltas, determinan la creación de ciertas variantes al proceso penal ordinario común.

El procedimiento ordinario se integra por las siguientes fases:

a.-	Preparatoria (investigación);
b.-	Intermedia (calificación);
c.-	Juicio Oral (debate y sentencia);
d.-	Impugnación (revisión);
e.-	Ejecución de la Sentencia Penal.

Pero el Código Procesa Penal establece cinco casos distintos al procedimiento común, a saber:

1.2. Procedimiento Abreviado:

Concepto:
Procede cuanto el Ministerio Público estima suficiente, por la falta de peligrosidad, la falta de voluntad criminal del imputado o por la escasa gravedad del delito, la imposición de una pena no mayor de dos años de privación de libertad o de una multa.

Procedencia:
Luego de transcurrido el procedimiento preparatorio y vencido el plazo para la investigación, el Ministerio Público puede en lugar de formular la acusación y pedir la apertura a juicio, solicitar si procede la vía especial del procedimiento abreviado (332), ante el juez de primera instancia que controla la investigación.
En estos casos, el Ministerio Público, como en los demás casos de desjudicialización, tiene la potestad para disponer de la acción penal, con la diferencia de que no se abstiene de ejercitarla sino de tramitar el proceso en forma abreviada.

¿ Cuáles son los presupuestos necesario para que sea procedente el Procedimiento Abreviado?

--	Que el Ministerio Público, luego de la investigación estime suficiente la imposición de una pena privativa de libertad no mayor de dos años; o de una pena no privativa de libertad.

--	Que el Ministerio Público cuente con el acuerdo del imputado y su defensor; y que el imputado admita el hecho descrito en la acusación y su participación en el, así como la aceptación de la vía del Procedimiento Abreviado propuesto.

¿ En qué consiste el procedimiento?

--	Una vez que el M.P. haya requerido el trámite del procedimiento abreviado, el juez ordenará al día siguiente de la presentación de dicha solicitud, la notificación a las partes, entregándoles copia de la misma y pondrá a disposición en el despacho las actuaciones y las evidencias reunidas durante la investigación para que puedan ser examinadas en un plazo común de cinco días.

--	En la misma resolución convocará a las partes a una audiencia oral que debe realizarse dentro de un plazo no menos de cinco días ni mayor de diez (art. 345 Bis.).

--	En la referida audiencia las partes podrán objetar la solicitud de procedimiento abreviado (345 Ter.) y se les concederá tiempo para que fundamenten sus pretensiones y presenten los medios de investigación practicados. Se levantará acta y el juez resolverá todas las cuestiones planteadas (345 Quáter.), es decir, puede declarar la procedencia o improcedencia del trámite del procedimiento abreviado que se le solicitó.

--	Si el tribunal no admite la vía solicitada y estimare conveniente el procedimiento común, para un mayor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la señalada, rechazará el requerimiento y emplazará al M. P., para que concluya la investigación y formule nuevo requerimiento (arts. 465 y 345 Quáter).

--	Si se estima procedente el trámite del proceso abreviado, el juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda sin más trámite. Podrá absolver o condenar, pero la condena en ningún caso podrá superar la pena requerida por el M. P. (465); asimismo tampoco será discutida la pretensión civil, la que podrá ser discutida en un tribunal ese ramo.

--	La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación (465).

--	Contra la sentencia procede el recurso de apelación.

Como se puede apreciar, en el Procedimiento Abreviado se dan tres excepciones a las reglas generales, en el desarrollo de su procedimiento, a saber:

1.-	Es el único caso en que el juez de instrucción dicta la sentencia;
2.-	La confesión tiene validez como medio de prueba, siempre que el juez de instrucción acepte esta vía; y,
3.-	No hay acumulación de acción civil, ya que ésta se tramita de manera independiente ante el tribunal competente del ramo civil.

1.3. Procedimiento Especial de Averiguación:

Concepto:
Este procedimiento de urgencia busca, sobre todo, evitar las detenciones ilegales, proteger a las víctimas de tan aberrante práctica y procurar el efectivo respeto de los derechos humanos, particularmente los de goce de libertad y a no sufrir vejámenes o coacciones.

Procedencia:
Cuando fracasa un recurso de exhibición personal, pero existe fundadas sospechas para afirmar que la persona a cuyo favor se interpone, ha sido detenida ilegalmente por un funcionario público o fuerzas regulares o irregulares del Estado, Cualquier persona podrá solicitar a la Corte Suprema de Justicia que ordene al Ministerio Público, para que en un plazo máximo de cinco días informe sobre el resultado de la investigación, y encargar a: 1) Procurador de los D.H; 2) una entidad jurídica; o, 3) al cónyuge  o a los parientes, la averiguación o procedimiento preparatorio. (art. 467 CPP).

Admisibilidad:
--	Para decidir la procedencia la Corte Suprema de Justicia, convoca a una audiencia al M.P., al que solicitó el procedimiento y demás interesados;

--	Con base en las pruebas aportadas la CSJ decidirá el rechazo de la solicitud o expedirá mandato de averiguación. (art. 468 CPP).

Trámite:
--	En mandato designará la persona a quien corresponde al averiguación; los motivos y que el investigador designado está equiparado a un agente del M.P.; el plazo en que debe presentar informes; y designación del juez que controla la investigación (469 CPP).

--	El investigador se conformará la investigación conforme al procedimiento preparatorio de acción pública; y, una vez cumplida la investigación formulará la acusación siguiendo el procedimiento intermedio. A partir del auto de apertura a juicio rigen las reglas comunes.  (470-473 CPP.).

1.4. Juicio por Delito de Acción Privada:

Concepto:
En los delitos en que no se lesiona el interés social, corresponde al agraviado comprobar el hecho que causa su acusación, entonces no son necesarias las fases procesales de instrucción e intermedia. El Tribunal de sentencia admite la querella y convoca a una audiencia de conciliación para buscar un acuerdo entre las partes, si este no se logra, entonces se pasa a Juicio Oral.

Acto de Iniciación:
--	El interesado formulará acusación mediante querella, cumpliendo los requisitos de ésta, pudiendo ejercer a la vez la acción civil (art. 474 CPP).

--	La querella puede ser desestimada porque sea manifiesto que el hecho no constituye delito o por falta de requisitos. En este último caso podrá repetir su querella cumpliendo las formalidades. (art. 475 CPP).

Investigación Preparatoria:
--	En caso de no ser posible para el agraviado identificar o individualizar al querellado o determinar su domicilio o residencia o establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el querellante podrá solicitar al juez que sea el M.P. que realice la investigación preparatoria (art. 476 CPP).

Conciliación:
--	Admitida la querella, el tribunal convocará a una audiencia de conciliación, remitiendo copia al querellado de la acusación (art. 477 CPP).

Juicio:
--	Finalizada la audiencia de conciliación sin resultado positivo, el tribunal citará a juicio en la forma correspondiente. (art. 480 CPP.)

--	Pero previamente al juicio, puede darse el desistimiento tácito, la renuncia y retractación o el desistimiento expreso (arts. 481-83 CPP).

1.5.	Juicio para la Aplicación Exclusiva de Medidas de Seguridad y Corrección:

Concepto:
Procede cuando después de realizado el procedimiento preparatorio el Ministerio Público estima que únicamente corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección al imputado, con el objeto de que este pueda ser readaptado socialmente y la misma sociedad pueda defenderse contra el peligro que el mismo significa.

Procedencia:
--	Cuando el M.P. después del procedimiento preparatorio, estime que sólo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación den el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido. (art. 484 CPP)

Trámite:
--	El procedimiento se regirá por las reglas comunes, salvo las establecidas a continuación:
1.-	Cuando el imputado sea incapaz, éste será representado.
2.-	En el procedimiento interior el juez podrá rechazar el pedido si estima que corresponde aplicar una pena, y ordenará la acusación.
3.-	El juicio se tramitará con independencia de cualquier otro juicio.
4.-	El debate se realizará a puertas cerradas cuando sea necesario.
5.-	La sentencia versará sobre la absolución o sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección.
6.-	No serán aplicables las reglas referidas al procedimiento abreviado. (art. 485 CPP).

1.6. Juicio Por Faltas:

Concepto:
Consiste en un procedimiento acelerado y simple para resolver infracciones intrascendentes, que por su escasa gravedad está tipificados como faltas, conocen los jueces de paz en única instancia y dentro de su jurisdicción.

Reconocimiento de Culpabilidad:
--	Para juzgar las faltas, el juez de paz, oirá, al ofendido o a la autoridad que hace la denuncia e inmediatamente al imputado. Si éste se reconoce culpable y no se estiman necesarias ulteriores diligencias, el juez en el acta que levante dictará la sentencia que corresponda, aplicando la pena si es el caso, ordenando el comiso o la restitución de la cosa secuestrada. (art. 488 CPP).

Juicio Oral:
--	Cuando el imputado no reconozca su culpabilidad o sean necesarias otras diligencias, el juez convocará inmediatamente a juicio oral y público al imputado, al ofendido, a las autoridades denunciante y recibirá las pruebas pertinentes. 

--	En la audiencia se oirá brevemente a los comparecientes y dictará de inmediato la resolución respectiva dentro del acta, absolviendo o condenando. (art. 489 CPP).

--	El juez podrá prorrogar la audiencia por un término no mayor de tres días, de oficio o a petición de parte, para preparar la prueba, disponiendo la libertad simple o caucionada del imputado.

--	Contra la sentencia procede la apelación que se interpondrá verbalmente o por escrito con expresión de agravios dentro del término de dos días de notificada la sentencia, recurso del cual conocerá el juez de primera instancia, quien resolverá dentro del plazo de tres días. (art. 491 CPP)

	Séptima Parte

	LA EJECUCION PENAL

1.	EL JUICIO.

1.1. La Ejecución Penal:
Previo a desarrollar el presente tema ubicaremos el mismo dentro del articulado del Código Procesal Penal, el cual lo encontramos regulado en los artículos del 492 al 506 del citado cuerpo normativo.
Aunque el proceso penal termina con el fallo judicial firme, el control jurisdiccional en materia penal abarca la ejecución de la sanción penal y la vigilancia del cumplimiento de los fines constitucionales para los que se impone. Esta etapa tiene por objeto el control judicial del cumplimiento y ejecución de la pena y del respeto a las finalidades constitucionales de la sanción penal.
Para tal efecto el Código Procesal Penal nos indica:
"Artículo 493. Ejecutoriedad. 
Las condenas penales no serán ejecutadas antes de que se encuentren firmes. A tal efecto, el día en que deviene firme, se ordenarán las comunicaciones e inscripciones correspondientes y se remitirá los autos al juez de ejecución.
Cuando el condenado debe cumplir pena privativa de libertad, el juez de ejecución remitirá ejecutoria del fallo, al establecimiento en donde deba cumplirse la prisión, para que se proceda según corresponda. Si estuviere en libertad, ordenará inmediatamente su detención y una vez aprehendido procederá conforme a esta regla.
Ordenará también, las copias indispensables para que se lleve a cabo las medidas para cumplir los efectos accesorios de la sentencia: comunicaciones, inscripciones, decomiso, destrucción y devolución de cosas y documentos."
Anteriormente los sistemas judiciales nos indicaban que la actividad de los jueces finalizaba con dictar un fallo a razón de habérsele imputado a un sujeto la comisión de un delito o falta, y que los problemas que se suscitaban posteriormente eran de naturaleza administrativa. Esto genera que, aquellos que son condenados al encarcelamiento lleguen a convertirse en objetos olvidados, carentes de derechos, odiados por su misma sociedad y hasta considerados sus enemigos, contraviniendo flagrantemente lo establecido en el artículo 19 de la Constitución el cual indica que: "el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir con el tratamiento de los mismos,...". Uno de los objetivos de la Granja Penal de Pavón es: La regeneración del reo, mediante programas de orientación y trabajo que lo reintegre de nuevo a la sociedad.
Este criterio en la realidad es totalmente lo contrario pues las instituciones se consideran legítimas para ejercer contra ellos cualquier tipo de violencia que constituye causa de transgredir sus derechos como humano. Entonces los jueces evaden la responsabilidad de controlar jurisdiccionalmente las medidas administrativas dentro de las cárceles, el estado físico de las mismas y la impunidad dentro de ellas.
Según Carlos Rubianes" esta aplicación queda fuera del campo del derecho penal, para entrar en el del derecho administrativo, en su faz penitenciaria, o bien en el derecho ejecutivo penal o derecho penitenciario, ubicándose dentro de estas ultimas la aplicación material de las penas privativas de libertad. Esto no obsta, sin embargo, el control jurisdiccional de los jueces, resolviendo los incidentes que se planteen durante tal ejecución.
Actualmente en nuestro ordenamiento jurídico existen los jueces de Ejecución, regulados en el artículo 51 del C.P.P. indicándonos que: "Los jueces de ejecución tendrán a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relaciones, conforme lo establece este Código." Esta nueva institución fue creada por el mecanismo de Judicialización de la Pena, para que ellos vigilen y controlen la consumación de la pena de prisión, por medio de mecanismos concretos que permitan que al recluso se le garanticen sus derechos cuando cumpla su condena. El principal problema de la ejecución penal es la relación entre el sistema penitenciario y la administración de justicia, ya que la primera no desea el control de entes externos y prefiere mantenerse fuera de este control tal como lo del Organismo Judicial a través de los Jueces de Ejecución. Estos Jueces de Ejecución Penal vienen entonces a dar esperanza y vida, en beneficio de la aplicación de la dignidad humana, es decir que la pena privativa de libertad no estará ya jamás relacionada con represión y castigo.

Concepto:
Es la aplicación efectiva de la pena o castigo impuesto por autoridad legítima, a quien ha cometido un delito o falta, siendo dictada la misma por el Juez o tribunal en la sentencia, encargándose el cumplimiento de ella a un miembro integrante del Poder Judicial denominado Juez de Ejecución Penal, quien debe indicar el centro en donde deberá cumplirla el sentenciado.

Doctrinas sobre la ejecución penal.
El Sistema Penitenciario guatemalteco o Sistema de Ejecución de las penas debe entenderse como parte del Derecho Penal, dotándole de todas las garantías que limitan la coerción penal en un Estado de Derecho.
La indiferencia constituye la forma generalizada de pensar  -consciente o no- en que nos olvidamos sistemáticamente del ciudadano condenado por los órganos jurisdiccionales, justo en el momento en que el poder penal del Estado se manifiesta de manera más dramática, pues es aquí donde se desarrolla la represión Estatal. Por ello, es necesario advertir el peligro de analizar la Ejecución Penal o lugar carcelario como un elemento externo al sistema jurídico.
Racionalizar el uso de la cárcel para garantizar la observancia del respeto debido a los derechos e intereses de los reclusos es, sin duda, un valioso aporte para humanizar y desvirtuar el estigma de ser un condenado. Este aporte, se quedaría corto, si no se complementa con un conjunto de normas que garanticen en forma efectiva todas las incidencias de las etapas de Ejecución Penal, pues si no se otorga a las personas sometidas al encierro, herramientas básicas para ejercer el derecho de defensa, de nada sirve la creación de órganos judiciales ni jurisdiccionales en nuestro ordenamiento penal.
Las concepciones doctrinarias y legales acerca de que la cárcel es el remedio a la delincuencia se encuentra en crisis, ya que como antinomia existe el fenómeno de las cárceles llenas y un crecimiento incontrolado de delincuencia.
Existen doctrinas que justifican el castigo retributivo y otras que explican el castigo abolicionista. De ellas se desprende la consecuencia lógica de que el sistema penal vigente se ha mostrado inadecuado (tanto en teoría como empíricamente) frente a los fines utilitaristas prefijados, ya que las fases legales de la individualización de las penas, legal, judicial y penitenciaria deben permitir la congruencia del sistema penitenciario con la readaptación social. El objetivo en la ejecución penal de los conflictos generales, según el autor alemán Hil de Kaufmann en su obra "Criminología: Ejecución Penal y Terapia Social", en la actualidad se ha generalizado ampliamente en las discusiones sobre problemas de reforma carcelaria, pues poner en contraposición los conceptos de "antigua ejecución de custodia" y de "moderna ejecución de tratamiento" deben entenderse en el sentido que el preso en ejecución de custodia es "custodiado" en forma segura durante el tiempo de detención en el establecimiento penal; en cambio, en la ejecución de tratamiento recibe ayuda para, por lo menos parcialmente, eliminar las dificultades existentes en contra de una vida en común leal a la sociedad. Kaufmann señala que el concepto de terapia no significa entender al delincuente como enfermo (fomentando así su irresponsabilidad) sino que debe ser entendida como ofrecimiento de ayuda para solución de los problemas, posibilitando la vida social común, mediante la mantención de sus normas elementales.

Ejecución Orientada por el Tratamiento.
A este respecto el autor Kaufmann discute tres problemas básicos para el tratamiento siendo:
a) La Ejecución de Tratamiento y Pensamiento Retributivo:
Por decenios de años en la dogmática penal se ha mantenido la disputa alrededor de los fines de la pena y la llamada teoría retributiva de ésta. Para Roxín, la culpabilidad del autor es el fundamento para la individualización de la pena. Sin embargo, el núcleo irrenunciable de esta teoría sólo reside en dos principios: no se puede ir más allá de la medida de la culpabilidad. Por está razón no se puede dar ningún conflicto de objetivos entre la ejecución de tratamiento y el llamado pensamiento retributivo, porque la "retribución" se ha transformado en la teoría del derecho penal de la culpabilidad y de ello resulta que la teoría retributiva deja de tener legitimidad y significación para la ejecución de la pena por carecer de efectividad para los fines de la misma. A este respecto de la teoría retributiva, Kant afirma que si la justicia sucumbe, carece de todo valor que los hombres vivan sobre la tierra. El pensamiento severamente retributivo pone distancia humana entre los internos y los operadores de la fase de ejecución. Quiera la recíproca confianza imponiendo la participación del preso en la terapia y provoca la alineación de los penados penitenciarios en frentes opuestos.
b) Ejecución de Tratamiento y Seguridad y Orden:
El problema parte de dos directrices:
- Por una parte, el pensamiento de seguridad.
- Por otra, el pensamiento de tratamiento.
La seguridad, que lleva inmerso orden -no es un valor en si-		Esto proviene, indudablemente, de su fuerte acentuación, existente en nuestros días de la tradición militar de la ejecución penal. Con eso, surgen rebeliones, agresiones, etc. que van en contra del pensamiento de tratamiento. Sin embargo, no es posible abandonar las reglas racionales del orden, porque incluso se le puede hacer comprender al preso y éste puede ser parte integrante de una ejecución de tratamiento.
La teoría de Prevención Especial coincide en alguna manera con esta teoría pues presenta tres estados especiales dirigidos al aseguramiento a través del encierro al condenado, la intimidación, aplicando penas para ya no delinquir y el mejoramiento en el caso de los reincidentes. En este sentido Maier cita al filósofo griego Platón, que desde su punto de vista analiza el fin de la pena de la siguiente manera: "ningún hombre prudente pena porque se ha pecado, sino para que no se peque".
Para los delincuentes, respecto de los cuales, conforme a todas las experiencias y a su carrera criminal, se llega a la conclusión de que pueden fugarse y que también en libertad perpetrarán nuevamente delitos, no se le puede dar prioridad al pensamiento de tratamiento sino que en primer plano tiene que estar el de seguridad. No se niega el conflicto entre "seguridad" y "tratamiento", pero el problema esencial reside sobre todo, en la mentalidad de los funcionarios de ejecución penal por su elevado recelo, que les lleva a una sobre valoración de la necesidad de seguridad, bajo el supuesto interés propio de que el "delincuente" está bien encerrado.
Ante esto, una transformación de la ejecución penal lleva paralelo un trabajo respecto a la opinión pública, pero más allá, en el sentido de que en relación a todas las decisiones bien "ponderadas" (no para cualquier "laisez-farre" -dejar hacer- y falta de aplicación) hasta las del Ministro, tiene que dársele a la ejecución penal protección en contra de la presión de la opinión pública. Solo entonces los funcionarios estarán dispuestos a cambiar de actitud.
c)Tratamiento igual de todos los presos e individualización:
Kaufmann plantea una situación real respecto del mundo fáctico del establecimiento penal, y señala que una ejecución penal está caracterizada en lo "fundamental por la privación, por ello todos los presos presionan en forma comprensible por tener los mismos derechos, porque, justamente, éstos están tan limitados." Y añade que frente a ello el pensamiento de tratamiento ordena "asignar diferenciadamente a los presos distintas clases de permisos y ventajas y aprovechando que en un establecimiento penal nada permanece escondido, hay que partir de que este conflicto se plantea más claramente mientras más se impone el pensamiento de tratamiento. Una primera ayuda para superar este conflicto reside en hacer consciente su existencia, naturalmente primero de los funcionarios, pero luego también a los presos. Sin cooperación de los últimos no es posible una ejecución de tratamiento. Y donde aparece un montón de conflictos del rol y el aspecto taxativo, resulta claro que se requiere el cambio de determinadas situaciones.
En este ínterin del pensamiento de tratamiento existe un intraconflicto del director (funcionarios Vrs. presos por las medidas disciplinarias o el servicio de policía o el servicio psicológico). Sin embargo, estas expectativas opuestas respecto a la conducta del director se pueden ciertamente echar abajo parcialmente, cuando todos los participantes en la ejecución están conscientes en la cuestión de como ha de ejecutarse el pensamiento de tratamiento o "ejecución moderna" como algunos le llaman.

1.2. Tribunal de Ejecución.
El artículo 51 del C.P.P. nos indica que: "Los jueces de ejecución tendrán a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relaciones, conforme lo establece este Código." Esta nueva institución fue creada por el mecanismo de Judicialización de la Pena, para que ellos vigilen y controlen la consumación de la pena de prisión, por medio de mecanismos concretos que permitan que al recluso se le garanticen sus derechos cuando cumpla su condena.

Integración: 
Según disposiciones que emanan de la Corte Suprema de Justicia mediante acuerdos.

Funciones:
1.-	Revisar el cómputo practicado en la sentencia, con abono a la prisión sufrida desde la detención y determinar con exactitud la fecha en que finaliza la condena.
2.-	Controlar el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario, disponer las inspecciones de los establecimientos penitenciarios que fuesen necesarios, y hacer comparecer ante sí a los penados con fines de vigilancia y control.
3.-	Procurar la atención de aquellos problemas que el penado enfrentará al recuperar su libertad, en lo que fuere posible.
4.-	Resolver los incidentes relativos a la ejecución y extinción de la pena que se le presenten.
5.-	Promover la revisión de la sentencia ejecutoriada ante la Corte Suprema de Justicia cuando surja una Ley más benigna para el condenado.
6.-	Conocer y resolver las solicitudes de libertad anticipada, las revocaciones de libertad condicionada, el pago de las multas que se impongan y la conmutación de las penas.

1.3. Ejecución y Extinción de la Pena:

Ejecución:
a)	Las sentencias penales sólo se ejecutarán cuando estén firmes. Para tal efecto, se ordenarán las comunicaciones e inscripciones correspondientes y el tribunal de sentencia remitirá los autos al Juez de Ejecución.
b)	Cuando el condenado deba cumplir pena privativa de libertad, el juez de ejecución remitirá ejecutoria del fallo al establecimiento donde deba cumplirse. Si estuviere en libertad, ordenará inmediatamente su detención.
Extinción:
De conformidad con el artículo 102 del Código Penal se extinguen de la siguiente forma:
1.-	Por cumplimiento.
2.-	Por muerte del reo.
3.-	Por amnistía.
4.-	Por indulto.
5.-	Por perdón del ofendido en los casos señalados por la ley.
6.-	Por prescripción.

Al extinguirse la pena por cumplimiento el Juez de Ejecución debe promover inmediatamente la libertad del condenado y procurar la atención de aquellos problemas que el penado enfrente al recuperar su libertad.

Trámite:

1.4.	Ejecución y Extinción de las Medidas de Seguridad y Corrección:
--	Cuando sea procedente aplicar por analogía las instituciones de la rehabilitación, conmutación, perdón del ofendido o la aplicación de una ley más benigna, se observarán las siguientes disposiciones:
1.-	En el caso de incapacidad intervendrá el tutor, quien tendrá la obligación de vigilar la ejecución de la medida de seguridad y corrección.
2.-	El juez de ejecución determinará el establecimiento adecuado para la ejecución de la medida y podrá modificar su decisión, incluso a petición del tutor o de la dirección del establecimiento. Podrá asesorarse de peritos que designará al efecto.
3.-	El juez de ejecución fijará un plazo, no mayor de seis meses, a cuyo término examinará, periódicamente, la situación de quien sufre una medida; el examen se llevará a cabo en audiencia oral, a puertas cerradas, previo informe del establecimiento y de peritos. La decisión versará sobre la cesación o continuación de la medida y, en este último caso, podrá modificar el tratamiento o varias el establecimiento en el cual se ejecuta.
4.-	Cuando el juez de ejecución tenga conocimiento, por informe fundado, de que desaparecieron las causas que motivaron la internación, convocará inmediatamente a la audiencia prevista en el inciso anterior. (art. 505 CPP). 

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Documento enviado por: Anónimo.  Estudiante Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Guatemala